La accidentada pavimentación de la vía entre Medellín y Quibdó, que desde 2009 ha sido uno de los principales dolores de cabeza del Gobierno Nacional, fue una de las afectadas por el escándalo de Centros Poblados, el caso que sacudió el año pasado al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Mintic) por irregularidades en un contrato para llevar internet a las escuelas rurales del país.
Pese a acumular inversiones por cerca de un billón de pesos durante la última década, la intervención de esta vía quedó atrapada en medio de un complejo enredo administrativo del que apenas comienza a zafarse el Instituto Nacional de Vías.
Una suspensión ordenada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y una cesión que no logró concretarse el año pasado hacen parte de los componentes del lío que tiene frenada desde septiembre pasado la promesa de rehabilitar esa conexión, la más importante de Chocó con Antioquia y el resto del país.
Una deuda histórica
Los esfuerzos para pavimentar ese corredor se remontan a 2009, cuando la Nación adjudicó la primera concesión por $138.957 millones para rehabilitarlo, estimando entonces que los trabajos estarían concluidos antes de 2018.
Pese a esa primera inversión, las obras nunca han podido ser concluidas, lo que ha llevado a la Nación a invertir más recursos. Según el Instituto Nacional de Vías (Invías), los contratos recientes más importantes fueron tres, por un valor cercano a los $603.000 millones.
Dentro de ese paquete, el contrato que se volvió un dolor de cabeza fue uno firmado el 28 de diciembre de 2017, para rehabilitar el tramo de esa vía entre los sectores de El Siete y El Doce, por un valor de $117.631 millones y un plazo de ejecución estipulado hasta el 31 de diciembre de 2022.
Fue en medio de esa ejecución que en agosto del año pasado estalló el escándalo de Centros Poblados, cuando salió a la luz pública que la unión temporal de ese nombre presentó tres pólizas falsas para quedarse con un contrato con el que Mintic buscaba llevar internet a las escuelas rurales del país.
Cabe recordar que la Unión Temporal Centros Poblados estaba conformada por cuatro empresas: Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación; Intec de la Costa S.A.S.; ICM Ingenieros S.A.S. y Omega Buildings Constructora S.A.S.
Todas ellas, sancionadas con la inhabilidad para contratar con cualquier otra entidad del Estado, luego de que el Mintic declarara la caducidad del contrato y varios organismos de control, como la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación, abrieran procesos en su contra.
En el caso del Invías, esas duras sanciones se tradujeron en la suspensión de varios contratos de infraestructura que ya estaban activos con ese grupo de empresas.
En el contrato de la vía entre El Siete y el Doce, el problema se dio por cuenta doble, ya que el consorcio a cargo de la obra, identificado como Vías para el Chocó, estaba conformado por dos empresas salpicadas: ICM Ingenieros S.A.S. (con el 50%) e Intec de la Costa S.A.S. (con el 20%).
En una carrera contra el reloj, el director del Invías, Juan Esteban Gil, aseguró en agosto pasado que el instituto esperaba ceder antes del fin de ese mes el convenio, buscando que el cronograma de las obras no se viera afectado.
“Tienen plazo hasta el 25 de agosto para hacerlo”, dijo entonces Gil Chavarria, en declaraciones entregadas el periódico El Tiempo.
Tal como puede leerse en los documentos anexos al contrato, que reposan en el Secop, aunque el 4 de septiembre el consorcio Vías para el Chocó le entregó al Invías una solicitud formal para que le permitiera ceder el contrato, esa acción nunca pudo concretarse por cuenta de unas medidas cautelares decretadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 13 de septiembre de 2021.
Ese freno quedó en firme un día después, el 14 de septiembre, cuando el Invías firmó un acta de suspensión acatando la orden del tribunal.
El congelamiento del contrato dejó la pavimentación en un callejón sin salida, ya que, a causa de la suspensión, entregar la obra a nuevas manos se volvió imposible.
Intentando saldar ese obstáculo, el Invías envió un memorial al Tribunal pidiendo levantar de forma provisional las medidas cautelares y argumentando que su único fin era poder hacer la cesión de los contratos.
Aparte de la vía a Chocó, otras dos obras quedaron en el mismo escenario: la pavimentación de la vía Paleterá, entre Cauca y Huila, y la recuperación de la vía entre Altamira y Florencia, también entre esos dos departamentos.
En diálogo con EL COLOMBIANO el pasado 30 de marzo, el director del Invías precisó que de un total de 54 kilómetros que han sido priorizados recientemente a través de los últimos tres contratos firmados, solo faltaba por pavimentar 17 kilómetros.
“El contrato iba en un 36% de avance. Nos faltaban por ejecutar $75.000 millones. Una vez se levante la suspensión esperamos hacer la cesión y seguir con la ejecución de la obra”, dijo entonces Gil.
Aunque desde entonces ese instituto ha evitado hacer pronunciamientos públicos sobre el tema, EL COLOMBIANO pudo conocer que el pasado 28 de marzo el Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió levantar por 10 días la suspensión que tenía frenado el contrato, a través de una providencia firmada por la magistrada Claudia Elizabeth Lozzi Moreno.
“La suspensión de la medida cautelar es provisional, solo con el fin de que se realice la cesión de los contratos por el término otorgado, y una vez, transcurrido dicho tiempo, nuevamente los contratos continuarán suspendidos”, aparece en la providencia.
Tras esa ventana abierta por el tribunal, el Invías reanudó el contrato el pasado 5 de abril y después autorizó la cesión del mismo, tal como aparece en un acta firmada el pasado 8 de abril conocida por este diario.
El nuevo consorcio aparece identificado como Conexión Antioquia y está integrado por las empresas Explanan S.A.S. (con un 74%), Trainco S.A.S. (25%) y una persona natural (con el 1%), identificada como Harold Fernando Rozo Zapata.
Para ampliar en los detalles de esa cesión y precisar cuál es el nuevo cronograma de la obra, EL COLOMBIANO envió un requerimiento al Invías, pero hasta el cierre de esta edición esa entidad se abstuvo de pronunciarse.
De acuerdo con las declaraciones entregadas por Gil en marzo pasado, la meta del instituto sería lograr culminar la intervención de la vía en diciembre de este año.
