Todo el camino legislativo para convertir a Medellín en Distrito de Ciencia y Tecnología avanzaba de manera armónica tras ser aprobada la reforma constitucional requerida. Sin embargo, en la discusión para reglamentarla surgió un “articulito” que tiene enfrentados a Corantioquia y al Área Metropolitana.
El artículo 6 del proyecto de ley para regular el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín determina que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá –Amva– se convierta en autoridad ambiental del área rural en lugar de Corantioquia que tiene la jurisdicción en los cinco corregimientos.
Aunque ambos directores han tratado de debatir con respeto sobre este asunto tan espinoso y niegan la existencia de un trasfondo político, no es ningún secreto que el Área y Corantioquia (como todas las corporaciones autónomas) cumplen un papel clave en el ajedrez político de la región.
De hecho la inclusión de dicho artículo fue tan sorpresivo e inquietante que la directora de Corantioquia, Ana Ligia Mora, asegura que supieron de este ya casi al final de su discusión en el legislativo y solo porque la Asociación de Corporaciones Autónomas –Asocars– les avisó.
En medio de la discusión hay preocupaciones serias como posibles transformaciones de la ruralidad con ajustes del POT del Medellín y un efecto en cadena negativo en el departamento en el cuidado de los recursos naturales.
En diálogo con este medio el director del Amva, Juan David Palacio, defendió la propuesta y aseguró que existen argumentos técnicos que lo respaldan.
Palacio señala, en primer lugar, que el Amva tiene “recursos económicos robustos en razón de la sobretasa ambiental proveniente del impuesto predial”. Estos recursos, apunta, permitirían ejecutar “acciones reales y contundentes por el cuidado del medio ambiente”.
Según Palacio esa garantía para los cinco corregimientos y sus más de 350.000 habitantes es algo que Corantioquia no puede ofrecer actualmente pues al tener jurisdiscción en 80 municipios, su capacidad institucional para atender la ruralidad de Medellín se ve reducida y los recursos los debe usar para apalancar proyectos en otras subregiones.
Apunta como ejemplos que si en la ruralidad se falla en la reglamentación y manejo de una cuenca, situaciones como vertimientos y desbordamientos terminan luego afectando a Medellín y el Valle de Aburrá. O que en caso de tráfico de fauna en la ruralidad es en la ciudad donde se dinamiza ese mercado ilegal. Para enfrentar todos estos escenarios, concluye que tener dos autoridades ambientales, una en lo urbano y otra en lo rural, resulta inconveniente.
Pero su principal argumento es la gestión del riesgo. Palacio resalta que en los cinco corregimientos existen amenazas complejas asociadas al territorio y al cambio climático y que si hoy contaran con la capacidad de monitoreo del Siata se podrían resolver estas dinámicas y tener mayor capacidad de respuesta.
Según Palacio, a lo que apuntan entonces es a llevar la capacidad del Siata: cámaras, sensores, monitores y acompañamiento técnico para mejorar la gestión del riesgo en la ruralidad de Medellín, tal como hoy opera en el área metropolitana del Aburrá.
Asegura que de haber tenido las capacidades técnicas con las que hoy cuenta la zona urbana la tragedia ocurrida en San Antonio de Prado en julio que dejó dos muertos se habría podido prevenir, tal como pudo hacerse en Itagüí a mitad de esta semana al activarse el sistema de alerta temprana en medio de la emergencia por lluvias.
