Cientos de personas se reunieron ayer en el Colegio Empresarial de San Antonio de Prado. Muchos llegaron molestos, envalentonados. Dos días antes les habían notificado, vía una carta lacónica, que los 2.205 estudiantes debían recibir clases en El Inem, en El Poblado. La indignación, desde entonces, se regó por el corregimiento.
La carta la había redactado la Secretaría de Educación de Medellín, pero estaba sin firma de su titular, Alexandra Agudelo. Palabras más, palabras menos, decía que no se había llegado a un acuerdo con Coomulsap, la operadora del colegio, para comenzar el año escolar. El motivo de la disputa era económico. Coomulsap es la encargada de la operación, de administrar la nómina y atender la sede, pero los recursos son girados por la Alcaldía. O sea, es la administración pública la que paga por cada estudiante.
Cada año se hace un contrato entre las partes para definir el costo de la operación. Este año, el desencuentro entre las partes se dio por el monto, pero en realidad el problema viene de hace tiempo. En 2018, por ejemplo, el contrato tuvo un incremento del 15% con respecto al año anterior. Pero en 2019, aún con la administración anterior, comenzó el descenso. El incremento para ese año fue del 5%. En 2022, según las directivas, fue apenas del 2%.
El colegio, entonces, se ha visto en aprietos para atender a los 2.200 estudiantes. “Desde hace rato venimos con un desajuste salarial. La Alcaldía nos subía el 4%, cuando los salarios subían un 7%. Este año nos ofrecieron subir el 10%, pero es que el IPC estuvo por encima del 13%. Los salarios, por ejemplo, subieron 18%. Por eso el incremento del 10% no nos da para operar”, explicó Ómar Cano, presidente del Consejo Académico.
Ante la negativa de las directivas del colegio fue que la Alcaldía anunció, vía la carta mencionada, que los estudiantes, entonces, serían llevados al Inem, en El Poblado. Más que una negociación entre las partes, pareció una presión. La distancia entre el Colegio Empresarial y el Inem es de 13,5 kilómetros.
Esa distancia, un domingo, se puede recorrer en 28 minutos, pero en semana el tiempo es mucho mayor. San Antonio de Prado es uno de los corregimientos peor conectados, con un acceso muy complejo. La vía principal, que sube por Itagüí, tiene huecos y es un cuello de botella. “Nosotros comenzamos la jornada a las 6:00 de la mañana. De acá tendríamos que salir a las 4:30”, se quejó María Fernanda Acevedo, la personera del colegio.
Walter Sandoval, presidente del Consejo de Padres del colegio, criticó que la decisión se hubiera sabido tres días antes del inicio de las clases: “Nunca nos notificaron, siquiera. Deben pedirnos autorización para el traslado de menores de edad, cosa que no ha pasado”. Eso lo expresó ayer en la reunión, cuando se solicitaba la presencia de la Alcaldía.
Ante la presión y la vehemencia del reclamo, que se hizo al unísono en el coliseo, la Alcaldía tuvo que recular. A través de un video, pero sin firmar el nuevo comunicado, la secretaria Agudelo anunció, ayer en la noche, que llegaron a un acuerdo “después de horas de negociación”. Sin embargo, la decisión llegó tarde. Las clases no comenzarán hoy en el colegio, sino dentro de ocho días. Los estudiantes, entonces, quedaron en la mitad del lío entre las dos partes. Agudelo dijo que la semana será compensada, pero aún no se sabe en qué fecha.
La pregunta que quedó rondando es por qué se improvisó con el tema, por qué se comunicó la decisión a pocos días del inicio del año escolar.
En el Empresarial reinó la zozobra durante 72 horas. La mayoría de sus estudiantes son de estratos bajos, lo que les impide acceder a educación privada como una alternativa al cierre del colegio. Además, los dejaron sin margen para matricularse.
Otra cosa que critican las directivas del Colegio Empresarial es el gasto en transporte para llevarlos hasta El Poblado, como lo había propuesto la Alcaldía. Las cuentas, a ojo de buen cubero, es que se necesitan 55 buses diarios para transportarlos. ¿Por qué gastar este dinero, en vez de aumentar la inversión en el colegio?, se preguntaron.
Y es que mandar a los 2.205 muchachos al Inem, además de causarles un trauma a ellos, también podría ser un dolor de cabeza para los estudiantes de esa institución. “También tenemos que pensar en ellos, en que vamos a llegar a incomodarlos allá. Eso puede causar problemas”, comentó María Fernanda, la personera, durante la protesta de ayer.
El primer comunicado de la Alcaldía, en el que se negó la prestación del servicio en Prado, expresó que se intentaron todos los diálogos con el colegio, pero que no se pudo llegar a un acuerdo por “las exigencias pretendidas”. La administración dijo, además, que estuvo dispuesta a “generar todos los espacios de comunicación” y que las peticiones de las directivas del colegio no eran jurídicamente posibles de aceptar.
Queda la pregunta de si ayer, en medio de las negociaciones de última hora, se lograron arreglar las peticiones jurídicas “imposibles de cumplir”. Lo cierto es que los estudiantes estuvieron 72 horas en la zozobra de no tener colegio para 2022
