El proyecto hidroeléctrico de Ituango, que desde hace una década promete suministrar el 17% de la demanda energética nacional, mantiene en ascuas al país tras la emergencia de 2018. Esa crisis, que dejó a la central al borde del colapso y con retraso de al menos cuatro años, obligó al Gobierno a tomar cartas en el asunto para espantar los fantasmas de un apagón.
En febrero de 2019 se realizó una nueva subasta de cargo por confiabilidad que tenía como objetivo garantizar el suministro de energía así Hidroituango tuviera retrasos adicionales. Ese colchón de la subasta alcanza hasta 2023, por eso, si las turbinas del proyecto no se encienden a finales de 2022, como se tiene previsto, el sistema energético nacional quedará al límite.
Dentro del análisis de oferta y demanda de energía en firme —es decir, con la que se cuenta en los momentos complicados cuando hay temporadas climáticas extremas— no hay por ahora posibilidad de un apagón porque la demanda está cubierta.
Esto lo confirmó ayer Diego Mesa, ministro de Minas y Energía, quien explicó que el balance energético se hace de manera periódica y por eso, en caso de que se materialice un retraso adicional en Hidroituango, evaluarán si es necesario hacer una nueva subasta.
La Asociación Nacional de Empresas Generadoras había hecho esa propuesta hace un mes, al sugerir que si el colchón se sigue apretando por Hidroituango, el Gobierno debería convocar una nueva subasta por cargo por confiabilidad para que se ataque de frente la preocupación latente por los interrogantes que aún plantea este proyecto.
