Las volteretas que está dando EPM para obtener más plazo en el encendido de Hidroituango sin que les apliquen la multa por confiabilidad, parece que rebasan lo técnico y van directamente a lo político, lo que le resta seriedad al sistema de regulación que durante décadas ha construido el país con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).
Y es que el conglomerado público buscaría no pagar una multa de 170 millones de dólares que se le debe aplicar por no cumplir con el último plazo que tuvo para generar electricidad y que vence el próximo 30 de noviembre. Dicha garantía la cobra XM –empresa que opera el sistema interconectado nacional– y el dinero iría directamente al alivio de las facturas.
Es así como el Gobierno Nacional está en una encrucijada: o le hace un favor a EPM –y por ahí derecho al alcalde Daniel Quintero–, o aplica la multa que durante 4 meses mermaría el valor de la factura de energía de los colombianos en una cifra cercana a los 33 pesos por cada kilovatio, una ayuda que no sería menor en el plan que se han trazado y que, dicho sea de paso, le ha valido una calificación negativa por parte de Moody’s al sector energético colombiano.
La crítica que hacen los empresarios y las calificadoras de este movimiento es que políticamente estarían pasando por encima de la Creg. Muestra de esto fue la reunión del viernes pasado y que tuvo lugar en el sitio de la obra; allí, EPM entregó los argumentos para pedir más pruebas en la obra, lo que finalmente correría la fecha de entrega.
Ahora bien, siempre es mejor la seguridad que la Policía, como dice el dicho, pero lo que deja un mal sabor de boca para el sector energético es la manera en que estaría procediendo la empresa o la Alcaldía: a través de su cercanía con la Casa de Nariño.
Para más señas, quienes asistieron a la instalación del Puesto de Mando Unificado (PMU) fueron la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez; la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad; el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), Javier Pava Sánchez; delegados de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran); y varios integrantes del gabinete de la Alcaldía de Medellín. ¿Dónde estaba la Creg?
Al parecer el movimiento recaería directamente en el Ministerio de Minas y en la UNGRD, para que desde esas entidades se dé el visto bueno de alargar el tiempo de entrada sin aplicar la multa, aduciendo la seguridad de la obra y de las comunidades aguas abajo.
Lo que más ha mostrado el carácter político del movimiento que quieren hacer en Hidroituango es que luego de una tarde de evaluar riesgos y el estado de la obra, su resultado se conoció por un par de trinos enrevesados de la secretaria de Gobierno de Medellín, María Camila Villamizar, porque, dicho sea de paso, a la reunión no asistió el alcalde Daniel Quintero, porque estaba en Buenos Aires, Argentina, en el foro mundial de alcaldes C40.
Villamizar una vez más parece pasar de largo por el Acuerdo Macro de relaciones que hay entre la Alcaldía y EPM, y anunció: “PMU Hidroituango: se declaró activo permanentemente. Se evaluarán las pruebas adicionales que EPM recomienda, si hay tiempo adicional y la instancia que permitiría realizarlas sin incurrir en sanciones. Si no hay pruebas adicionales la primera turbina iniciaría el 15 de noviembre”.
De igual forma, otras señales que han dejado claro que la Alcaldía está en una cruzada más política que técnica para lograr una especie de “trueque” con el Gobierno Nacional aparecen en varios proyectos en los que EPM ha quedado embarcada de forma sorpresiva y que no estaban en su planeación de largo plazo.
Los dos más llamativos salieron a la luz este mes luego de una conversación que el alcalde Quintero sostuvo con el presidente Gustavo Petro durante la noche del pasado martes 11 de octubre, en la víspera de la presentación del “Pacto por la Justicia Tarifaria” liderado por la ministra de Minas y Energía.
Además de embarcar a la empresa en la compra de paneles solares para las familias más vulnerables de Cartagena, que obligará a una inversión cercana a los 150.000 millones de pesos, EPM también quedó comprometida con la operación de la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta.
Esta última entidad, que fue intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos el año pasado, está en una grave situación financiera y EPM ya se había negado en el pasado a hacerse cargo de ese “chicharrón”.
El caso de Santa Marta, que despertó de paso el rechazo de la alcaldesa de ese distrito, Virna Johnson; y del gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, también hizo recordar la forma en cómo la Alcaldía presionó a EPM a extender su presencia en Quibdó.
Pese a que la entidad ya se había negado a través de varios oficios a seguir operando en la capital de Chocó los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, fue luego de un trino de Gustavo Petro, y atendiendo meramente a criterios políticos, que se decidió prorrogar esa operación por 10 años más.
Por encima de EPM
El gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, no dijo mayor palabra y la empresa solo se encargó de anunciar el recorrido de las autoridades. Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial del conglomerado: ni fechas ni aplazamiento.
Al analizar el trino de Villamizar –la tribuna donde la administración Quintero lo anuncia todo– se concluye que la Alcaldía le está pidiendo al Gobierno Nacional y a la UNGRD más tiempo para hacer pruebas en la caverna y, en caso de que no se les dé, entrarían a operar el 15 de noviembre con una turbina. Eso quiere decir que le incumplirían a la Creg, porque el compromiso energético solo se puede entregar con 2 turbinas.
Todo el panorama es muy preocupante para el sector eléctrico. El gran problema es que los empresarios del sector ven que EPM estaría tomando un atajo indebido para solucionar el incumplimiento, lo que afectaría directamente la confiabilidad.
Y esta no es la primera vez que una empresa trata de tomar un atajo para evitar pagar una multa. Pero siempre se ha hecho por la vía institucional, que es la técnica. Por ejemplo, se presentó ante la Creg para pedir que se le perdonara la multa cuando no pudo construir el proyecto Porce IV debido a las grandes invasiones de tierra que habían hecho poblaciones que no pertenecían al censo original del proyecto. El proyecto no salió y la empresa tuvo que pagar la multa.
Desde las épocas del racionamiento del expresidente César Gaviria, la Creg se ha encargado de hacer cumplir su propósito: que las señales que se envían al mercado, aseguren el abastecimiento del servicio público y la estabilidad del sistema eléctrico, y justamente las multas van encaminadas a que estos proyectos se cumplan y no dejen al país viendo un chispero.
El problema es que además de los 170 millones de dólares –casi 900.000 millones de pesos con un dólar que sigue subiendo– que EPM debería pagar a la Creg, tendría que responderle a la Superintendencia de Servicios Públicos por más o menos 2.400 millones de pesos. Pero ahí no acabarían las malas platas, pues además de los pagos de multas, dejarían de recibir durante 10 años el pago del cargo de confiabilidad: 88.000 pesos por megavatio hora, lo que le iba a sumar una recepción superior a 1 billón de pesos.
No es para menos el susto de Quintero y del ahora silente gerente Carrillo, pues además de los sobrecostos de la obra, que ya van por el orden de los 7 billones de pesos, se metieron en el negocio de Electricaribe (Afinia), pagaron 450 millones de dólares al BID de manera adelantada en lo que pareció un corre corre del alcalde, y las inversiones en el extranjero van rezagadas. Las multas a esta altura dejarían a la empresa en cifras, por lo menos, naranja.
Por ahora, y solo según las palabras en Twitter de la secretaria Villamizar, todo estaría listo para que empezara la generación de una turbina el 15 de noviembre, de la segunda turbina no se sabe nada.
Resuenan las palabras del alcalde Quintero que hace unas semanas decía que prefería pagar 3 billones de pesos antes que entrar en generación con riesgos, los riesgos que le expusieron al Gobierno Nacional pero que hasta el momento no se conocían. Dicen que en la reunión del pasado viernes, hasta los funcionarios de la Anla fueron echados a un lado, todo indica que se trató de un recorrido político.
