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Es poco probable que finalice con humo blanco la reunión programada para este martes entre Empresas Públicas de Medellín (EPM) y el consorcio constructor de Hidroituango –CCCI– para candidatizar posibles firmas que concluyan las obras faltantes en el complejo energético.
El encuentro fue citado en el Edificio Inteligente por la Gerencia de EPM y, hasta el cierre de esta edición, no tenía hora definida.
Ambas partes llegan con posiciones diametralmente opuestas que difícilmente se resolverían en la conversación. De hecho, no es la primera invitación en ese sentido desde que la Contraloría General de la República emitió un fallo condenatorio en primera instancia contra 26 personas y firmas –entre ellos las del consorcio CCCI: Conconcreto, Conconcreto y Camargo Correa– por su presunta responsabilidad fiscal con la pérdida de 4,3 billones de pesos en el proyecto de Hidroituango.
El alcalde, Daniel Quintero, por su parte, en su condición de presidente de la junta directiva de EPM, ha sido reiterativo en que su posición es que “paguen los responsables”, y el gerente de EPM también había conminado antes a CCCI a decir a quién se le podría ceder su contrato.
Este domingo, el representante legal de CCCI, Santiago García, le aseguró a EL COLOMBIANO que sí asistirían al encuentro, pero fue enfático en que no tienen previsto ceder el contrato ni mucho menos, en consecuencia, contestar sobre un posible sucesor.
“El Consorcio tiene toda la capacidad técnica, jurídica y financiera para terminar, y la responsabilidad de elegir quién es el constructor que termine las obras es de EPM y no de nosotros”, reiteró García.
La cita ocurre después de una semana de reiterados llamados por parte de instancias nacionales para que las decisiones de EPM no afecten el plan de que Hidroituango empiece a producir a mediados del año entrante y que no se ponga en riesgo la suficiencia energética del país.
El viernes –en sendas comunicaciones– la Superintendencia Financiera y su similar de Servicios Públicos Domiciliarios le manifestaron su preocupación al gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, y le exigieron la entrega de información al respecto con celeridad.
La inquietud principal de la Superservicios se centra en la afectación que podría traer un cambio de contratista en el cronograma para la entrada en operación de este, que sería el principal complejo energético del país. Además, coincide con la Superfinanciera en sus inquietudes acerca de los posibles efectos jurídicos, financieros y económicos de la cesión del contrato.
Ambas manifestaciones surgieron después de que se conociera que el Banco Interamericano de Desarrollo podría retirarse del proyecto entrando a cobrar de manera anticipada los 450 millones de dólares que EPM le debe por este, si hay relevo de contratista y más retrasos.
Igualmente, el presidente Iván Duque se pronunció diciendo que el proyecto no puede darse el lujo de la salida de ese organismo. “El BID genera credibilidad y confianza por sus prácticas sociales y ambientales. Su posible salida puede poner en riesgo la continuidad de la hidroeléctrica”, afirmó el mandatario.
Añadió que “poner en riesgo la ejecución del proyecto, así sea un solo día, puede tener repercusiones graves para el país. (...) Se requiere que la obra tenga continuidad. No podemos estar jugando a la incertidumbre”.
En una respuesta maratónica, el sábado a las 7:40 p.m. EPM colgó en la Información Relevante de la Superfinanciera un texto en el que habla de la posibilidad de ceder el contrato solo como algo hipotético, pero enfila toda su argumentación para explicar por qué, en su concepto, ese paso no tendría los efectos catastróficos que plantean no solo Duque, sino analistas y expertos, como la Sociedad Antioqueña de Ingenieros (SAI), la firma auditora Deloitte o los decanos de siete facultades de ingeniería de Antioquia. Además, defiende su legalidad.
“A juicio de EPM, la cesión contractual es una institución corriente dentro de la contratación pública y privada que permite que las partes del contrato puedan sustituirse por terceros que continúen la ejecución de sus obligaciones. Los contratos actuales del proyecto no son la excepción”, anotó.
El texto aclara que EPM no ha recibido ninguna notificación del BID en el sentido de que no vaya a seguir financiando Hidroituango y que “el contrato de crédito no incluye obligaciones por parte de EPM de mantener o no una firma contratista específica”.
CCCI, que ha pedido que le aclaren por fin si continúa más allá de la fecha en que se vence el actual contrato –el 31 de diciembre próximo– no estaría dispuesto a dar su brazo a torcer y se ha sentido fortalecido por los anteriores pronunciamientos.
“Tenemos todas las capacidades técnicas, jurídicas y económicas para continuar y es responsabilidad de EPM elegir quién continúa las obras”, le dijo su representante a este diario.
Así mismo, explicó que aún si se diera un fallo adverso en segunda instancia, que sale de la misma Contraloría, si se paga la sanción pecuniaria, la ley no obliga a renunciar a la ejecución del contrato o cederlo.
“Además, contra ese fallo, si se llega a dar, existen todavía muchas otras acciones jurídicas que lo pueden dejar sin efecto”, precisó.
Una fuente conocedora del tema –consultada por EL COLOMBIANO– señaló que EPM y sus directivos actuales podrían ponerse en la mira también del Procuraduría debido a que el contrato con CCCI indica que la continuidad o no del contratista debe anunciarse con seis meses de anticipación, pero estando a 67 días aún no se define.
“Ahí hay una omisión y la Procuraduría simplemente está monitoreando, haciendo seguimiento; y si esto deriva en inconvenientes, como seguramente va a ocurrir, que den lugar a mayor atraso y exponer al país a racionamiento o aumento de tarifas, tendría todos los argumento para entrar a actuar”, sostuvo.
Una instancia que hasta ahora ha sido flexible con EPM al extenderle el plazo para comenzar a generar hasta julio del 2022 es la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), pero de no cumplir podría significar otra amenaza de multas onerosas que afectarían sus finanzas.
Y la cereza del dilema de EPM para culminar a tiempo Hidroituango librándose de las dudas actuales que contra ella pesan es el levantamiento de la sanción de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales que le prohibió acometer obras nuevas en el complejo hidroeléctrico después de la contingencia de abril de 2018.
El levantamiento del ‘castigo’ depende de un estudio de auditoría que, luego de varios retrasos, debe entregar EPM el próximo mes. Y fuentes conocedoras del tema indican que a partir de ese momento la determinación de la ANLA suele demorarse mínimo tres meses