La llegada de por lo menos siete camionetas, tres busetas, dos buses y dos jaulas de la Policía Nacional a la estación de Turbo generó alarma entre los migrantes cubanos que permanecen en un albergue cerca al puerto de ese municipio.
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A través de la oficina de prensa de Migración Colombia, funcionarios de esa entidad informaron en la mañana de este martes, que aún no hay operativos en marcha, pues están a la espera de un fallo judicial que les permita ingresar a la bodega donde están albergados. Sin embargo al mediodía llegaron varios policías hasta el albergue.
Alex Artiles, vocero de los migrantes ilegales, aseguró que los uniformados les dijeron que tenían 24 horas para abandonar el país. “Llegaron atemorizándonos y sin ningún documento judicial que respalde lo que dicen”, declaró.
El líder de los migrantes calculó en 300 el número de hombres que llegaron a la estación de Policía y dijo que su ingreso se vio frustrado por la llegada de la Defensoría del Pueblo que programó una reunión con las autoridades policiales y civiles para la tarde del martes.
Artiles, además, dio la orden a sus compatriotas de no salir del albergue, a donde las autoridades no pueden ingresar sin orden judicial. Y en la mañana de este martes él mismo acudió a las oficinas de la OEA y la Organización Internacional para las Migraciones en Antioquia para “denunciar la violación de los derechos humanos en contra de nosotros”, agregó.
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El coronel Ferney Forero, comandante encargado de la Policía de Urabá, explicó que al municipio sí llegaron varios apoyos, pero se negó a dar una cifra exacta, argumentando que sólo Migración Colombia podía entregar datos sobre el operativo.
“Esta actividad que se va a desarrollar la hace Migración Colombia, la Policía solamente hace acompañamiento. Estamos pendientes de una reunión con ellos para determinar qué es lo que se va a desarrollar”, indicó el Coronel Forero.
Hace algunos días el director de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento, había dicho que una vez estuviera listo el fallo judicial, se elaboraría el acto administrativo para la deportación.
“Entendemos la compleja situación que están viviendo estas personas al interior de la bodega. Nuestro interés siempre ha sido velar por la integridad de las personas, más allá de su nacionalidad o su condición migratoria. Por ello, al momento de ingresar a la bodega solicitaremos el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - Icbf, con el fin de garantizar que nuestros procedimientos estén acorde a la legislación colombiana y garanticen el respeto a los Derechos de los extranjeros”, había dicho Krüger.
Según cifras oficiales de la autoridad migratoria, en los últimos dos meses más de 5.800 migrantes irregulares fueron deportados. En su mayoría se trataba de ciudadanos haitianos.
La Defensoría del Pueblo informó que en Turbo hay 1.273 migrantes; pero los voceros aseguran que la cifra real asciende a 4.000 personas, incluyendo 300 niños y 54 mujeres en embarazo.
