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JEP deja en libertad condicional a exalcalde de Vigía del Fuerte vinculado con paramilitares

El beneficio podría ser revocado si el exalcalde Wilson Chaverra González no cumple sus compromisos con la jurisdicción.

  • El exalcalde relató cómo operó el bloque Elmer Cárdenas, de las AUC, en Vigía del Fuerte. FOTO: Archivo
    El exalcalde relató cómo operó el bloque Elmer Cárdenas, de las AUC, en Vigía del Fuerte. FOTO: Archivo
20 de enero de 2023
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El exalcalde de Vigía del Fuerte, Wilson Chaverra González, fue dejado en libertad condicional por parte de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en medio de un proceso que lo vincula con el paramilitarismo.

Así lo dio a conocer ese órgano, que precisó que Chaverra recibe el beneficio luego de recibir una condena de 90 meses por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de paramilitarismo, “al ser hallado plenamente responsable de financiar el bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de COlombia (AUC)”.

La Sala aceptó la solicitud de libertad transitoria, condicionada y anticipada del exalcalde luego de que este presentara un escrito con información relevante, según el órgano, además de participar en una diligencia de aporte a la verdad. La JEP había aceptado su sometimiento en julio de 2020.

Chaverra aportó detalles sobre reuniones y acuerdos sostenidos por el bloque Elmer Cárdenas, la incursión de ese grupo en Vigía del Fuerte, incluso después de concluida su administración. “Señaló los vínculos que otros alcaldes de la región mantenían con las AUC”, afirmó la JEP.

Además, el exfuncionario también dio a conocer su participación en actividades de narcotráfico que, en últimas, resultaron en la financiación del grupo paramilitar. Entregó información sobre la masacre de Bojayá en Chocó, acaecida en mayo de 2002.

“La Sala determinó que este beneficio es transitorio y está sujeto a que Chaverra continúe con sus contribuciones por encima de lo probado en la jurisdicción ordinaria”, dijo la JEP. Es decir: el beneficio puede ser revocado si este no cumple los compromisos adquiridos con la jurisdicción.

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