La denuncia que hizo EL COLOMBIANO el domingo pasado sobre el lote Aguas Vivas parece que es apenas la punta del iceberg de lo que podría ser un gran entramado para saquear los recursos públicos de la ciudad.
En ese primer informe se contó que dos empresas y un particular le están exigiendo al Municipio que les pague 48.000 millones de pesos por ese terreno a pesar de que hoy el predio aparece a nombre del Municipio y su avalúo catastral es 17 veces menos del monto que están reclamando.
El nuevo capítulo de esta historia responde la gran pregunta de hasta dónde ha ido la influencia del exalcalde y exgobernador Luis Pérez en ese negocio. Y sobre todo, qué papel han jugado en este entramado las cuotas políticas que él tiene en el gabinete de Daniel Quintero.
Pérez fue enfático con este diario en que ya no posee ninguna participación en Aguas Vivas y en papeles es verdad. Pero la realidad es que el dueño del lote es un enigmático personaje de su entraña. Su nombre es Felipe Agudelo Mesa y no solo es su vecino sino que ha sido su socio, colaborador en campañas políticas y ha obtenido millonarios contratos en el paso de Pérez por el sector público, tanto en la Alcaldía de Medellín como en la Gobernación de Antioquia.
En particular, en lo que tiene que ver con el lote mencionado, si bien el propietario hasta 2016 era Luis Pérez, pocos meses después de asumir como Gobernador, este se lo cedió en calidad de permuta al mencionado Felipe Agudelo.
Sin duda, mantener el nombre de Luis Pérez como dueño de Aguas Vivas le metía un ruido complicado para cualquier negocio que quisieran hacer con el lote en el Municipio de Medellín.
Agudelo es un hombre tan discreto que a pesar de estar detrás de numerosos contratos en Antioquia, ni una foto suya aparece en internet, tampoco se encuentra información sobre él o imágenes en redes sociales. Todos sus negocios se hacen bajo la sombrilla de la empresa de su propiedad, IDC Inversiones (la dueña del lote Aguas Vivas), de manera que siempre firma el representante legal de esta; pero a la hora de ir a hacer el lobby para reclamar el dinero por la finca Aguas Vivas sí lo vieron directamente a él tocando puertas en varios despachos de la administración de Medellín. En especial, en las oficinas donde hoy hay fichas del exalcalde Luis Pérez o de su círculo. El resultado ha sido —como se demostró en el informe del domingo— que han tomado decisiones que les facilitan el camino para que la Alcaldía desembolse la millonaria suma.
A pesar de las evidencias contundentes de la existencia de ‘cuotas’ o aliados políticos de Luis Pérez en el gabinete de Daniel Quintero, Pérez les dijo a los periodistas de este diario que no ha ejercido ninguna influencia sobre las dependencias de la Alcaldía de Medellín que tienen velas en la decisión de pagar o no al propietario de Aguas Vivas, los 48.000 millones de pesos.
Alianzas útiles
El lote de Aguas Vivas, que no es apto para construir edificios en altura como los que se observan en la parte alta de El Poblado, donde queda, lo traspasó la empresa de Agudelo al Municipio en diciembre de 2019. No les pagaron en efectivo, pero la idea era que a cambio les dieran una especie de bono que ellos podían negociar con constructores que necesitaran cumplir con la obligación de las compensaciones urbanísticas.
Las compensaciones urbanísticas son espacios públicos que los constructores deben poner a disposición de la ciudad cada que levantan un edificio, y las pueden pagar en efectivo, con parques alrededor de las obras que hacen o con terrenos en zonas diferentes que sean aprobados previamente, como Aguas Vivas.
El asunto es que IDC y sus socios no pudieron vender su “bono” a los constructores y por eso se les ocurrió que el Municipio les pagara por el lote. Curiosamente, algunas de las entidades que tienen que ver con la decisión al respecto están manejadas por personas cercanas a Luis Pérez, el socio y amigo de Felipe Agudelo Mesa.
El primer paso lo dio el Instituto de Vivienda y Hábitat, Isvimed, a mediados del año pasado, cuando metió a Aguas Vivas en el plan de prefactibilidad del Parque Ambiental Valle del Software y con ello les lanzó tremendo salvavidas a los expropietarios para poder exigir que les compren el lote por los 48.000 millones. Esta entidad, de acuerdo con personas cercanas a la administración, le tocó al senador Nicolás Pérez, sobrino de Luis Pérez. De hecho, uno de los primeros contratos que se firmaron allí, en enero de 2020, cuando recién arrancó el gobierno Quintero, fue el de María Clara Pérez Vásquez, hermana del congresista.
Otro que les acaba de dar un empujón importante es el secretario de Gestión Territorial, Carlos Mario Montoya, aliado del exalcalde Pérez, pues pidió considerar que se reverse la escritura de cesión gratuita de Aguas Vivas al Municipio y que se paguen los $48.000 millones.
Los vínculos de Luis Pérez con Daniel Quintero y su gabinete no terminan ahí. Hay que tener en cuenta que Miguel Quintero, hermano del alcalde, fue secretario (e) de Planeación de Luis Pérez en la Gobernación.
El papel que han jugado los aliados políticos del exalcalde es más evidente si se tiene en cuenta que así como estos han movido tuercas para facilitar el negociazo del lote Aguas Vivas, por el contrario hay varios funcionarios que han dado conceptos que le ponen trabas y a pesar de estar apegados a las normas han sido removidos de sus cargos.
Por ejemplo, el subsecretario de Defensa de lo Público, Julián García Ramírez, emitió concepto negativo ante la idea de pagar por Aguas Vivas y en la misma semana le pidieron la renuncia.
El enigmático Felipe
Felipe Agudelo y Luis Pérez son conocidos de vieja data. En la campaña a la Alcaldía de Pérez, en el año 2000, Agudelo aparecía como uno de los asesores de un círculo más cercano.
Para ese entonces, la empresa IDC tenía apenas cinco años de existencia. Tras el triunfo de Pérez, IDC se encargó de extender buena parte de la prolongada red de las ciclorrutas de Medellín que generaron gran controversia por los sobrecostos y porque, en parte, se financiaron con plata de Empresas Varias. Además, ejecutó la remodelación de la Unidad Hospitalaria de San Javier por 3.462 millones de pesos.
Después, en el periodo de Pérez como Gobernador (2016-2020), IDC obtuvo una parte nada despreciable de la contratación de obras. EL COLOMBIANO rastreó siete de los contratos en los cuales la firma recibió por lo menos 133.000 millones de pesos, destacándose varios que se celebraron a través de la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia (Viva), que era señalada como fortín de Agudelo.
Entre las contrataciones se cuentan las ciclorrutas del Oriente cercano, donde por más que forzaron los tiempos para culminar antes que se venciera el periodo de Pérez, no se concluyeron y tuvieron un costo superior a 20.000 millones de pesos.
Adicionalmente, le asignaron una construcción de escenarios deportivos en el suroeste ($6.000 millones), el Parque de los Cuatro Elementos, en Sabaneta ($6.350 millones) y la doble calzada de la calle 77 Sur en el mismo municipio ($7.303 millones). Igualmente acometió un proyecto con Viva (casi $19.000 millones). Pero los contratos más cuantiosos fueron el del Hospital Mental de Antioquia, Homo ($43.000 millones) y el del Hospital La María ($32.662 millones).
Sobre este último, en su momento hubo incluso cartas públicas de la Cámara Colombiana de Infraestructura porque, aunque se trataba de una licitación pública, era casi evidente que los pliegos estaban direccionados para que los oponentes de IDC se quedaran en el camino, aún siendo empresas de prestigio y experiencia superior.
En ese momento, el gerente de La María era Misael Cadavid, ficha de Luis Pérez aún en la actualidad y el mismo que recientemente generó escándalo porque aparecieron audios con su voz mencionando una supuesta reunión en la que el alcalde Daniel Quintero le habría ofrecido puestos para apoyar su candidatura a la Cámara de Representantes.
Entre tanto, también con presupuesto del Departamento, la empresa socia de IDC en el terreno Aguas Vivas, Técnicas Constructivas, obtuvo contratos por más de $25.700 millones. Entre otros, ejecutó las ciclorrutas del occidente y Apartadó por más de $13.600 millones, levantó la sede del Cuerpo de Bomberos de Sabaneta ($1.040 millones), hizo el hospital del municipio de La Unión ($7.000 millones) y acometió obras públicas relativas al Metroplús y ornamentación de espacio público en Itagüí ($4.132 millones).
Ya durante la administración de Daniel Quintero, le asignaron a IDC de manera directa la tercera fase de la Unidad Hospitalaria de Buenos Aires. El contrato, por $9.755 millones fue firmado el 14 de octubre de 2020 con la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) y en 2021 ha tenido una adición por 2.577 millones de pesos y un aplazamiento en la entrega, que estaba pactada para diciembre.
Y hace apenas dos semanas, la secretaria de Suministros y Servicios, Karen Viviana Delgado, le adjudicó a esa empresa el contrato para rehabilitar e intervenir la Biblioteca Zona Nororiental (antes conocida como Biblioteca España) en el barrio Santo Domingo Savio. Si bien se trató de una licitación abierta, solo se presentó la compañía de Agudelo.
Al margen de los detalles descritos antes, lo cierto es que con toda esta experiencia de las dos firmas dueñas de Aguas Vivas resulta inexplicable por qué en uno de sus alegatos para reversar la escritura mediante la cual le cedieron el lote al Municipio dicen que no están en el negocio inmobiliario.
De hecho, en la propuesta para el Homo, IDC señala que su objeto es la “participación como inversionista o como constructora, contratista o subcontratista de proyectos de construcción de vivienda, construcción de obras civiles y toda clase de construcciones”.
Los vínculos entre las dos empresas lucen estrechos. Ambas son vecinas en el quinto piso del edificio Plaza Poblado, donde tienen sus oficinas, además para febrero de 2012 Agudelo Mesa figuraba con un 45% de las acciones de Técnicas Constructivas, pero en la siguiente acta registrada, del 2016, ya había cedido su participación. Incluso en una de las pocas asambleas de Técnicas Constructivas a la que tuvo acceso EL COLOMBIANO, el representante legal de IDC, Juan Diego Moreno, fungió como secretario.
A esas dos empresas, IDC y Técnicas Constructivas, fue a las que Luis Pérez les cedió el terreno de Aguas Vivas cuando era gobernador y ahora son ellas las que quieren que el Municipio les pague 48.000 millones de pesos por un lote en el que no se puede construir
