Quedan 15 días para que las alcaldías de Medellín y Bello, le den cumplimiento a lo dispuesto por el Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito: entregar un estudio técnico sobre las condiciones hidrológicas e hidráulicas de la quebrada La Madera y determinar las obras requeridas para atender la erosión, socavación, taludes y riesgos de inundación en las inmediaciones de la carrera 76C, entre Medellín y Bello.
El cronómetro para darle cumplimiento al fallo es solo uno de los plazos que han tenido que ver pasar frente a sus ojos los habitantes de los barrios Florencia y Santander, de Medellín, y Barrio Nuevo y José Antonio Galán, de Bello, en una puja jurídica que emprendieron en 2019.
Mediante una acción popular, que fue amparada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 27 de agosto de 2021, se concluyó que estas entidades “vulneraron los derechos colectivos a la seguridad y salubridad pública, prevención de desastres y el ambiente sano de los residentes de la franja de la quebrada La Madera”.
La decisión, sin embargo, resultó en dos incidentes de desacato. Uno de ellos, incluso, estuvo a punto de resultar en sanciones por 10 salarios mínimos a los alcaldes Daniel Quintero —Medellín— y Óscar Pérez —Bello—. “Medellín dice que es responsabilidad de Bello; este dice que es de Medellín; y el Área Metropolitana alega que solo es responsable del cuidado del agua”, expresa Juan José Largo, quien acompaña a los líderes de la zona.
La quebrada La Madera es el afluente que parte las fronteras entre la capital antioqueña y esa localidad del norte del Aburrá. Nace en el sector de San Félix y desemboca en el río Medellín. En la parte de la carrera 76C, un aguacero a final de 2021 causó estragos y, luego, comenzó a comerse la ladera.
Marina Otálvaro, Resfa Castrillón y Juan José reseñan lo que ha pasado: demolieron varias casas para comenzar con la intervención de la quebrada y declararon otras en riesgo. En total, seis familias deben desocuparse. Eso, dicen, en lo único que ha hecho la Alcaldía de Medellín: ordenar el desalojo temporal de las viviendas en riesgo.
“Me demolieron la casa y no me han dicho nada. Me tienen yendo a todo lado, con un poco de papeles. Eso fue en junio. Es la hora que no nos dan respuesta”, cuenta Ferney Alzate, quien vivía en una de las casas que fueron borradas del mapa para atender el afluente.
Pese a este drama, el Juzgado Catorce se abstuvo de mantener los incidentes de desacato. Se concluyó que pese a las demoras las entidades involucradas estaban cumpliendo el mandato judicial. Así lo sostuvieron las alcaldías de Medellín y Bello en respuesta escrita a este diario.
Evaluación de viviendas en riesgo, demolición, remoción de sedimentos y realineación del cauce se cuentan entre las acciones que Medellín ha adelantado. Bello, por su parte, respondió que las obras de protección, contención y prevención de su jurisdicción ya se encuentran en ejecución. El Área, en paralelo, dijo que no tiene responsabilidad sobre los hechos que afectan a La Madera, que su papel es de apoyo y coordinación.
El estudio y diseño de obras que ordenó el Tribunal, según ambas alcaldías, también han sido adelantados. “Se encuentran en revisión y aprobación por parte del Área Metropolitana, entidad que debe expedir los permisos de ocupación de cauce (...). Después de surtir este proceso, se deben adelantar los trámites de asignación de recursos y selección de contratistas”, dijeron desde la Alcaldía de Medellín.
Las respuestas que entregó Bello son respaldadas en la zona. Las de Medellín y el Área no convencen. Allí, comenta Resfa, hasta no ver no creer: “Hemos hecho todo por la vía legal y mire donde nos tienen. Qué están esperando: ¿qué todas las casas se nos vengan encima o que haya pérdidas humanas?”.
