Un profundo cráter, como si una bomba hubiese detonado, dejó herida la tierra al costado del río. El paisaje, donde antes hubo árboles y yerba, es ahora un pequeño desierto pedregoso con laguna artificial, formada por agua estancada y desperdicios que contaminan el suelo.
En el centro de esta degradación del ecosistema, hay una estructura metálica abandonada, de tres metros de altura y carcomida por el óxido, que da una pista de lo que sucedió aquí: es un aparato que servía para la extracción, lavado y clasificación del material de arrastre, empleada en canteras y procesos mineros.
Hasta hace dos años, en este lugar se estuvo explotando un título minero pero, según las autoridades, por falta de permisos se suspendieron las obras. La maquinaria cesó de arañar la tierra y dejó las secuelas, que ninguna autoridad ha resuelto recuperar.
Lo particular es que esta situación no ocurre en el Bajo Cauca antioqueño, donde la minería ha degradado 42.000 hectáreas de suelo, según la Secretaría Departamental del Medio Ambiente; ni en el Nordeste, donde hay pueblos de centenaria tradición aurífera, que no quieren vivir de otra actividad que no sea extraer minerales de la naturaleza. No. Este paisaje se puede ver en la vereda Graciano, del municipio de Barbosa, apenas a 50 minutos de distancia en carro desde Medellín.
La minería en el norte del Valle de Aburrá es un fenómeno que viene creciendo en el última lustro. A la par de los títulos legales, autorizados por los gobiernos locales, comenzaron a detectarse actividades de minería informal e ilegal, con el consecuente deterioro ambiental de laderas y riberas.
En respuesta a un cuestionario enviado por EL COLOMBIANO, la Secretaría de Minas de Antioquia explicó que en la actualidad hay 80 títulos mineros vigentes en el área metropolitana, todos concentrados en el norte: 25 en Girardota, 20 en Bello, 19 en Copacabana y 16 en Barbosa (varios de ellos son compartidos, es decir, se desarrollan en dos municipios a la vez).
Además, hay tres subcontratos de formalización minera (dos en Barbosa y uno en Girardota), y 12 solicitudes pendientes de formalización de minería tradicional (la que se realiza de manera artesanal y sin uso de explosivos).
Estos títulos fueron solicitados para la extracción de minerales como el oro y el platino, al igual que arena (arcillosa, feldespática e industrial), recebo (arena con piedra menuda) y grava (roca pequeña). Es importante aclarar, que después de obtener el título minero, los titulares deben reunir más requisitos ante otras autoridades, como la licencia ambiental, permisos de exploración y explotación, y estudios de manejo de aguas.
La sombra de la ilegalidad
Como sucede en otras subregiones antioqueñas, los fenómenos de informalidad e ilegalidad despliegan sus alas en cada sitio donde brille hasta la más pequeña pepita de oro.
El capitán Andrés Henao Hincapié, jefe del Grupo de Carabineros de la Policía Metropolitana, comentó que la extracción de este mineral “se viene registrando con mayor impacto en Barbosa y Girardota, debido a su extensa zona rural y sus afluentes hídricos. La situación ha venido perjudicando el caudal del río Medellín y alterando flora de estos municipios”.
En 2015 se desarrolló la primera operación contra la exploración ilegal de yacimientos en la zona, denominada “Dorado 155”. En mayo de ese año, los Carabineros y la Sijín capturaron a cinco personas en la vereda El Porvenir, de Barbosa, que estaban escarbando oro en un socavón, al cual le habían adaptado una motobomba de aire Lancaster, para llevar oxígeno a las profundidades.
En actualidad, las exploraciones auríferas son artesanales, con palas, bateas y sin uso de explosivos, y a la fecha no se ha detectado la utilización de mercurio en el proceso, una sustancia altamente nociva para la salud.
Los mineros ilegales, según el capitán Henao, actúan en grupos de ocho a diez personas, que recorren el río Medellín en balsas y se instalan en áreas de playa, donde cavan hoyos y crean los socavones; en algunos casos usan dragas. En Girardota, las excavaciones se observan en la vereda El Totumo; mientras que en Barbosa, están en las veredas Graciano e Isaza, principalmente.
“En cuanto a los establecimientos que se dedican a la compra y venta de oro, se identificaron dos lugares en Barbosa que compran el oro extraído de forma ilegal”, aseveró el oficial. Según las pesquisas policiales, un minero informal puede extraer 10 gramos de oro al día de un socavón, en promedio.
A lo que obtienen por el mineral hay que descontar el pago de trabajadores, la canoa, el alquiler de herramientas y demás, incluyendo el riesgo de ser capturado, extorsionado o enterrarse en un socavón junto al río en época de lluvias, cuando hay crecientes súbitas que ponen la vida en peligro.
Como en todos los municipios del Valle de Aburrá, cuando una actividad económica sale a flote, es cuestión de tiempo para que aparezcan las bandas criminales; en este caso, “los Chatas”, una organización de Bello, con redes de extorsión y tráfico de drogas en Medellín, Itagüí, Copacabana, Barbosa y Girardota.
La investigación de Carabineros precisa que esta banda está ejerciendo presión sobre los mineros informales, imponiéndoles una tarifa de cobros según sus funciones, a cambio de dejarlos trabajar y no desplazarlos de forma violenta. Los motoristas, barequeros, buzos y mineros pagan entre $25.000 y $30.000 mensuales.
Los tuqueros (quienes construyen el socavón) pagan $25.000 diarios de extorsión; por cada viaje de balsa les cobran $30.000; y por cada máquina empleada (motobombas para extraer agua o propagar aire), $25.000 diarios.
Quienes se dedican a este oficio también se exponen a ser capturados por explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, que según el Código Penal podría derivar en una condena de 2,6 a 12 años de prisión.
En los últimos dos años, las detenciones se han incrementado, lo que podría significar un aumento sostenido de esta actividad clandestina. En 2018 hubo 30 capturas; en 2019 fueron 37; y en lo corrido de 2020 van 73, es decir, que sin terminar el presente año, ya se superó la sumatoria de los dos anteriores.
De las cifras llama la atención que mientras en los años pasados hubo detenciones en seis localidades del Aburrá, en 2020 todas se concentraron en Girardota y Barbosa.
En cuanto a la maquinaria, desde 2018 se han decomisado 20 motobombas, 10 dragas y tres sopladoras.
Problema social
En la vereda Graciano, donde los ojos sufren al contemplar el citado cráter, se presenta una problemática social aunada a la explotación aurífera.
Recorriendo el margen occidental del río, el subsecretario de Gestión Ambiental de Barbosa, Óscar Posada, narró que desde 2017 comenzó a formarse un asentamiento humano en la ribera, conformado por 70 familias desplazadas del Bajo Cauca y Bello.
“Algunas personas vinieron con los conocimientos de minería, adquiridos en Tarazá y Cáceres, y lo están poniendo en práctica aquí”, expresó.
Un equipo de este diario visitó la barriada de invasión, conformada por ranchos de tabla y algunas casas de ladrillo pelado, con piso de tierra. La comunidad tiene marraneras y criaderos de aves de corral, para su subsistencia.
Algunas viviendas se construyeron sobre la antigua carrilera del ferrocarril, por lo que, si este proyecto de transporte es revivido por la Gobernación, tendrían que salir del sector. Pero esto es lo menos preocupante, pues el terreno va perdiendo estabilidad: de un lado, el río está erosionando el barranco; y del otro, la exploración minera que dejó el cráter, recostó un cúmulo de tierra y rocas cerca de las casas, que por los aguaceros amenaza con deslizarse.
Al frente del asentamiento, en el margen oriental del cauce, está el barrio La Esmeralda, en el casco urbano. Allí se observa uno de los daños más graves.
Los tuqueros han construido varios socavones en la ribera, lo que produjo una fractura del suelo. Justo en ese sitio queda Tablemac, una compañía dedicada al procesamiento de madera. Posada acotó que los huecos hicieron que el terreno cediera, afectando la malla externa de la propiedad.
La empresa, agregó, tuvo que hacer un nuevo cerramiento, pero este podría derribarse si continúan las perforaciones en el subsuelo.
En cuanto al cráter, contó que todavía no es claro a qué autoridad le corresponde recuperar el territorio, por el que pasan una cañada y un gasoducto.
“El porcentaje de frentes de trabajo ilegales supera de manera considerable a las minas con título vigente. Los efectos sobre los yacimientos, los daños ambientales y las pérdidas en materia de regalías, contraprestaciones e impuestos, son incalculables”, manifestó.
Frente a las acciones para mitigar el impacto de la minería ilegal, indicó que en 2020 la Alcaldía ha acompañado a la Policía en 15 operativos; no obstante, advirtió que “en Barbosa no somos enemigos de la minería, solo queremos que se haga de forma responsable. Ya hemos impulsado la certificación en buenas prácticas de 36 mineros artesanales”.
EL COLOMBIANO hizo consultas similares en los demás municipios de la zona. Catalina Ochoa, inspectora para el Control del Medio Ambiente en Bello, informó que en su localidad no han detectado la minería ilícita, aunque en algunas canteras legales se han aplicado sanciones por daños al ecosistema.
En la Alcaldía de Copacabana señalaron que tampoco conocen de este problema en su jurisdicción; y de Girardota, al cierre de esta edición, no habían llegado las respuestas.
La Secretaría de Minas de Antioquia indicó que, por medio de su Dirección de Fiscalización, hace visitas de inspección a los títulos del departamento una vez al año, como mínimo. La dependencia ha recibido ocho solicitudes de amparo administrativo desde 2015, que se presentan cuando el dueño de un título informa que en su predio hay personas realizando minería ilegal.
A pesar de la problemática denunciada, tal parece que a la autoridad ambiental no le están llegando las denuncias.
Al ser consultada sobre el este tema, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) respondió, luego de revisar en sus procesos internos, que “no contamos con explotaciones mineras de oro ilegales en nuestra jurisdicción”. Esto implica que allí desconocen los operativos que la Policía hace en Barbosa y Girardota.
A juicio del Amva, “en los municipios del norte del Valle de Aburrá se cuenta con cuatro explotaciones mineras de materiales de construcción: una en Bello (en etapa de recuperación del área intervenida), dos en Copacabana (canteras) y otra en Girardota, ya casi en su etapa de agotamiento de reservas”.
Esto significaría que, de los 80 títulos mineros vigentes en la subregión metropolitana, apenas cuatro tienen licencia ambiental del Amva.
Es posible que, debido a que tantas autoridades tienen un rol frente a la minería legal e ilegal, haya dificultades de comunicación y vacíos en los cuales no es claro qué entidad debe intervenir. Vacíos tan profundos como el cráter de la vereda Graciano o los socavones que se tragaron un pedazo del predio de Tablemac, en los que, a la vista de todos, siguen trabajando los mineros informales.
10
dragas y 20 motobombas ha decomisado la Policía desde 2018 en el norte del Aburrá.
73
personas ha capturado la Policía en 2020 en Barbosa y Girardota, por minería ilegal.
