Luego de la publicación de EL COLOMBIANO de la historia de la invasión de un megalote en Caucasia, posiblemente la invasión de tierras más grande que exista actualmente en el país, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, criticó la posición que tomó el Gobierno Nacional frente a la situación y su reclamo recibió inmediata réplica por parte del Gobierno.
El asunto en síntesis es este: desde el pasado Domingo de Ramos, luego de la visita del presidente Gustavo Petro a Caucasia, miles de personas aterrizaron en bandada a la Hacienda Santa Helena, un lote de 378 hectáreas donde cabe casi entera la comuna La América de Medellín, que desde 1998 pasó a hacer parte de los bienes de Juan Gabriel Úsuga Noreña, un confeso exnarcotraficante que en 2001 fue extraditado a Estados Unidos. De acuerdo con las escrituras de los tres lotes que componen la finca, Úsuga pagó por ellas $1.225 millones y dos años más tarde, el narco puso el lote a nombre de una sociedad: “Finca Santa Helena S.A.”. En 2003, esa sociedad le vendió a la empresa de transporte de gas y energía, Promigas, una servidumbre por unos $25 millones. En 2004, la Fiscalía le embargó la propiedad con fines de extinción de dominio.
Desde entonces, políticos de toda clase hicieron promesas a destajo con este lote asegurando que allí le ofrecería soluciones de vivienda a miles de personas, pero con el lote nada pasó.
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Pero todo cambió con la visita del presidente Petro el pasado 11 de abril. Resulta que solo un puñado de personas se había aventurado a ingresar al lote y levantar ranchos, pero sus días allí, al parecer, estaban contados. Sin embargo, las personas hicieron un pequeño plantón para que el presidente los viera, y efectivamente los vio y en público le dio una orden al alcalde: “Alcalde, usted aquí como primera autoridad, le solicito: háblese con los señores dueños de tierras, haciendas, latifundistas no para que nos engañen, ojo, a precio comercial y tierra fértil, nosotros estamos dispuestos a comprarles las haciendas”. También le pidió a la Sociedad de Activos Especiales que donde tuviera predios, facilitara el trámite para ofrecer soluciones de vivienda a la población.
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Sus palabras recibieron una interpretación inmediata: el 13 de abril comenzó la ocupación que ya va en casi 5.000 familias instaladas en ranchos que se han ido repartiendo de a pedacitos el apetecido lote.
El lote, sin embargo, no lo administra la SAE. Al ser una sociedad, es administrada por el agente liquidador de la Sociedad, y en este caso ese agente es Army Judith Escandón.
Así que el confeso narcotraficante interpuso a través de Escandón querellas y hasta tulela para sacar a los pobladores del lote, pues en un fallo en primera instancia sobre la extinción de dominio, Úsuga salió beneficiado, pero el fallo no está en firme.
Una de las querellas que la depositaria del lote fue la que desautorizó la SAE y por ende se desistió de la misma. Así lo anunció la entidad el pasado 25 de abril, quien señaló que el director de la SAE, Daniel Rojas, “desautorizó la querella que puso una depositaria y que algunas autoridades quieren aprovechar para el desalojo por la fuerza y sin garantías, de la finca Santa Helena en Caucasia, Antioquía. Ya solicitamos formalmente a las autoridades locales, suspender cualquier acción al respecto. En este gobierno no se utiliza la fuerza con el pueblo, nos reuniremos con las familias que hoy ocupan el predio para consensuar alternativas a través del diálogo. A las comunidades les reiteramos que no es la ocupación la vía para acceder a bienes de la SAE”.
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Con esto, miles de familias que temían ser desalojadas a la fuerza, en un operativo que seguramente detonaría una grave crisis de orden público regional por la cantidad de personas allí instaladas, volvieron a respirar tranquilas.
Pero el gobernador de Antioquia rechazó este domingo la decisión de la SAE y la calificó como “una vergüenza” y “un pésimo antecedente para el país. Avalar vías de hecho lo que hace es socavar el Estado de derecho. Tenemos la obligación de dar soluciones sociales para la población vulnerable, pero NO con la violación a la propiedad privada”.
Según el gobernador, ya se había instalado un Puesto de Mando Unificado “que nos permitiera caracterizar población, buscar soluciones y devolverle el predio a su dueño, en este caso, la SAE. Pero el Gobierno Nacional no para de sorprendernos: la misma SAE, entidad del orden Nacional, ordenó “desistir” del proceso de recuperación del predio. ¿Sientan acaso un precedente que justifica cualquier invasión a la propiedad privada?”.
La respuesta de Daniel Rojas Medellín, director de la SAE, no se hizo esperar. Rojas le pidió “coherencia” a Rendón sobre el respeto de las instituciones.
“Mi respuesta al Gobernador de Antioquia: Desde la SAE defendemos la institucionalidad de la constitución y la ley. La “propiedad privada” que dice ud defender, tiene una suspensión del poder dispositivo en virtud de una medida cautelar de extinción de dominio. El escenario de defensa de quienes presuntamente han cometido ilícitos es LA JUSTICIA, la fiscalía; no la gobernación de Antioquia. Le invitamos a la coherencia cuando se dice respetar las instituciones”.
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Y remató con una pulla: “como administradores, desde este gobierno, motivados por razones éticas y morales que quizás no comprenda, preferimos respetar las decisiones judiciales y no golpear al pueblo en defensa de una “propiedad privada” cuya legitimidad está en litigio. El pueblo antioqueño decente, pujante y trabajador jamás recibirá de nosotros desalojos violentos, el pueblo antioqueño honesto y pujante tiene en este gobierno a su aliado. Ese es el precedente que sentamos: transparencia, respeto por las instituciones y motivación por la justicia social”.
La historia completa de la insólita invasión que convirtió a Caucasia en un pueblo que no paga arriendo, la contamos en la edición de este domingo.
