La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que dará a conocer mañana 25 de diciembre el informe sobre las firmas presentadas por el comité de revocatoria al alcalde Daniel Quintero.
El resultado que entregará, tras 45 días de analizar las 291.750 firmas presentadas por el comité, marcarán un paso importante, pues se sabrá si entre ese universo están las 91.210 válidas necesarias para convocar a las urnas y que corresponden al 30% de los votos que en 2019 llevaron a Quintero a la Alcaldía.
Si el resultado del organismo electoral indica que se recolectaron las firmas de respaldo válidas, el alcalde tiene cinco días para controvertir, lo que seguramente ocurrirá ya que desde la semana pasada viene advirtiendo sobre presunta falsificación en las planillas.
Después de estudiar las objeciones, la Registraduría dará una decisión final, según explicó el consultor electoral Alfonso Portela. Si persiste la validez, el gobernador deberá convocar a las urnas en un tiempo no mayor a dos meses.
No solo son las firmas
Pero la certificación no solo incluye las planillas. Además, se analiza el informe contable presentado por el comité promotor, que da cuenta de la financiación del proceso. Este, señaló Portela, es regulado y tiene unos topes económicos, requisito que debe cumplirse para que no se caiga la intención de revocar. Desde el equipo líder de la revocatoria anotaron que cumplieron este ítem y que está por debajo de los límites establecidos.
Volviendo a las firmas, el consultor electoral aclaró que las planillas digitalizadas se pueden entregar con anticipación al mandatario a revocar para que haga una revisión adecuada, tal como le corresponde en el debido proceso.
Y así sucedió con Quintero. Hace una semana, escribió en su cuenta de Twitter que había revisado los archivos y que encontró “un proceso sistemático de falsificación de firmas”, lo que generó polémica. Pero esta llegó a un punto mayor el miércoles pasado cuando afirmó que “el comité revocatorio no logró los apoyos necesarios” y que hubo “un proceso sistemático de falsificación, uniprocedencias y más del 60% de los ciudadanos reales ni siquiera eran de Medellín”.
En redes sociales también empezó a circular ayer un derecho de petición presentado al alcalde para que le responda a cada persona si su firma es falsa y cómo lo sustenta.
Andrés Rodríguez, vocero de la revocatoria, se pregunta por qué el alcalde sabe que hubo uniprocedencias (entendiendo el término como varias firmas escritas por una misma persona), en tanto que esta conclusión se logra tras analizar las firmas físicas por parte de grafólogos, tarea que cumplen bajo una rigurosa cadena de custodia de los documentos. Rodríguez considera impertinente que se refiera a “falsificación” sin un concepto de la autoridad competente.
En palabras de Portela, este tipo de mensajes no son prudentes, sobre todo porque la Registraduría aún no le ha hecho traslado de su informe final, realizado luego de aplicar procedimientos especiales para determinar que la cédula del firmante esté en el censo electoral de Medellín, que los nombres y apellidos coincidan con el Archivo Nacional de Identificación y que la información consignada es de puño y letra del ciudadano.
Desde ambas orillas anunciaron acciones legales en la Fiscalía. Quintero por la presunta falsificación, y Rodríguez por presunta injuria y calumnia.
Mañana será un día clave para saber si el proceso avanza a las urnas. Si es así deberán votar como mínimo 314.720 personas, que equivalen al 40% de los votos válidos en las elecciones de 2019. La mitad más uno de ese resultado deberá votar por el sí para que la revocatoria prospere.
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