Una carta puso en aprietos el trámite que busca revocar al alcalde Daniel Quintero. El Consejo Nacional Electoral (CNE) dispuso suspender la certificación de la cuenta del comité promotor de la revocatoria. La razón: un cuestionamiento que le había hecho el año pasado un miembro del comité a otro por haber proyectado el gasto de la campaña en $1.500 millones, muy por encima de los $236 millones que determina la ley para estos casos.
La investigación del CNE se remonta a marzo de 2021, luego de que el alcalde Quintero denunciara en su cuenta de Twitter que el comité revocatorio se había extralimitado en las cuentas, basado en la carta en cuestión. En ese momento se abrió una indagación preliminar, a la que fueron llamadas las partes para ampliar los hechos de su denuncia.
Discordia interna
El origen de todo está en una discordia interna dentro del comité revocatorio, compuesto por cinco grupos. El 24 de febrero de 2021, Jorge Alejandro Posada, uno de los miembros del comité, envió una carta a Andrés Felipe Rodríguez, el “vocero oficial”.
En ella, Posada le reclamaba a Rodríguez por los costos del proceso, planteando que este había hecho cuentas de que la campaña costaría $1.500 millones. “También se le explicó que ese presupuesto que usted no explicó tenía que ser sometido a discusión y aprobación al interior del Comité Promotor”, le decía Posada en la carta.
Así mismo, le expresaba preocupación por un supuesto contrato que se iba a celebrar con la firma de abogados de Abelardo de la Espriella para asesorar el proceso.
El alcalde aprovechó esa división para solicitar la investigación por posible violación a los topes de una campaña que ni siquiera había comenzado a recoger los apoyos.
En la ampliación de los hechos ante el CNE, el mismo Posada aclaró su versión y dijo que la contratación con De la Espriella nunca se hizo efectiva y que cumplieron los topes establecidos por la ley para lo cual adjuntaron soporte contable.
Al conocer el auto del CNE, Rodríguez indicó que el proceso no se ha suspendido: “Nosotros estamos pendientes de que el Consejo Nacional Electoral CNE nos certifique los estados contables, que el día de ayer subsanamos con unos puntos que hacían falta y que ya quedaron aclarados”, dijo.
Una medida temporal
Como parte de su competencia, el Consejo Nacional Electoral debe determinar si los promotores de la revocatoria violaron alguno de los diferentes topes establecidos por la ley para este tipo de instrumentos de participación.
En el auto está citada la versión del comité revocador, que dijo que no era cierto que hubieran gastado los $1.500 millones que se les endilgaron. “A la fecha, se puede dar fe de que nunca se realizaron tales contrataciones, ni se tienen los montos mencionados; toda vez que somos respetuosos y cumplidores de la ley y tenemos el conocimiento de los topes de campaña en un proceso revocatorio”, se lee en la defensa de los revocadores.
Hay que tener claridad. La decisión tomada por el CNE es de forma. O sea, la revocatoria no se frena con el auto, lo que se detiene, por ahora, es la certificación de los estados contables del comité revocatorio.
Desde la orilla del comité organizador de la revocatoria, el abogado Hollman Ibáñez Parra, del equipo legal, también planteó que la decisión del CNE solo debería entenderse como una suspensión de la certificación, más no del proceso de revocatoria en sí mismo.
Sobre los hechos que el ente investigará, Ibáñez manifestó sentirse tranquilo, ya que la denuncia que motivó la apertura de las pesquisas carecería, a su juicio, de fundamento.
“La investigación se inició por una denuncia del magistrado Jaime Luis Lacouture, yo creo que sui géneris, porque tomó un trino del alcalde Daniel Quintero en el que se decía que se habían violado los topes por una contratación que no existe”, aseveró.
De acuerdo con el jurista, aunque el mandatario sostuvo que el comité revocatorio había firmado un contrato con De la Espriella Lawyers, dicha vinculación nunca se dio.
“Esa cifra no existió, es un invento del alcalde”, añadió Ibáñez, acotando que el equipo jurídico de la revocatoria está compuesto por cerca de diez abogados, todos vinculados de forma voluntaria y sin exigir retribución en dinero.
Bajo ese contexto, agregó que desde el comité se sienten confiados para responder a las preguntas que formule el CNE en la audiencia que se celebrará este 26 de enero, que será la base para las decisiones que se tomen sobre el futuro de la certificación.
El comité cuestionó el auto del CNE, pues está fechado el 13 de enero de 2021. Al respecto, EL COLOMBIANO consultó a la entidad, desde donde respondieron que era un error de digitación y que, para remediarlo, sacarían un nuevo auto con el mismo contenido, pero corrigiendo la fecha.
Hay antecedentes
Cabe recordar que el CNE ha sido crucial en otras revocatorias. El caso de Enrique Peñalosa, alcalde de Bogotá 2016-2019, da luces sobre lo que podría ocurrir en Medellín si se encuentran irregularidades en la financiación del comité revocador.
La del exalcalde de Bogotá se cayó porque el comité no pudo justificar $70 millones. Aunque el CNE inicialmente la suspendió para revisar las cuentas de los revocadores, cinco meses después la tumbó. Un aporte de $49,5 millones por parte del sindicato de la ETB superó el tope permitido para aportar a la recolección de firmas.
Caso contrario ocurrió con Gustavo Petro. Su proceso revocatorio cumplió los requisitos ante el CNE y fue certificado el comité, pero la destitución del mandatario dio por concluido el caso
$236
millones es el monto máximo permitido para financiar el proceso revocatorio.
