La Fiscalía General de la Nación imputó este miércoles al exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero, como presunto responsable del delito de interés indebido en la celebración de contratos, en medio del proceso que se abrió desde julio pasado por la contratación de la construcción de Hidroituango. El procesado no aceptó la imputación.
El martes fueron imputados por el mismo cargo el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar; el exgerente de EPM, Federico Restrepo; y el exgerente del Idea, Álvaro Vásquez. Los tres se declararon inocentes.
“No he aceptado la imputación que se me ha hecho en la fecha. Dejo claro que mis actuaciones como Gobernador de Antioquia estuvieron presididas del ánimo de servir al departamento y al país. Debo decir que desde mi función de Gobernador, jamás vi asomo de ilegalidad con respecto al proyecto Hidroituango”, dijo Ramos Botero.
El ente responsabilizó a los exfuncionarios de haber favorecido a EPM en 2011 cuando se estructuró la firma del contrato tipo Boomt (Build, Owner, Operate, Manteining and Transfer) con el que esa entidad se quedó directamente con las obras de la hidroeléctrica.
Según argumentó el organismo, pese a ser EPM una entidad del conglomerado público de Medellín, la conducta le habría ocasionado daños a los intereses del Estado y se habría configurado en beneficio de un interés particular.
Mauricio Pava Lugo, abogado del exalcalde Salazar y el exgerente Restrepo, señaló el martes que sus representados no comparten la teoría de la Fiscalía y aseguró tener el material suficiente para probar la inocencia de ambos.
“No coincidimos con esta visión y tenemos toda la tranquilidad para comparecer frente al juez y demostrar actuaciones transparentes, coherentes. Este juicio será la oportunidad de promover un control social, técnico y transparente que en el futuro permita un acertado y adecuado ejercicio del poder punitivo”, expresó el abogado.
El caso abierto por Hidroituango está dividido en tres frentes principales. Por un lado, el ente busca establecer la responsabilidad por los daños que, a su juicio, fueron causados al Estado y otros terceros por la forma en cómo se adjudicaron las obras en 2011 a EPM.
En segundo lugar, la Fiscalía también busca dar con los responsables detrás de la construcción de la Galería Auxiliar de Desviación (GAD), que colapsó en 2018 y fue iniciado presuntamente sin contar con los permisos ambientales, según se advirtió en una auditoría realizada por la Contraloría General de la República.
En tercer lugar, por la construcción de este último túnel, la Fiscalía también plantea que la contratación que lo respaldó habría tenido múltiples irregularidades, que irían desde la presunta falta de estudios geológicos suficientes, deficiencias en los diseños, entre otros problemas.
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