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Antioquia | PUBLICADO EL 25 octubre 2021

EPM y consorcio se ven las caras en una cita de difícil pronóstico

  • CCCI pide que le confirmen ya si continúa o no como contratista después del 31 de diciembre. FOTO Juan Antonio Sánchez
    CCCI pide que le confirmen ya si continúa o no como contratista después del 31 de diciembre. FOTO Juan Antonio Sánchez
  • CCCI pide que le confirmen ya si continúa o no como contratista después del 31 de diciembre. FOTO Juan Antonio Sánchez
    CCCI pide que le confirmen ya si continúa o no como contratista después del 31 de diciembre. FOTO Juan Antonio Sánchez

Ambas partes mantienen posiciones diametralmente opuestas sobre la cesión del contrato de Hidroituango.

Es poco probable que finalice con humo blanco la reunión programada para este martes entre Empresas Públicas de Medellín (EPM) y el consorcio constructor de Hidroituango –CCCI– para candidatizar posibles firmas que concluyan las obras faltantes en el complejo energético.

El encuentro fue citado en el Edificio Inteligente por la Gerencia de EPM y, hasta el cierre de esta edición, no tenía hora definida.

Ambas partes llegan con posiciones diametralmente opuestas que difícilmente se resolverían en la conversación. De hecho, no es la primera invitación en ese sentido desde que la Contraloría General de la República emitió un fallo condenatorio en primera instancia contra 26 personas y firmas –entre ellos las del consorcio CCCI: Conconcreto, Conconcreto y Camargo Correa– por su presunta responsabilidad fiscal con la pérdida de 4,3 billones de pesos en el proyecto de Hidroituango.

El alcalde, Daniel Quintero, por su parte, en su condición de presidente de la junta directiva de EPM, ha sido reiterativo en que su posición es que “paguen los responsables”, y el gerente de EPM también había conminado antes a CCCI a decir a quién se le podría ceder su contrato.

Este domingo, el representante legal de CCCI, Santiago García, le aseguró a EL COLOMBIANO que sí asistirían al encuentro, pero fue enfático en que no tienen previsto ceder el contrato ni mucho menos, en consecuencia, contestar sobre un posible sucesor.

“El Consorcio tiene toda la capacidad técnica, jurídica y financiera para terminar, y la responsabilidad de elegir quién es el constructor que termine las obras es de EPM y no de nosotros”, reiteró García.

Llamados reiterados

La cita ocurre después de una semana de reiterados llamados por parte de instancias nacionales para que las decisiones de EPM no afecten el plan de que Hidroituango empiece a producir a mediados del año entrante y que no se ponga en riesgo la suficiencia energética del país.

El viernes –en sendas comunicaciones– la Superintendencia Financiera y su similar de Servicios Públicos Domiciliarios le manifestaron su preocupación al gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, y le exigieron la entrega de información al respecto con celeridad.

La inquietud principal de la Superservicios se centra en la afectación que podría traer un cambio de contratista en el cronograma para la entrada en operación de este, que sería el principal complejo energético del país. Además, coincide con la Superfinanciera en sus inquietudes acerca de los posibles efectos jurídicos, financieros y económicos de la cesión del contrato.

Ambas manifestaciones surgieron después de que se conociera que el Banco Interamericano de Desarrollo podría retirarse del proyecto entrando a cobrar de manera anticipada los 450 millones de dólares que EPM le debe por este, si hay relevo de contratista y más retrasos.

Igualmente, el presidente Iván Duque se pronunció diciendo que el proyecto no puede darse el lujo de la salida de ese organismo. “El BID genera credibilidad y confianza por sus prácticas sociales y ambientales. Su posible salida puede poner en riesgo la continuidad de la hidroeléctrica”, afirmó el mandatario.

Añadió que “poner en riesgo la ejecución del proyecto, así sea un solo día, puede tener repercusiones graves para el país. (...) Se requiere que la obra tenga continuidad. No podemos estar jugando a la incertidumbre”.

A contrarreloj

En una respuesta maratónica, el sábado a las 7:40 p.m. EPM colgó en la Información Relevante de la Superfinanciera un texto en el que habla de la posibilidad de ceder el contrato solo como algo hipotético, pero enfila toda su argumentación para explicar por qué, en su concepto, ese paso no tendría los efectos catastróficos que plantean no solo Duque, sino analistas y expertos, como la Sociedad Antioqueña de Ingenieros (SAI), la firma auditora Deloitte o los decanos de siete facultades de ingeniería de Antioquia. Además, defiende su legalidad.

“A juicio de EPM, la cesión contractual es una institución corriente dentro de la contratación pública y privada que permite que las partes del contrato puedan sustituirse por terceros que continúen la ejecución de sus obligaciones. Los contratos actuales del proyecto no son la excepción”, anotó.

El texto aclara que EPM no ha recibido ninguna notificación del BID en el sentido de que no vaya a seguir financiando Hidroituango y que “el contrato de crédito no incluye obligaciones por parte de EPM de mantener o no una firma contratista específica”.

CCCI, que ha pedido que le aclaren por fin si continúa más allá de la fecha en que se vence el actual contrato –el 31 de diciembre próximo– no estaría dispuesto a dar su brazo a torcer y se ha sentido fortalecido por los anteriores pronunciamientos.

“Tenemos todas las capacidades técnicas, jurídicas y económicas para continuar y es responsabilidad de EPM elegir quién continúa las obras”, le dijo su representante a este diario.

Así mismo, explicó que aún si se diera un fallo adverso en segunda instancia, que sale de la misma Contraloría, si se paga la sanción pecuniaria, la ley no obliga a renunciar a la ejecución del contrato o cederlo.

“Además, contra ese fallo, si se llega a dar, existen todavía muchas otras acciones jurídicas que lo pueden dejar sin efecto”, precisó.

Una fuente conocedora del tema –consultada por EL COLOMBIANO– señaló que EPM y sus directivos actuales podrían ponerse en la mira también del Procuraduría debido a que el contrato con CCCI indica que la continuidad o no del contratista debe anunciarse con seis meses de anticipación, pero estando a 67 días aún no se define.

“Ahí hay una omisión y la Procuraduría simplemente está monitoreando, haciendo seguimiento; y si esto deriva en inconvenientes, como seguramente va a ocurrir, que den lugar a mayor atraso y exponer al país a racionamiento o aumento de tarifas, tendría todos los argumento para entrar a actuar”, sostuvo.

Una instancia que hasta ahora ha sido flexible con EPM al extenderle el plazo para comenzar a generar hasta julio del 2022 es la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), pero de no cumplir podría significar otra amenaza de multas onerosas que afectarían sus finanzas.

Y la cereza del dilema de EPM para culminar a tiempo Hidroituango librándose de las dudas actuales que contra ella pesan es el levantamiento de la sanción de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales que le prohibió acometer obras nuevas en el complejo hidroeléctrico después de la contingencia de abril de 2018.

El levantamiento del ‘castigo’ depende de un estudio de auditoría que, luego de varios retrasos, debe entregar EPM el próximo mes. Y fuentes conocedoras del tema indican que a partir de ese momento la determinación de la ANLA suele demorarse mínimo tres meses

Textualmente

¿QUO VADIS CUM EPM, CARRILLO?

Luis Guillermo Vélez
Economista

Duros, durísimos, han sido los últimos días del señor Jorge Carrillo, inopinado gerente de EPM. Su calvario empezó con la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia de declarar nulo su nombramiento por presunta inhabilidad. Luego vino la carta del consorcio constructor de Hidroituango en la que se niega a la cesión del contrato, pedida por EPM, por no estar incurso en ninguna inhabilidad que lo obligue a ello, y en la que lo conmina a tomar decisión sobre la continuidad del contrato que vence el 31 de diciembre. Finalmente, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios le hace un perentorio requerimiento de información sobre las consecuencias de la cesión del contrato y el eventual retiro del BID de la financiación del proyecto.

No la tiene fácil el señor Carrillo. Es claro que aún si el consorcio CCC facilitara las cosas, la entrada de cualquier contratista sustituto atrasaría el proyecto por lo menos un año. Con ese retraso, EPM perdería US$ 650 millones por las asignaciones de ENFICC que dejaría de recibir en los próximos años, más unos US$ 300 millones por la energía que dejaría de producir y vender en un año, más US$ 211 por las garantías que se ejecutarían por el incumplimiento con el mercado. En total unos US$ 1211 millones, que, a un tipo de cambio COP/US$ 3750, equivalen a poco más de 4.3 billones de pesos. El señor Carrillo debería recordar que él es quien firma y que mañana no podrá salir a decir que sacó a los contratistas, causando ese monstruoso detrimento fiscal a EPM, porque ese era el querer del alcalde. Está probado que el alcalde tiene su mente blindada contra cualquier argumentación racional y razonable y que, por ello, no se detendrá ante ninguna insensatez. Pero el señor Carrillo si puede hacerlo, le convendría hacerlo, por EPM, por Medellín, por el país.

Contexto de la Noticia

ANTECEDENTES “disponemos de 4,6 billones”: epm

En su respuesta a la Superintendencia Financiera, EPM aseguró que posee un buen nivel de liquidez y una caja sólida apalancados en “los positivos resultados operacionales presentados en lo corrido de la actual vigencia”, y añadió que cuenta con el equivalente de efectivo de 4,6 billones de pesos. Se prevé que este lunes la empresa conteste las inquietudes de la Superservicios, que le pidió aclarar qué análisis de riesgos tendría frente a un posible cambio en el cronograma de las obras faltantes en el complejo de Hidroituango y acerca del cumplimiento de las obligaciones de suministro de energía en el país. Está previsto que las dos primeras turbinas de la hidroeléctrica comiencen a funcionar a mediados del año entrante.

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