El alcalde Daniel Quintero trinó el jueves una noticia del portal Minuto 30 que anunciaba que la tutela contra la revocatoria había sido aceptada por un juez. Pero casi inmediatamente lo borró. Tal vez quería evitar dar pie a que interpretaran que él está detrás de la estrategia judicial contra la revocatoria.
Que un juez acepte una tutela no significa que les dé la razón a los demandantes, sin embargo, la noticia tuvo gran eco, entre otras, porque de prosperar podría enredar el proceso de revocatoria.
La tutela es apenas una de las piezas de la defensa del Alcalde. Por un lado, y de dientes para afuera, Quintero dice que va a refrendar su mandato en las urnas; pero por el otro, ha diseñado una estrategia en varios frentes para evitar a toda costa tener que someterse a dicha votación.
Primero contrató al abogado Alfonso Portela, quien ha sido registrador delegado para asuntos electorales y es conocido por haber logrado dar al traste con otras revocatorias. La contratación puede parecer un poco tardía, pues solo lo buscaron, según dijo el mismo Portela, cuando la Registraduría avaló las firmas a finales del año. No obstante, es ahora cuando lo necesitan para interponer recursos legales que demoren la convocatoria a las urnas.
En segundo lugar, el propio Quintero se puso al frente de la verificación de la supuesta suplantación de firmas. Con esto buscarían no solo desacreditar el proceso sino intentar que el caso penal prospere y la Fiscalía tumbe el proceso.
En entrevista publicada en la más reciente edición de la revista Semana, el alcalde Quintero deja en evidencia el doble discurso que está manejando frente a la revocatoria, pues por un lado dice: “Estoy seguro de que lo que se viene es la más hermosa campaña de refrendación de la victoria democrática”. Pero por otro lado admite que se va a gastar al menos 100 millones de pesos para defenderse. ¿Se va a refrendar o la quiere parar?
Los siguientes son puntos claves para entender qué está pasando y qué viene en este proceso.
¿La tutela puede parar la revocatoria?
Una tutela sí puede parar la revocatoria. Sin embargo, en este caso, hay dos buenas noticias para los promotores. La primera es que el mismo juez no aceptó la solicitud de que se suspenda el proceso mientras él le da trámite a la tutela. Lo cual quiere decir que seguirá su curso y está en manos del registrador nacional, Alexander Vega, ratificar si las firmas válidas son suficientes o no para convocar a las urnas.
La segunda es que tanto el alcalde como su abogado Portela han dicho que 30.000 firmas pudieron haber sido suplantadas, con lo cual las matemáticas no darían para tumbar el proceso, pues la Registraduría validó 133.248 firmas y se necesitan 91.211 para convocar a las urnas. Si se le restaran 30.000, todavía quedarían válidas 103.000. Es decir, por muchas que eliminen, si quedan suficientes firmas válidas no se daría al traste con el proceso.
¿Cuándo da su respuesta el Registrador?
El registrador Alexander Vega tiene hasta mañana 10 de enero —o a más tardar el martes por ser festivo— para entregar su respuesta a la impugnación. Y es probable que valide de nuevo las firmas, porque en casos como este, la Registraduría ratifica su aval teniendo en cuenta que los profesionales grafólogos de la entidad ya han hecho la revisión, sobre todo si, como en este caso, el número de firmas por las que impugna no son suficientes para desmontar el mínimo de válidas que se necesitan.
¿En el Consejo Nacional Electoral se podría enredar?
Si el registrador da su veredicto esta semana y dice que necesita tiempo para evaluar de nuevo las firmas, el proceso se alargaría. Pero sí las avala, el proceso ya quedaría en manos del Consejo Nacional Electoral, donde se puede enredar.
Cabe recordar que la revocatoria promovida por el petrismo contra Enrique Peñalosa en Bogotá se cayó porque el comité revocatorio no pudo justificar $70 millones de pesos donados por el Sindicato de la ETB. El CNE suspendió inicialmente la revocatoria y cinco meses después la tumbó.
En el caso del alcalde Quintero, desde marzo un magistrado del Consejo Nacional Electoral abrió una indagación preliminar por una carta en la cual el representante de uno de los grupos promotores de la revocatoria le reclamaba a otro de los voceros por un supuesto contrato con la firma de abogados de Abelardo de la Espriella.
El magistrado Jaime Luis Lacouture, vía Twitter, le pidió a la sala plena del CNE abrir la indagación y el caso quedó en el despacho del magistrado César Abreo.
Este diario consultó a uno de los líderes de la revocatoria y este dijo que, como dice la carta, se discutió y no se aprobó, y que nunca se contrató a De la Espriella.
Más allá de si lo contrataron o no, lo que tiene que determinar el Consejo Nacional Electoral es si los promotores de la Revocatoria violaron alguno de los diferentes topes establecidos por la ley para este tipo de instrumentos de participación.
El Consejo Nacional Electoral está compuesto por nueve magistrados, cada uno de ellos elegido en representación de algún partido político, de manera que allí los fallos de algunos casos están atravesados por maniobras políticas.
Y, en particular, cuando no saben cómo resolver una papa caliente suelen dilatar las decisiones, como ocurrió en la revocatoria de Peñalosa o en el referendo para la segunda reelección de Álvaro Uribe.
¿La Alcaldía está usando indebidamente los recursos públicos para defenderse de la revocatoria?
Una de las preguntas más recurridas de los últimos días es si el Alcalde puede utilizar recursos públicos para su defensa. Y la respuesta es no. Lo han dicho la Corte Constitucional, el CNE y la Procuraduría en otros procesos de revocatoria. Y lo ratificó esta semana Alfonso Portela, el abogado de Quintero.
Se han despertado entonces suspicacias sobre si la Alcaldía está incurriendo en irregularidades toda vez que, por ejemplo, el Alcalde al final del año dijo que estaban revisando las firmas de la revocatoria ¿Quién? ¿De dónde salen los recursos?
La directora de Semana, Vicky Dávila, le preguntó a Quintero que si había sacado $150 millones para revisar las firmas. Él le dijo que no eran $150millones sino $100millones.
Primero, dio a entender que sí, pues le dijo que él antes había sido empresario. Y cuando Dávila le repitió la pregunta, de si había sacado la plata de su bolsillo, Quintero cambió de tercio y habló de que había sido una ‘vaca‘ en la cual aportaron de a $10 millones algunos secretarios de su despacho.
¿Si se castiga a los congresista que han exigido un porcentaje de sus sueldos a los miembros de una UTL, habría alguna irregularidad en este caso teniendo en cuenta que existe una relación de subordinación laboral entre alcalde y los secretarios?
También se ha visto lo que sería un uso irregular de los recursos públicos para la defensa del alcalde en hechos aparentemente menores como la grabación de un video del secretario de inclusión social en el que dice que a su mamá la suplantaron, o cuando una funcionaria del Isvimed manda un correo a toda la entidad pidiendo que todos revisen los listados y reporten si los han suplantado, o incluso en el uso de un auditorio de la Terminal de Transporte para hacer reuniones para interponer recursos contra la revocatoria.
¿Cuándo se votaría la revocatoria?
Todavía falta que la Registraduría se pronuncie sobre la validez de las firmas que debe ser a más tardar este martes. Según la ley, una vez tenga la certificación plena, se le manda informe al Gobernador de Antioquia para que fije fecha de las votaciones en un plazo máximo de dos meses.
Sin embargo, los alcaldes suelen evitar llegar a ese punto interponiendo todo tipo de recursos legales ante la Registraduría y ante el CNE.
En el caso del entonces alcalde de Bogotá Gustavo Petro, por ejemplo, el 31 de julio de 2013 la Registraduría certificó el cumplimiento de los requisitos para convocar a las urnas pero pasaron cinco meses, y solo el 3 de enero de 2014 se emitió la resolución que ponía como fecha de esas elecciones el 2 de marzo de 2014.
Por alguna extraña razón, el 14 de febrero movieron la votación para el 4 de abril. Y en ese tránsito, el 20 de marzo, quedó en firme la destitución de Gustavo Petro por parte de la Procuraduría y por eso, ese mismo 20, la Registraduría dio fin al proceso de revocatoria por sustracción de materia. Curiosamente, solo 14 días después, Gustavo Petro fue restituido en su cargo de Alcalde y se salvó de la revocatoria.
Cabe recordar que en ese entonces el país estaba ad portas de las elecciones y Petro terminó apoyando la candidatura a la reelección de Juan Manuel Santos
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