Por lo menos 15 proyectos que esperan $4 billones están en riesgo de quedarse estancados por cuenta de los controvertidos cambios que el gobierno del presidente Gustavo Petro implementó al liquidar el presupuesto nacional que regirá en 2024.
La alerta fue lanzada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien en un duro pronunciamiento acusó al gobierno central de estar usando un “látigo castigador” contra la región, al dejar en el limbo varias obras que ya contaban con recursos asignados de vigencias futuras.
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“Lideramos la penosa lista en la que el Gobierno Nacional le da la espalda a los proyectos estratégicos que significan dignidad, competitividad y productividad para nuestro departamento. Ese látigo castigador deja a los antioqueños sin $4 billones para el desarrollo de 15 proyectos de infraestructura”, expresó Rendón.
Además del metro ligero de la 80, dentro de la lista proyectos mencionada por el gobernador Rendón aparecen todas las obras viales importantes que se ejecutan en el departamento, cuyo mantenimiento o conclusión estaría en vilo, como es el caso de Pacífico 1, Pacífico 2, Pacífico 3, Mar 1, Mar 2, Magdalena 2 , Autopistas del Nordeste, Autopistas de Urabá, Conexión Norte y, sobre todo, el Túnel del Toyo, que pese a avanzar en un 88,3% en la obra que corresponde a la Gobernación y la Alcaldía, aún tiene pendiente un importante tramo a cargo del Invías, que de no hacerse dejaría a la obra convertida en un elefante blanco.
Dentro de esa lista de obras, la situación más crítica está en el metro ligero de la 80, que según advirtió también el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, está a la espera de pagos por $483.135 millones desde Bogotá para este año.
“Respetuosamente solicitamos, nos brinden todas las claridades necesarias sobre lo que está pasando realmente con el presupuesto de la Nación y la manera cómo pueden ser realmente afectados o no los aportes para la vigencia 2024 para el proyecto Metro Ligero de la Avenida 80 en Medellín, de modo que podamos dar, de ser posible, un parte de tranquilidad a todos los actores involucrados en la ejecución del proyecto”, escribió Gutiérrez en una carta enviada al presidente Petro y al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
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Aludiendo precisamente a la incertidumbre por la destinación de las vigencias futuras, Gutiérrez señaló que un agravante en el caso del metro ligero es que la obra ya está en ejecución y con sus contratos firmados, lo que podría derivar en más enredos legales si se desfinancia.
El punto más sensible consiste en que en dicho documento, una partida de $13 billones no fue desagregada por proyectos y obras específicas, lo que abriría la puerta para que dichos recursos sean destinados al libre arbitrio del gobierno Petro y dejando en el limbo proyectos que ya están en curso.
Aunque desde el ejecutivo funcionarios como el ministro Bonilla han argumentado que se trataría de un ejercicio de “priorización”, para voces críticas la movida no sería más que la creación de un mecanismo que permitiría utilizar los recursos de la Nación como si se tratase de una caja menor.
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“El asunto no es tan inocente. Parece haber un intento de priorización problemático que llevaría al incumplimiento de algunos compromisos del Estado colombiano, esto es, un intento de darle mayor poder discrecional al presidente de manera arbitraria, contra las normas”, planteó por ejemplo el exministro de Educación Alejandro Gaviria.
En su carta enviada al Gobierno Nacional, Gutiérrez alertó también de dos problemas que se anticipan en el paisaje en caso de que esa incertidumbre persista.
La primera de ellas consiste en que el Metro de Medellín, entidad que quedó a cargo de la gestión del metro ligero de la 80, tendría dentro de sus previsiones solicitar el desembolso de los recursos para esa obra para junio próximo, con el objetivo de ahorrarle a las arcas públicas cerca de $9.532 millones por concepto de intereses.
No obstante, la alerta más grave consiste en que, en caso de no honrarse los compromisos de la Nación, se pondría en riesgo el contrato de crédito con el que se financia la obra, dado de que una de las condiciones que quedaron en la letra menuda del mismo fue que la ciudad debía garantizar que el convenio de cofinanciación no tenga problemas.
“La no especificación de los recursos antes mencionados el decreto de liquidación del presupuesto general de la nación podría poner en riesgo la ejecución del contrato de crédito puesto que, dentro de los requisitos para acceder a los desembolsos, se estableció que la empresa debe declarar y garantizar que no existen ni existirán eventos de incumplimiento en el marco del convenio de cofinanciación”, expresó Gutiérrez en su carta.
A nivel departamental, además del metro de la 80, esas maniobras presupuestales también pondrían en vilo la ejecución muchas más obras, entre las que se destacan las autopistas de cuarta generación.
En un tono más duro, el gobernador Rendón señaló que, en caso de que la incertidumbre financiera persista, la Nación debería cederle los proyectos a los gobiernos locales.
“Entréguenle al departamento esas vías, esas obras, y nosotros ya buscaremos como sacarlas adelante. Si no dejan trabajar, por lo menos dejen hacer. Este es el látigo chocante y castigador, fastidioso, del centralismo”, dijo el gobernador.
