Tres ataques armados en la mina Zijin en menos de dos semanas —que dejaron dos muertos, 15 heridos y varias máquinas quemadas— pareciera ser motivo de angustia suficiente en Buriticá, sin embargo, una medida cautelar que acaba de ser apelada genera más preocupación por la posible llegada masiva de mineros en busca de ser incluidos en la lista de personas a las que un juzgado les permitió explotar el oro dentro de una parte del título propiedad de la multinacional china.
El de Buriticá no es un problema minero cualquiera, esta es la mina subterránea de oro a gran escala más importante de Colombia. Lo explota la sociedad Continental Gold, subsidiaria del conglomerado chino Zijin Mining Group, una de las compañías más grandes del mundo en minerales metálicos. Está declarado como Proyecto de Interés Nacional Estratégico y tiene 14 años estimados de producción, con más de 3,7 millones de onzas de oro en reservas.
El problema es que hay una extendida explotación subterránea por parte del Clan del Golfo, que ha perforado los túneles ya construidos para adelantar la extracción legal, lo que convierte los socavones de la mina en un frente de guerra subterránea, con ataques armados y con explosivos, como los registrados en las últimas dos semanas. El 17 de mayo pasado, la activación de un cilindro bomba en un túnel generó una explosión que dejó dos personas muertas y 14 heridas. La minera detalló que el atentado sucedió en un túnel llamado Higabra. Este túnel, según la Zijin, ha sido conectado por mineros ilegales que abren sus propios túneles, hechos sin rigor técnico y peligrosos, para sacar el material. Entre lunes y martes pasado hubo dos nuevos ataques armados en los socavones, los cuales dejaron un trabajador herido y maquinaria quemada. “Las actividades de minería ilegal no han parado en ningún momento, y, por el contrario, han intensificado su agresividad, mediante la utilización de explosivos, detonaciones y armas”, detalló la compañía, que reiteró otra vez el llamado al presidente Gustavo Petro para que tome acciones inmediatas con el fin de retomar el control territorial en Buriticá.
Minera apeló decisión de juez
Como si la situación de seguridad no fuera lo suficientemente complicada, una decisión judicial enrareció más el ambiente. El pasado 24 de mayo, el Juzgado Promiscuo de Santa Fe de Antioquia ordenó, como medida cautelar, suspender los cierres y desalojos contra los mineros tradicionales del sector Los Asientos de Buriticá. También ordenó a la Zijin que —una vez le sea dada la lista de mineros cobijados por la medida— autorice por cuatro meses la exploración de 140 hectáreas que equivalen al 1% de las tierras tituladas a la Zijin. Este plazo, según la decisión de primera instancia, será prorrogable previa verificación de la formalización.
La minera china apenas fue notificada de la decisión el martes. “Estas medidas cautelares contribuyen a desestabilizar aún más la delicada situación de orden público que tenemos en el territorio, asociada a la minería ilegal, y que compromete seriamente la viabilidad de las operaciones de la compañía”, señaló Zijin y anunció que apelará las medidas ordenadas por el juez.
La preocupación con la decisión, que quedará en suspenso hasta que se resuelva la apelación, es la eventual llegada de mineros de otras zonas en busca de ser incluidos en la lista de personas a las que el juzgado les permitió explotar.
Rubén Darío Gómez, secretario de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia (Conalminercol), contó que pese a que la orden del juez de primera instancia plantea una inscripción previa de las personas que pueden acceder a la explotación temporal, estas listas deben enviarse a las autoridades, por lo que temen que se convierta en “instrumento de criminalización” de los mineros artesanales. “Hay una exacerbación en algunos mineros, dentro y fuera del territorio, que creen que hay una autorización para trabajar, pero es una decisión de primera instancia y tampoco opera de pleno derecho, sí se han presentado algunos que quieren pescar en río revuelto, están llamando a ver qué tienen que hacer y eso no funciona así”, contó.
La minera, por su parte, contó que hay 12 empresas de formalización que avanzan con su apoyo, con 300 empleos generados. Sin embargo, aclaró que no ha hecho acuerdos con ninguna organización para formalización masiva, por lo que invitó a la comunidad a no dejarse engañar por terceros que afirmen lo contrario o que quieran obtener réditos en la actual coyuntura.
