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Antioquia | PUBLICADO EL 12 enero 2022

JEP rechazó sometimiento de empresario vinculado a despojo de tierras en Urabá

  • Las víctimas reclaman a Dorance Romero 31 predios en Urabá que estarían a nombre de su hija. FOTO: CAMILO SUÁREZ
    Las víctimas reclaman a Dorance Romero 31 predios en Urabá que estarían a nombre de su hija. FOTO: CAMILO SUÁREZ
  • Las víctimas reclaman a Dorance Romero 31 predios en Urabá que estarían a nombre de su hija. FOTO: CAMILO SUÁREZ
    Las víctimas reclaman a Dorance Romero 31 predios en Urabá que estarían a nombre de su hija. FOTO: CAMILO SUÁREZ
EL COLOMBIANO

La Sala de Definición de la Jurisdicción Especial para la Paz rechazó el sometimiento de Dorance Romero, un conocido empresario y ganadero, quien se encuentra procesado en la justicia ordinaria por despojo de tierras en Turbo.

Al ganadero, mejor conocido como Wilmer Romero, la JEP le había ordenado en abril de 2021 ajustar su aporte a la verdad, luego de que los magistrados evidenciaran inconsistencias y vacíos en sus testimonios, en los que sí aceptó financiación de grupos paramilitares, como el Bloque Bananero de las AUC.

Romero, de acuerdo con las investigaciones, no solo patrocinó al bloque Bananero y al frente Álex Hurtado, sino que es responsable de desplazamientos forzados en medio de la llamada “retoma de Urabá”, ocurrida a partir de 1995, en la que un conglomerado de empresarios, en alianza con paramilitares, desplazaron a miles de campesinos y compraron tierras por precios irrisorios bajo amenazas y matanzas.

En los expedientes que mencionan a Dorance Romero se indica que bajo este mecanismo, él y los empresarios con los que se alió, se hicieron a más de 10.000 hectáreas en cuatro corregimientos de Turbo, como Macondo y Blanquiceth, además de Belén de Bajirá, Riosucio y Mutatá (Antioquia).

Las víctimas solicitan a Romero la devolución de al menos 31 predios que se encontrarían a nombre de la hija del ganadero, Yidi Romero.

Las evidencias contra Wilmer Moreno, como actor clave del conflicto en Urabá, son amplias. El procesado figura en informes de organizaciones como el Cinep, llamado “Violencia y conflictos socioambientales” –aportado ante la JEP–, que lo relaciona junto a otros empresarios en el establecimiento de una hacienda llamada “La Siete”, en tierras que pertenecían, entre otros, al Consejo Comunitario de La Larga y Tumaradó, Chocó, y cuyos legítimos propietarios fueron sacados a sangre y fuego en medio de la macabra alianza entre paras y empresarios.

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