Yeni Usme para de barrer y deja caer su existencia sobre el palo de una escoba. Descarga su mentón, desconsolada, sobre esa vara que parece una réplica de su estatura. En un espacio que es cocina, comedor, sala, habitación y taller de costura, la acompaña una emulación en barro de la Virgen del Carmen. A esa figura le encendió una veladora que, intermitente, ilumina sus facciones lastimeras. A dos pasos hay un cementerio, el San Andrés, de Bello. Yeni —y por lo menos 50 familias— han invadido sus zonas verdes. La Alcaldía, hasta el momento, no tiene una solución.
Son las 10:00 de la mañana. La casa de los Santos Usme huele a chocolate. Los hijos, que son tres, y los nietos, que son dos, están ausentes. Igual el esposo; el señor Juan Manuel Santos. Entonces, sin vacilar, Yeni lanza una afirmación socarrona que retrata lo que allí ocurre: “Somos dizque la familia presidencial de El Chagualo. Él es Santos, como el expresidente, y yo la primera dama. Pero mire, usted, la situación en la que estamos. ¡Llevados!”.
El Chagualo es el nombre que le pusieron al asentamiento que se expande alrededor de un cementerio en el sector Niquía Los Ángeles, sobre la diagonal 63 con la 49, en Bello. Las edificaciones que allí levantaron son irregulares, según la Alcaldía, por lo que la semana pasada tuvo lugar un operativo con el que se instó a las familias a desalojar la zona de una vez por todas.
“La intervención fue en las zonas verdes del cementerio, espacio que está siendo utilizado para construir locales y viviendas”, dice la secretaria de Seguridad, Daniela Ortega. En la intervención una estructura proyectada para seis locales comerciales fue demolida. Sus escombros permanecen en la zona; son ahora el “jardín” del barrio y del campo santo.
Lo que esgrime la Alcaldía es que esta fue la quinta vez que se intervino el sector, donde también se ejecutan loteos ilegales. Los habitantes de El Chagualo reconocen que el barrio no está formalizado y que el terreno no les pertenece. Alegan, sin embargo, no tener adónde ir. Se refugian en los simbolismos: en las banderas de Colombia, izadas en cada rancho para que “no entre la autoridad”; y en los ángeles blancos, tocando trompeta, que custodian el cementerio.
Un drama colectivo
Yeni es vecina de los Moreno Cano, un matrimonio compuesto por una mujer costeña y un paisa proveniente del Eje Cafetero. Ellos, Lucelly y Cristian, cuentan que los predios que hoy reclama el Municipio fueron un terreno baldío durante los últimos 20 años. “Esto era un violadero de mujeres, una zona de vicio, algo muy inseguro”, sostiene Cristian.
Los Moreno Cano han vivido diez años en Bello, pero hace uno vieron la oportunidad de dejar de pagar arriendo y conseguir casa propia. Lucelly cuenta cómo terminaron en un predio de invasión: “se dio la oportunidad: no teníamos casa, pagábamos arriendo. Y así son todos acá: aguateros, albañiles, costureros”.
La zona, que según la Alcaldía soporta 15 edificaciones irregulares, está acordonada por una lona negra. Sobre ella reposan oraciones y palabras escuetas: “no al desalojo”; “Acción Comunal presente”; “Derechos humanos”. El pedido, en palabras de los Moreno Cano, es preciso: “Vivir gratis no queremos; lo que buscamos es que nos legalicen, que nos pongan a pagar impuestos. ¿Zona verde? Esto era un rastrojero”.
Los vecinos insisten en que la Alcaldía llegó de imprevisto y, entre el martes y el jueves pasados, demolió a mano y con máquina todo lo que fue posible. “No les importó que hubiera gente en las casas. ‘Vamos a tumbar’, dijeron. ¿Cómo van a tumbar si aquí hay gente, niños, abuelos? Nos rebotamos. Eso fue un atropello”, dice Yeni.
Las otras voces
La versión de Ortega es que el aviso ha sido reiterado por lo que el operativo de Espacio Público no fue sutil. “En la zona del cementerio es la quinta vez que intervenimos. Esta vez llegamos con maquinaria amarilla para demoler lo más pronto posible los locales”, expresa.
El parte lo confirma Milton Márquez, quien es responsable del mantenimiento del campo santo. Dice que aunque el cementerio funciona con normalidad, no es la primera vez que a sus vecinos les “jalan las orejas” por invadir esos lotes. “Había tres entradas, pero a medida que fue creciendo la invasión hubo que cerrarlas. Ahora al cementerio le queda una, sobre la 63, que es la que usa la gente”.
Las soluciones para quienes invadieron lucen exiguas. Agrega la funcionaria Ortega que lo que dicta la norma es recuperar el espacio público perdido y devolverlo a la ciudadanía. Eso, hasta que el nuevo Gobierno redireccione la política en este sentido. “Estamos a la espera de las directrices del Gobierno Nacional sobre este tipo de invasiones. No puedo decir que vamos a legalizar, porque no tenemos herramientas jurídicas”.
La única certeza de Yeni, Lucelly y Cristian es que deben presentarse en la Casa de Justicia del barrio para tramitar la situación. Lo que dicen es que tendrán que tirarse a la calle y buscar techo debajo de un puente si los sacan de El Chagualo. Eso a Yina, con su existencia contenida sobre el palo de una escoba, le parece inconcebible. Espera que la Virgen del Carmen le ayude a limar asperezas con sus vecinos, quienes duermen el sueño eterno en el campo santo de San Andrés.
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