Las ocho empresas que atendieron el llamado de EPM para recorrer Hidroituango y conocer detalles de la obra, tienen como factor común su extensa experiencia al frente de proyectos de infraestructura estratégicos en varios países.
No obstante, varias firmas acarrean complejos líos contractuales, jurídicos y financieros. Entre estos resalta el caso de Powerchina International, grupo empresarial propiedad del gobierno chino, con presencia en 110 países y conformado, entre otras 105 empresas, por Sinohydro, una de las 10 firmas contratistas más grandes a nivel mundial.
Justamente Sihoydro fue demandada hace menos de dos meses por parte de Ecuador ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, para que responda definitivamente por las fallas de construcción de la represa Coca Codo Sinclair, un proyecto que costó US$2.245 millones y está encargado de abastecer la demanda energética del 30 por ciento del país hasta 2066, de acuerdo al Ministerio de Energías y Recursos Renovables.
Sin embargo, en 2018, con menos de dos años de su entrada en funcionamiento, la Contraloría halló fallos que, según el documento, ponen en riesgo la operación de la casa de máquinas y hasta el colapso de la represa. En la solicitud de arbitraje, el informe habla de 7.000 fisuras en los distribuidores de turbina de la casa de máquinas.
En su defensa, Sinohydro aseguró en 2019 que las fallas señaladas por la Contraloría eran de carácter provisional y aseguró que los materiales empleados en la construcción respetaban lo acordado en el contrato.
La Corporación Eléctrica de Ecuador (Celec) le dio plazo para reparación y mantenimiento de 4 turbinas que debió terminar la empresa este mes y que ahora tiene como plazo máximo noviembre próximo.
En 2017, el Gobierno boliviano, a través de su Ministerio de Ambiente, había denunciado penalmente a Sinohydro por la tala ilegal de 6,7 hectáreas de árboles, con múltiples violaciones a la Ley Forestal, tras lo cual la empresa alegó desconocer la legislación boliviana que transgredió.
También de Bolivia provienen las denuncias en contra de una de las empresas que terminan su visita hoy en Hidroituango: la centenaria firma argentina José Cartellone Construcciones Civiles S.A., señalada —entre otras compañías extranjeras— en 2017 por parte de senadores del partido MAS de múltiples violaciones a las leyes laborales.
La constructora que opera en 14 países latinoamericanos, solicitó el pasado julio a la justicia argentina la apertura de concurso preventivo de acreedores para reorganizar sus pasivos, acosada por los efectos de la pandemia, la disminución de contratos de participación público-privada y por una serie de litigios que cursan en Bolivia, entre estos, por el contrato para construir un tramo de la carretera Muyupampa-Ipati, que la firma no concluyó.
El sindicato de la empresa ha denunciado presiones a los empleados para aceptar retiros voluntarios.
Los propietarios de la firma están además procesados en medio del caso conocido como “Cuadernos de corrupción” que investiga cartelización en obras públicas durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
Adicional a esto, desde hace 10 meses y hasta el próximo mes de noviembre la constructora estará intervenida por la justicia de la Provincia de Mendoza por una disputa accionaria entre los hermanos Marilyn, Gerardo y José Cartellone.
ICA, otrora poderosa constructora mexicana, también acaba de cursar un difícil proceso, y reestructuró exitosamente en 2018 su deuda con acreedores por valor de US$3.500 millones. Con una reorganización accionaria y técnica, ICA cerró varias operaciones para centrarse en la construcción industrial, civil y el modelo concesional de carreteras, cárceles y aeropuertos. Tiene 130 proyectos vigentes en México y otros países.
Por su parte, la firma italiana Webuild (antes conocida como Salini Impregilo), y que es la más antigua de las compañías extranjeras presentes en la visita a Hidroituango (115 años), hace parte actualmente de arbitrajes contra Panamá y otros tres contra Argentina. Por lo demás, hace tres meses firmó el contrato de US$16.000 millones para la construcción de un tren de alta velocidad entre Texas y Houston.
