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Si las obras se paralizan e Hidroituango no entra en 2022, ¿hay riesgo de racionamiento en el país?
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Cuando entre a operar con sus ocho unidades y genere 2.400 megavatios, el proyecto hidroeléctrico generará el 17% de la energía del país. Eso es lo que está en vilo. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
El proyecto hidroeléctrico de Ituango, que desde hace una década promete suministrar el 17% de la demanda energética nacional, mantiene en ascuas al país tras la emergencia de 2018. Esa crisis, que dejó a la central al borde del colapso y con retraso de al menos cuatro años, obligó al Gobierno a tomar cartas en el asunto para espantar los fantasmas de un apagón.
En febrero de 2019 se realizó una nueva subasta de cargo por confiabilidad que tenía como objetivo garantizar el suministro de energía así Hidroituango tuviera retrasos adicionales. Ese colchón de la subasta alcanza hasta 2023, por eso, si las turbinas del proyecto no se encienden a finales de 2022, como se tiene previsto, el sistema energético nacional quedará al límite.
Dentro del análisis de oferta y demanda de energía en firme —es decir, con la que se cuenta en los momentos complicados cuando hay temporadas climáticas extremas— no hay por ahora posibilidad de un apagón porque la demanda está cubierta.
Esto lo confirmó ayer Diego Mesa, ministro de Minas y Energía, quien explicó que el balance energético se hace de manera periódica y por eso, en caso de que se materialice un retraso adicional en Hidroituango, evaluarán si es necesario hacer una nueva subasta.
La Asociación Nacional de Empresas Generadoras había hecho esa propuesta hace un mes, al sugerir que si el colchón se sigue apretando por Hidroituango, el Gobierno debería convocar una nueva subasta por cargo por confiabilidad para que se ataque de frente la preocupación latente por los interrogantes que aún plantea este proyecto.
Los compromisos de EPM
Hidroituango tiene una contrarreloj que no admite otro revés. Al irse posponiendo su entrada en operación por las consecuencias que dejó la emergencia de hace tres años, el cronograma acumuló todos sus compromisos para 2022.
El 24 de junio vence el plazo del último hito constructivo pactado en el Boomt, que fue el contrato que en 2011 obligó a EPM con la Sociedad propietaria del proyecto, y en la que la Gobernación es socia mayoritaria con 52,8% de participación.
Por el incumplimiento de otros tres hitos de ese contrato fue que se activó el tribunal de arbitramento ante la Cámara de Comercio con reclamaciones millonarias en contra de EPM. Pero la fecha crucial es el 1 de diciembre de 2022, cuando vence el compromiso vigente de la futura central ante la Creg, adquirido hace nueve años.
El retraso que generó la emergencia de 2018 hizo acreedor a EPM de una multa por 43 millones de dólares, además de una sanción en primera instancia de la Superservicios por $1.817 millones.
En una comisión del Congreso este mes se conoció que un posible retraso en la obra que no permita la generación de energía para 2022, implicaría pérdidas para EPM por 310 millones de dólares: 190 millones de dólares que debería pagar en garantías, y otros 120 millones de dólares que dejaría de recibir
