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Continúa el problema de los migrantes en el Urabá antioqueño

  • El corregimiento de Capurganá en el municipio de Acandí recibe migrantes que viajan en lancha desde Necoclí. FOTO: Julio César Herrera
    El corregimiento de Capurganá en el municipio de Acandí recibe migrantes que viajan en lancha desde Necoclí. FOTO: Julio César Herrera
21 de marzo de 2019
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El represamiento de extranjeros en las playas de Necoclí continúa empeorando y causando un impacto generalizado en la región. Esa zona del Urabá Antioqueño es camino de migrantes, que cruzan el territorio hasta la frontera con Panamá, para posteriormente seguir su camino hasta los EE.UU.

Sin embargo, en las últimas semanas los habitantes del municipio Acandí, Chocó, han protestado argumentando que sus condiciones sanitarias y de servicios públicos no son suficientes para atender la llegada masiva de migrantes.

Debido a esto, la población civil de la zona tomó la decisión de cerrar fronteras e impedir el paso de los migrantes, quienes se transportan en lancha desde Necoclí hasta Acandí, al corregimiento de Sapzurro o al pueblo de Capurganá, para luego cruzar hasta Panamá.

Esta decisión es la que ha causado que los lancheros suspendan sus actividades y cientos de migrantes estén varados, acampando en las playas y sitios públicos de Necoclí bajo precarias condiciones. Además, el hospital municipal San Sebastián declaró la alerta amarilla hasta que no se resuelva la situación.

Sandra Julio Santos, secretaria de Gobierno de Necoclí, afirmó que el lunes 18 de marzo se realizó un Consejo se Seguridad en el que se logró la participación del municipio en el Consejo de Seguridad Departamental de la Gobernación de Antioquia.

Por su parte, Luis Pérez Gutiérrez, gobernador de Antioquia, explicó que se trasladarán a la zona para “mirar el apoyo que se le puede prestar los migrantes desde el nivel departamental y la ruta de atención a seguir”.

El mandatario explicó que la información más precisa es que son 10 mujeres las que están impidiendo el paso de los migrantes. Además, Pérez recalcó que la retención de migrantes por parte de civiles puede configurar una violación a los Derechos Humanos, por lo que evaluarán la situación en el territorio y adoptarán las medidas correspondientes.

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