Ante el aluvión de anuncios y propuestas con las que el presidente Gustavo Petro ha trazado la hoja de ruta que planea para las regiones, los mandatarios locales –incluso los que están en orillas políticas opuestas– han salido a respaldar las iniciativas y mostrar su disposición para sacarlas adelante.
Pero, paradójicamente, el alcalde Daniel Quintero –quien figura en la planilla como aliado de primer renglón del mandatario– ha tomado decisiones que van en contravía con las directrices de Petro y que refuerzan la distancia marcada por el presidente con el mandatario. Tres hechos concretos, ocurridos en el último mes, así lo evidencian.
1. Quintero dice no a la gestión del riesgo
El pasado 16 de agosto, el alcalde Quintero le respondió un requerimiento hecho a la comunidad del barrio El Pacífico, indicando la administración no asignó plata en el Plan Operativo Anual de Inversiones (Poai) para ejecutar la obra pública por $6.000 millones que necesitan en dicho sector de la comuna 8 para reducir el riesgo y no salir de allí amenazados por los peligros de la zona, tras la avenida torrencial que puso en riesgo decenas de familias en 2020.
El Pacífico ha abanderado la movilización de las comunidades que habitan las laderas, tratando de visibilizar las necesidades de estos territorios y sus habitantes. Un estudio del Dagrd entregado hace cuatro meses determinó que para que la montaña no se les venga encima y el barrio no tenga que salir desplazado, la Alcaldía tiene que ejecutar obra pública de reducción de riesgo por dicho valor.
Para el Movimiento Laderas de Medellín, la decisión de la Alcaldía confirma su falta de compromiso con la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático.
La negativa de Quintero contrasta con las órdenes recientes de Petro a los alcaldes para que prioricen y aceleren planes de gestión del riesgo, por los 3 meses próximos en los que, según el Presidente, se prevé una cruda segunda temporada de lluvias e inundaciones, incluso peor a la devastadora de 2010 que dejó 3 millones de afectados y 415 muertos en el país.
2. Golpe a los procesos comunitarios
Con una maniobra administrativa, la Alcaldía pidió el pasado viernes 12 de agosto el desalojo de la sede que ocupa hace 35 años la Corporación Picacho Con Futuro, una de las organizaciones más emblemáticas de la ciudad que desde la más violenta época de Medellín se volcó a combatir la pobreza, la violencia, la drogadicción y las barreras para acceder a educación.
La Alcaldía argumentó que la Corporación “violó” las reglas del comodato en el que estaba el lote donde construyeron su sede al montar un café que les ayuda a costear gastos y amagar las afugias económicas. Según la Alcaldía, al usar el inmueble “con fines económicos” debía entregarlo.
Detrás de este argumento, que a todas luces asoma baladí, existe una presunta retaliación de Quintero por la postura crítica que ha asumido la corporación ante la actual administración.
Tampoco es un hecho aislado. Hace ocho meses, la Alcaldía pidió el desalojo de Tallerarte, otro proceso artístico y comunitario exitoso en la ciudad, de lo cual se retractó tras la presión mediática y el rechazo de cientos de organizaciones.
También ahora, tras las protestas incluso de congresistas del Pacto Histórico, como Luz María Múnera, la administración Quintero dijo estar dispuesta al diálogo, algo que, sin duda, pudo haberlo hecho desde el inicio sin socavar la estabilidad y dignidad de esta organización.
Estos actos que ha emprendido Quintero contra estas y otras organizaciones comunitarias contradicen la solicitud directa que hizo Petro a través de su bancada del Pacto. Así lo señaló el senador Iván Cepeda, quien manifestó que la instrucción del mandatario es destinar las “mayores energías a fortalecer las organizaciones comunitarias y los movimientos sociales”.
En medio del copioso apoyo que recibió la corporación, decenas de organizaciones señalaron que estas decisiones, aun cuando luego las revierta, demuestran una predisposición a desconocer los tejidos sociales que han llevado esperanza a los barrios que solo conocían oscuridad.
3. La ruralidad está diezmada
Una nueva era para la ruralidad y el campesinado. Esa promesa atraviesa todo el plan de gobierno del presidente Petro. Para cumplir con su parte en medio de este gran objetivo, la administración Quintero tendrá que revertir sus propias acciones respecto a la situación de los corregimientos.
Hace poco más de un mes los integrantes de la Junta de Administración Local de San Sebastián de Palmitas le enviaron una carta de 15 páginas a Quintero en las que detallan el abandono estructural en el que se encuentran sus 8.500 habitantes, con el programa de salud en absoluta crisis, el colegio en ruinas, sin cupos suficientes para el PAE, con las vías desechas y con el campo atrofiado por la falta de apoyo para insumos, sistemas de riego y recursos para garantizar una economía campesina.
La Alcaldía, a través de la EDU, no ha sido capaz de cumplir con la entrega de un trapiche comunitario. La realidad se repite en los otros cuatro corregimientos donde habitan 336.000 personas, el 13% de la población total de Medellín.
Según Medellín Cómo Vamos, el promedio anual de inversiones per capita en los corregimientos durante 2020 fue inferior a todos los años anteriores desde 2008, salvo en el caso de San Antonio de Prado, que tuvo un leve aumento.
Para la vigencia 2022, la Alcaldía distribuyó en el Plan Operativo Anual de Inversiones (Poai) $43.595 millones para los cinco corregimientos, una inversión que se queda corta teniendo en cuenta que al alcanzar las tres cuartas partes de su período, la administración Quintero tiene altas deudas con la ruralidad, respecto a las promesas que hizo en su plan de desarrollo.
