Hay dudas y preocupación alrededor del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Medellín porque está en juego la alimentación de 230.000 niños para los años 2022 y 2023. Esta vez, el problema tiene que ver con la contratación de los operadores, es decir, de quienes prepararán la comida.
Resulta que la Alcaldía de Medellín, a través de Colombia Compra Eficiente, abrió una licitación pública para adjudicar a los contratistas que prestarán el servicio los próximos dos años. Así se abrieron dos procesos: uno, para brindar almuerzos calientes y otro para comida caliente. En total, son $250.000 millones dispuestos, con vigencias futuras, para el periodo en mención.
Ahora bien, la licitación pública se oficializó el 26 de octubre y el plazo era hasta el 10 de noviembrel; los interesados debían presentarse en ese lapso.
Sorpresivamente, pues se trata de un contrato cuantioso, solo se presentó la empresa Alirio Gómez Servicios de Alimentación, que este año tuvo contratos del PAE. Para cada uno de los procesos debía postularse, según lo exigido por Colombia Compra Eficiente, dos aspirantes como mínimo. Así las cosas, la licitación se declaró desierta, por lo que surgieron las dudas y se prendieron las alarmas.
Bernardo Alejandro Guerra, exconcejal de la ciudad, se preguntó en una columna de EL COLOMBIANO qué iba a pasar con la contratación del PAE: “¿Será adjudicado de manera directa o a dedo por Daniel Quintero a sus aliados?”.
También desde la Veeduría Todos por Medellín se formularon algunas preguntas sobre el tema. Desde allí se cuestionaron si, luego de declarar desierta la licitación, la Alcaldía podría cambiar la forma de contratación. La alerta, en específico, es que se haga una contratación directa y se termine contratando “a dedo”.
Según versiones conocidas por este medio, la oferta no es llamativa porque se hizo bajo la modalidad de Acuerdo Marco de Precio. Es decir, al contratista no se le da la seguridad de prestar el servicio por los dos años establecidos sino que, cada tanto, se abren ofertas de compra. Entonces, tiene que entrar a pelear para que estas órdenes se le adjudiquen.
La cosa es que, pese a no tener seguridad sobre la contratación, durante los dos años debe mantener los requisitos exigidos. Entre ellos, por ejemplo, está que debe mantener una bodega de almacenamiento a no más de 30 kilómetros del Valle de Aburrá. Lo anterior sería un desincentivo y una de las causas para que la licitación se declarara desierta.
EL COLOMBIANO indagó a la Alcaldía de Medellín sobre el asunto y esta explicó que la razón por la cual se presentó solo un oferente tiene que ver con que el cronograma para la licitación se adelantó ocho días de lo establecido, lo que habría dejado sin tiempo a varias empresas. El movimiento de la fecha fue hecho por Colombia Compra Eficiente.
EL COLOMBIANO consultó a Colombia Compra Eficiente para conocer su versión sobre el tema, pero al cierre de esta edición no fue posible obtenerla.
En su respuesta, la Alcaldía agregó que no se haría una contratación directa, como algunos han dicho con preocupación, sino que las secretarías de Suministros y Servicios y de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos estructurarán una nueva licitación pública.
Acá hay otro pero. Se supone que la contratación debe estar lista en febrero; si se hace un nuevo proceso, se corre el riesgo de que los tiempos no alcancen para asegurar el servicio. Preocupa que, por problemas en la contratación, los niños beneficiarios terminen desatendidos.
Frente a este tema, la Alcaldía respondió que el nuevo proceso estará listo en diciembre. En cuanto a las fechas, advirtió que un retraso en la contratación no desencadenaría en que se dejen de dar los alimentos a los niños.
“Teniendo en cuenta dichos tiempos, la ejecución del PAE se garantiza desde sus inicios con adición y ampliación de contratos de vigencia 2021 hasta mediados del mes de marzo, tiempo en el cual se garantiza la continuidad del programa sin interrupciones”, reza la contestación.
O sea, a los contratistas actuales se les pueden hacer adiciones mientras se ajusta el proceso contractual para el periodo 2022-2023.
Jorge Beltrán, experto de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales, ratificó que no es posible cambiar los términos para hacer una contratación directa: “En la Ley 1150 de 2007 se eliminó la posibilidad de adelantar una contratación directa luego de declarase desierta la licitación pública. Legalmente no hay manera de hacerlo. Deben sacar una licitación pública nuevamente”.
Los líos de este año
Las alarmas en la contratación del PAE vienen desde la adjudicación del programa de este año, mediante el cual se buscaba seleccionar el contratista que prestara el servicio para la atención alimentaria a la población escolar (más de 220.000 niños y niñas).
Las condiciones contractuales eran sustancialmente distintas a las que se habían exigido en las contrataciones anteriores. Entre otros cambios, se flexibilizó el requisito de la experiencia, en la medida en que se admitieron contratos en ejecución con la misma administración.
Con el objetivo de asegurar la transparencia en el proceso de contratación, la veeduría Todos por Medellín solicitó en diciembre de 2020 a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación el control preventivo. La Contraloría respondió que no podía hacer acompañamiento a ese proceso porque solo tenía personal para darles prioridad a contratos relacionados con la pandemia.
La preocupación no era menor, porque empresas participantes en el proceso para 2021 señalaron que se redujeron los criterios de calidad en la experiencia específica, porque tal como quedó no garantizaba la idoneidad de todos los participantes, toda vez que no se exigía experiencia en programas de alimentación escolar.
“Pueden tener experiencia en otros servicios de alimentación en programas sociales (como hospitalaria o entrega de ayudas humanitarias como las del inicio de la pandemia). Pilas aquí con los oferentes que nunca han ejecutado el PAE, pero que están interesados en este proceso”, afirmó la veeduría en su momento.
El 4 de enero se cumplió el plazo para que los interesados presentaran ofertas (eran tres ganadores porque el contrato se dividía en tres lotes). Tres uniones temporales y una empresa se presentaron y ninguno de ellos cumplió todos los requisitos exigidos.
¿Qué se evaluaba para seleccionar a los contratistas? Una serie de requisitos que se agrupaban en cuatro ítems: criterios jurídicos, verificación técnica y experiencia, capacidad financiera y de organización y criterios adicionales.
Los oferentes tenían hasta el 15 de enero para hacer observaciones y presentar la documentación para subsanar los requisitos pendientes para que la propuesta quedara habilitada. Finalmente, la audiencia de adjudicación fue el 25 de enero.
Con este panorama no es claro si la nueva adjudicación tendrá retrasos como sucedió este año; cuánto tardará la estructuración de la nueva licitación y si esta vez sí habrá empresas dispuestas a operar el PAE y que cumplan los requisitos .
