En una encerrona, con un futuro muy complejo, está la posibilidad de vender las acciones que EPM tiene en Tigo. A pesar de los portazos recibidos en el Concejo, EPM se levantó de nuevo para dar la batalla y enfiló toda su artillería técnica, jurídica y política también.
Ayer, en una rueda de prensa de más de una hora, el gerente Jorge Andrés Carrillo culpó a los concejales de la imposibilidad de la enajenación de las acciones. Además de espacio informativo, fue escenario de críticas y presiones a la corporación. El ambiente sigue caldeado.
La rueda de prensa se programó para un día después del no definitivo que el Concejo le dio a EPM. Este jueves, la plenaria hundió el proyecto de acuerdo que ya había tenido un revés en la Comisión Segunda. El llamado a los medios tuvo como pretensión, entonces, dar a conocer la postura de la empresa frente a la negativa, pero también meter presión a los corporados.
Carrillo cuestionó la decisión del Concejo señalando que había sido política y no técnica. Para rematar, dijo que los concejales decían una cosa en privado y votaban de otra manera. “Uno se somete a las reglas de juego, pero es doloroso ver cómo se juega con el patrimonio de los medellinenses, cómo con argumentos de desconfianza se ponen en riesgo $2,5 billones y lo disfrazan diciendo que lo público se respeta. Si me toca ir al Concejo 10 veces a oír mentiras, a recibir insultos, lo voy a hacer”, declaró el gerente.
Acá viene el meollo de todo este asunto. Carrillo dijo que la no aprobación en el Concejo podría acarrear un detrimento patrimonial de $2,5 billones, en lo que están estimadas las acciones.
El punto es que se deben enajenar antes de 2024, cuando se vence la póliza de protección al patrimonio público. Si eso pasa, comentó el gerente, las acciones perderían casi todo su valor. Activar la cláusula tarda unos 18 meses, lo que hace que el trámite sea apremiante.
Por eso la insistencia de EPM y la presión que está intentando meter al Concejo. De hecho, la estrategia ha cambiado. Cuando el primer proyecto de acuerdo que pretendía vender las acciones se hundió, el año pasado, se ocultó la finalidad de los recursos. EPM no fue clara sobre en qué se invertiría la plata resultante de la venta. Después, el alcalde Daniel Quintero dijo que la plata sería utilizada para “salvar” Hidroituango.
Pues bien, en el proyecto de acuerdo que se cayó se decía que los recursos irían al plan de inversiones de EPM. Y ayer el gerente anticipó que ahora sí darán a conocer el detalle de cómo se gastarán esos $2,5 billones.
“Vamos a dar a conocer a la opinión pública cómo se invertirían los recursos, en qué comunidades (...) Que los ciudadanos también presionen a los concejales para que respeten su patrimonio público”, afirmó el gerente. A renglón seguido remató: “El Concejo está impidiendo la inversión en nuestro territorio, en Medellín, para la gente que no tiene servicios”.
Lo relevante ahora es qué va a hacer EPM. El gerente dijo, con ambigüedad, que acudirá de nuevo al Concejo; la única opción que le queda por esa vía es presentar un nuevo proyecto de acuerdo y mantener la presión política. Y, si eso no funciona, dijo, se verán obligados a contemplar salidas “extremas” que no quiso revelar.
Concejales responden
Daniel Duque, concejal que votó negativo al proyecto de acuerdo, dijo que no le extraña la presión de EPM, pues considera que esta Alcaldía ha operado así desde que comenzó. “Yo no sufro por eso. Es lo que ya ha hecho esta administración poniéndonos tutelas y metiendo presión. La decisión que tomamos es política, claro, pero también técnica y jurídica”, comentó Duque.
Sebastián López, del Centro Democrático, también reaccionó: “El gerente de EPM nos amenazó públicamente a los concejales. No le tenemos miedo a él ni al alcalde”.
Habrá que esperar si la presión de EPM hace mella en caso de que vuelva a intentarlo en el Concejo.
