Todo parece indicar que la aseguradora española Mapfre, que tiene la cobertura del proyecto Hidroituango y que recientemente fue incluida en el fallo de la Contraloría en contra de 26 personas jurídicas y naturales, pagará el 90% de las pérdidas que se ocasionaron por razón de la contingencia de 2018, esto es, unos 983,8 millones de dólares, que a la tasa de cambio actual son $3,84 billones.
Según confirmó EPM en la tarde, de ese valor global ya ha recibido como anticipo 350 millones de dólares. Las condiciones y el cronograma para el pago de los recursos están en proceso de definición entre las partes.
“Un eventual acuerdo deberá ser sometido a aprobación ante los órganos internos competentes de EPM y, de concretarse, la totalidad de los recursos serán pagados directamente a la Empresa”, dijo la empresa en un comunicado.
A estos $3,84 billones se sumarían recursos que aportaría la aseguradora Sura, como tercero civilmente responsable, menos un deducible de $800.000 millones que pagarían los constructores del proyecto.
Así las cosas, se aclara el panorama para el megaproyecto, que desde hace semanas está empantanado por cuenta de las acusaciones del alcalde Daniel Quintero y el anuncio de su desconocido plan b que, según quedó demostrado en las últimas semanas, no estaba del todo estructurado.
Y es que con el pago de los 4,3 billones de pesos, el Consorcio CCCI (Conconcreto, Camargo Correa y Coninsa Ramón H) podría continuar al frente hasta que la planta esté en total operación.
Por medio de su cuenta de Twitter, el alcalde Daniel Quintero dijo: “Gracias al fallo de la Contraloría estamos a punto de recuperar primeros 4,3 billones de pesos de Hidroituango. Contratistas por primera vez tendrán que pagar 800 mil millones de deducible. Continuaremos demanda para recuperar el resto de recursos no cubiertos por aseguradoras”.
Los 800.000 millones a los que se refiere el alcalde hacen parte del deducible del seguro, lo que según el fallo de la Contraloría, deberían asumir los 26 condenados. Hay que tener en cuenta que este es un fallo solidario, por lo que, o todos pagan la totalidad del dinero, o lo asumen unos cuantos, incluso podría correr por cuenta de un solo condenado.
Esta no es solamente una salida para Hidroituango, también para varias personas naturales, como Sergio Fajardo, cuya campaña está pendiendo de un hilo por cuenta de la decisión de la Contraloría.
La negociación
El aval de la aseguradora se dio después de varias reuniones de alto perfil en España, casa matriz de Mapfre, que pondría $3,84 billones.
Sura aclaró en la tarde que está llevando a cabo los análisis derivados del fallo de segunda instancia de la Contraloría General, en la cual fue declarada tercero civilmente responsable con fundamento en la póliza de Directores y Administradores, “lo cual no hace parte de acuerdo alguno”.
Este acuerdo, que debe refrendar la Contraloría —hay una reunión cumbre el viernes en Bogotá—, significa que el proceso de responsabilidad fiscal por Hidroituango termina y los efectos de inhabilidad del fallo a los procesados se extinguen.
Dice la ley de forma expresa que procede el archivo del proceso de responsabilidad fiscal cuando se acredite el resarcimiento pleno del perjuicio.
En términos prácticos, el proceso ya no irá a cobro coactivo, ninguna de las 26 personas naturales y jurídicas declaradas culpables en segunda instancia por la Contraloría saldrán en el boletín de responsables fiscales y los constructores de Hidroituango podrán seguir contratando con entidades del Estado, como lo es EPM.
Bajo las nuevas condiciones y sin una inhabilidad inminente para los constructores, se podrá finiquitar el preacuerdo logrado entre el consorcio y EPM el pasado 25 de noviembre para firmar una prórroga de ocho meses, más tres meses adicionales para realizar un empalme con la firma que asuma después de la licitación que anunciará EPM.
