Cuando Bernardo Alejandro Guerra Hoyos habla da nombres y datos sobre lo que pareciera ser un bajo mundo de la política en Antioquia. Ya trajinado en el mundo de la denuncia, suele citar expedientes y fallos para sustentar su señalamientos. Después de sobrevivir a once denuncias, las número 12 le acabó, por ahora, su carrera política. La razón: votó un proyecto de acuerdo que beneficiaba a las más de 40.000 víctimas de las estafas inmobiliarias y de los “edificios enfermos”, entre ellas su hija.
¿Por qué perdió la
investidura?
“Es un fallo del Consejo de Estado que determina parcialmente mi muerte política, que significa no volver a cargos de elección popular a nivel municipal y departamental. He dado una lucha frontal contra la corrupción siendo diputado, senador y concejal durante los últimos 25 años, lo que me ha acarreado problemas. Hice un debate en el Concejo de Medellín, que se denominó el ‘barril de los puercos’, con información muy grave sobre una estructura criminal en Indeportes. Dos días antes del debate, mi padre me dijo que había recibido llamadas advirtiéndole que yo no hiciera el debate porque acabarían con mi familia. Una llamada similar a la que nos hicieron cuando revelé que el entonces contralor de Antioquia Sergio Zuluaga se había robado 1.200 m2 del lote del edificio Space, porque vivía en una unidad contigua”.
¿Entonces esos dos debates lo acabaron a usted?
“No. Fueron amenazas previas, intimidaciones de toda clase y una amalgama de ataques que finalmente constituyeron una coreografía jurídica montada por los corruptos que he denunciado durante tantos años. El excontralor Sergio Zuluaga, por ejemplo, tras el debate me envió un emisario, un “empresario”, Alejandro Villa Sánchez, para persuadirme de dejar tranquilo al contralor y me hace ofrecimientos que no acepté desde ningún punto de vista”.
¿Y qué le ofreció?
“Cargos, contratos y que él me ayudaba. Básicamente que no atacara a Sergio Zuluaga, quien era la cabeza visible de lo que la Fiscalía llamó Contraloría de Bolsillo. Porque Zuluaga tenía título falso de doctorado avalado por un taxista de Itagüí y también protagonizó el escándalo de las cirugías plásticas en el hospital La María. Entonces el emisario de Zuluaga me pide que no lo denuncie porque él va a acabar con Sergio Fajardo, quien había dejado el año anterior el cargo de gobernador. Ese fue el mensaje. Yo le respondo que esa no es mi forma de hacer política y les informé a las autoridades en ese momento. La reunión con Alejandro Villa se realizó en un club de la ciudad y había allí otra persona que puede ser testigo. Y tengo que decir que todos los que están detrás de la denuncia que falló el Consejo de Estado, que me quita la investidura, coincidencialmente acompañan a Daniel Quintero”.
¿Pero el excontralor Zuluaga está absuelto o no?
“No. Zuluaga fue suspendido inicialmente por su título falso por 10 meses, que parece ridículo que con un título falso hubiese vuelto al cargo a seguir desempeñándose como contralor del departamento. Recientemente la Procuraduría lo sanciona también 6 meses con inhabilidades y suspensión del cargo porque utilizó una institución pública, el Hospital La María, para hacerse un embellecimiento ilícito. En lo penal, la Fiscalía deja vencer los términos de su medida de aseguramiento pero sigue vinculado a varios procesos. Él estuvo dos años viviendo en Karibana, Cartagena, en casa por cárcel, en un resort con canchas de golf, canchas de tenis, restaurantes internacionales y con 4 km de playa. Se vencen los términos y el señor sale impunemente, justo ahora cuando están eligiendo contralores en Antioquia, Medellín, Itagüí, Bello y Envigado y varios de sus pupilos están participando en esos procesos para asumir la titularidad de las contralorías”.
¿Cómo es eso de quedarse con las contralorías?
“La contralora de Medellín, Diana Carolina Torres, la que vigila a Daniel Quintero, quedó en la terna en el concurso de la Contraloría de Bello. Y la que ganó la Contraloría de Antioquia, que finalmente la inhabilitaron, Carmen Escobar, era la mano derecha de Sergio Zuluaga en la Contraloría de Bolsillo. Es otro entramado de corrupción, las contralorías que no buscan destapar la corrupción sino taparla. La recién elegida contralora de Antioquia, Enedith del Carmen González, que viene de ser la contralora de Itagüí, era la directora Administrativa de la Contraloría de Sergio Zuluaga y su esposo director del Hospital Departamental San Rafael de Itagüí con múltiples denuncias por parte de sus empleados, contratistas y usuarios”.
¿Y en qué terminó el debate del ‘barril de los puercos’?
“Estos dos debates, el ‘barril de los puercos’ en Indeportes y la Contraloría de bolsillo, estaban ligados. Entre el contralor Sergio Zuluaga y Luis Felipe Jiménez Oviedo, que trabajaba en Indeportes como subgerente de Altos Logros, estaban desangrando el departamento. La Asociación de Empleados del Departamento y yo se lo advertimos por escrito al gobernador Luis Pérez. Por ese caso fue condenado a 10 años de cárcel Luis Felipe Jiménez, él confiesa ante la Fiscalía la conformación de una organización criminal, por lo que le disminuyen la pena a 5 años, pero luego de cumplir dos años en la cárcel de Yarumito es enviado a su domicilio para completar la pena y hoy disfruta del botín que se calcula es superior a los 25.000 millones de pesos en diferentes convenios con Fedelian”.
¿Cómo operaba esa red?
“Uno de los tentáculos es Indeportes, donde Luis Felipe Jiménez Oviedo, que era subgerente, le indicaba a la contraloría de Zuluaga cuáles contratos y convenios se debían auditar dejando por fuera los que hacían parte del botín. Eso es lo que corrobora la Fiscalía y por eso la bautiza la Contraloría de Bolsillo aunado a otro caso emblemático como el del municipio de Barbosa donde también hubo capturas y condenas como lo denunció EL COLOMBIANO. El ‘barril de los puercos’ manejó a su antojo contratos como el del Central Park, las ciclorrutas en Antioquia, de canchas sintéticas en municipios, la nómina fantasma de técnicos... con decir que ellos aceptaron que se robaron $5.000 millones de un solo convenio de $11.000 millones para técnicos y monitores, que resultaron ser fantasmas, ya se podrá imaginar cuánto se robaron en lo que no confesaron”.
¿Quién lo acepta?
“Luis Felipe Jiménez Oviedo, quien dice ser primo del contralor Zuluaga, que le tocaba auditar y nunca lo auditó, bueno, es que nunca auditaba. Lo que hacía era chantajear al funcionario con la estrategia que ellos denominaban dóberman y pincher, o sea, te mando el dóberman si no me llevas en el esquema de corrupción, o el pincher para hacerte suavecito”.
¿Entonces el único que pagó cárcel fue Jiménez Oviedo?
“Los otros han estado privados de la libertad, pero dejaron vencer términos. Son cinco en total. Pero había 69 imputados y se paró el caso en la Fiscalía. Como que quedaron contentos con los $5.000 millones que confesaron, pero lo más aberrante es que de esa plata solo han devuelto $27 millones. ¡Así vale la pena robar!. Todo lo que estamos hablando ocurrió en la Gobernación de Luis Pérez, y lo triste es que más de 50 de sus funcionarios de alto nivel están manejando presupuesto y nóminas en la alcaldía de Daniel Quintero, varios de ellos vinculados por acción u omisión con los hechos de corrupción que denuncié como concejal de Medellín. La historia me está dando la razón con mis denuncias: miren lo que está pasando en el Central Park con pérdidas de más de $120.000 millones o las ciclorrutas abandonadas, especialmente la del Oriente. En retaliación de mis denuncias unas estructuras criminales y corruptas se unificaron”.
¿Cómo así que se unificaron?
“Montaron 12 cargos en mi contra en una sola demanda en el Tribunal Administrativo de Antioquia y le correspondió la ponencia al magistrado Zambrano, de Pasto. Me citan para ir al Tribunal. Y cuando iba hacía allá me dicen mis abogados que en la audiencia, en la tribuna, estaban representantes de los falsos cirujanos plásticos que yo había denunciado por homicidio, como Carlos Ramos Corena quien pagó en los Estados Unidos una fianza de medio millón de dólares por la muerte de una puertorriqueña y recientemente fue condenado por la muerte de la odontóloga Tatiana Posada. La propietaria de la Clínica de garaje Alameda que operaba ilegalmente en la comuna de Belén, cerrada en varias oportunidades por las autoridades y denunciada por el propietario de la casa, exfuncionarios de la estructura del ‘carrusel de la salud’ en Antioquia, algunas personas cercanas a los estafadores inmobiliarios, denunciados en el Concejo como Pedro Arenas, Jorge Wilson Patiño Toro (Invernorte), Ignacio Galeano, los hermanos Chica Gutiérrez; Orlando Gómez Botero, padre del actual presidente del Senado, que fue condenado a 8 años por la Corte Suprema por robo de tierras. También había funcionarios de Indeportes y del Hospital La María. Cuando me enteré consideré que no era el escenario para ir. Desde ese momento me pareció tan extraño, que todos aquellos que he denunciado, aquí se unificaron en lo que he llamado el montaje de una ‘coreografía jurídica’ para hacer una bolsa para demandarme y sacarme del ruedo político con 12 cargos en una misma denuncia de los cuales fueron desvirtuados hasta el momento once”.
¿Qué sucede después de eso?
“La Procuraduría pide que por los 12 casos se me quite la investidura, lo que consideran muchos abogados absurdo. El magistrado Zambrano determina que solo sobre cinco de ellos deben darme la pérdida de investidura y luego la ponencia es llevada a la sala Plena. El día de la decisión de primera instancia, tres magistrados se incapacitan, cuatro votan negativamente la ponencia y 8 de 15 votan por la pérdida de investidura sobre dos temas: Un supuesto conflicto de intereses y adujeron que sobrepasé el tope de las campañas con $40 millones entregados por la Corporación Centro de Estudios por Medellín que recogió las donaciones de varios particulares, como consta en el fallo. Ilógico”.
¿Por qué ilógico? ¿Así sea por 40 millones si está por fuera del tope no es legal?
“No. No superamos el tope. Mi gasto fue de 130 millones. El tope autorizado de campaña eran 365 millones. La corporación recibía las donaciones de particulares y ninguna superó los 10 millones. El Consejo de Estado desestimó esa denuncia y en realidad me quitan la investidura por una sola de las 12 denuncias”.
¿Y cuál es el caso?
“Dicen que mi hija se benefició al votar yo un estatuto tributario que en uno de sus artículos exoneraba a quienes habían sido afectados por la estafa inmobiliaria, la de los ‘edificios enfermos’. Como usted sabe son más de 40.000 personas afectadas, más de 4.500 familias, y la idea de la norma era que no se les cobrara predial ni valorización teniendo en cuenta que ninguno de ellos se enriqueció ni le hizo daño a las arcas del Municipio de Medellín y por el contrario eran víctimas”.
¿Es decir, su hija vivía en uno de los edificios que tuvieron problemas?
“Mi hija aún tiene una deuda con una entidad bancaria a quince años, por un apartaestudio de 40 metros cuadrados de los cuales ella figura como propietaria del 50 % en el edificio Asensi, que fue evacuado por orden del Municipio de Medellín, después de hacer la implosión de Space, y demostrarse las deficiencias estructurales que los hacían inhabitables”.
¿Pero el Concejo aprobó ese estatuto y usted votó a favor?
“Yo integraba unas comisiones accidentales desde 2009, cuatro años antes de la tragedia de Space, para la defensa de las víctimas de la mega estafa inmobiliaria. En esas comisiones se denunciaron muchas irregularidades e ilegalidades, tanto que el director de Planeación en la administración de Aníbal Gaviria denunció en la Fiscalía más de 100 constructoras que estaban en la estafa inmobiliaria, muchas de ellas prestadas al lavado de activos para organizaciones criminales. Esa es la verdad”.
¿Volvamos al tema, en qué momento aprueba usted ese acuerdo que lo afecta por conflicto de intereses?
“En una de las comisiones donde era libre y voluntaria la participación se hicieron presentes muchas de las víctimas de CDO que entre otras cosas solicitaron a la alcaldía la exoneración del pago del impuesto predial y la contribución de valorización por el hecho de estar evacuados de sus propiedades. Es que es una calamidad pública, es una estafa inmobiliaria, afecta a muchas personas. Que una hija mía tenga un apartaestudio de 40 metros, en compañía, solo de ella 20m2, ¿en qué se va enriquecer si no tiene dónde vivir? Ella vive hoy en arriendo y con una deuda de un apartamento que no puede usar y solo le genera gastos y problemas. Sin posibilidades laborales porque también está estigmatizada. Ese proyecto de acuerdo fue idea de Aníbal Gaviria, que vio la necesidad de que las víctimas de todos los edificios enfermos evacuados no pagaran por un tiempo prudencial o diferir el pago, porque no tienen ni como alquilar. El proyecto de acuerdo lo presentan en 2017, cuatro años después del derrumbe de Space, en el cual se exonera por cinco años a las víctimas como compensación a un daño donde el Estado también tuvo una alta responsabilidad”.
¿Qué sucede entonces en el debate?
“El presidente Fabio Humberto Rivera, por el interés que he tenido en los casos de estafa inmobiliaria, me pide que sea el coordinador de ponentes, y le digo que no, porque tengo una hija que es una de las víctimas de estafas inmobiliarias. Me abstengo de asistir y votar en primero y segundo debate. No voté. Pero ¿qué sucedió? que después de dos años se presenta el Estatuto Tributario, que es una norma marco, que nos cobija a todos en la carga impositiva en Medellín. Este fallo en contra mía va a poner en calzas prietas a concejales, a diputados, congresistas, porque nadie va a poder votar cargas impositivas y la exoneración, porque todos tienen propiedades o familiares con propiedades. Aquí estábamos hablando de una calamidad pública, no de un beneficio particular. Entonces se inicia el debate y, consulto con mis abogados y con los de la corporación, si tengo algún impedimento o conflicto de intereses siendo este un tema de interés general. Y dicen que no. Pero el fallo del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo no lo consideraron así. No tengo ningún reparo en cuanto a los magistrados, pero sí tengo dudas de qué hay detrás de esta persecución de terminar con alguien que políticamente ha confrontado estructuras criminales relacionadas con la clase política, con los organismos de control, con funcionarios públicos y con el narcotráfico en este tema”.
¿Qué otros casos de conflicto de intereses similares al suyo se han analizado en el Concejo?
“En la discusión del Estatuto Tributario el alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, presentó un posible impedimento para aprobación de exoneraciones por ser su padre Guillermo Gaviria presidente de la Junta Directiva de la Cooperativa Colanta, la respuesta de la Procuraduría fue que no había conflicto de intereses porque las cooperativas a exonerar eran muchas, lo mismo sucedió con el exconcejal Jefferson Miranda, cuyo padre era socio de la Constructora Amiga que serían exonerados durante 10 años del pago de algunos impuestos a lo cual la Procuraduría respondió que no era la única constructora de Vivienda de interés prioritario que se iba a beneficiar y que por lo tanto no había conflicto de intereses. También está el caso del actual diputado y exconcejal de Medellín Santiago Martínez quien solicitaba conceptos en la votación del incremento salarial anual porque su esposa era funcionaria de una entidad adscrita al Municipio de Medellín, impedimento que era negado porque los beneficiados eran muchos empleados. Por lo anterior considero que es injusto y es una sanción contraria a mis derechos y a todos los antecedentes conocidos en la materia, pues acá no se presentó ningún beneficio particular y todas mis actuaciones estuvieron dirigidas hacia el interés general y confío en que ese cargo, que es el último que nos falta por desvirtuar, sea revisado por la Sala Plena del Consejo de Estado a través de varios recursos judiciales que aún tenemos”.
En esta entrevista hace muchas acusaciones, ¿es consciente que eso le puede acarrear nuevos problemas?
“Pues es que esa es la realidad. El más odiado y el más perseguido, es el que tiene la verdad. E insisto llevo 25 años asumiendo todo tipo de riesgos en lo personal y familiar”.’
¿Con todo esto, ha tenido dificultades en su seguridad?
“Sí, muchísimas. He tenido varios atentados, múltiples amenazas e intimidaciones permanentes. La UNP lo sabe, la Fiscalía lo sabe, el Ministerio de Defensa y el del Interior lo saben. Lo último que me dejaron hace año y medio fue un paquete en la portería de la casa, un conejo embalsamado lleno de balines, además el derrumbamiento de los postes del alumbrado público cercano a mi residencia así como los cables de telefonía e internet. Empezaba entonces el gobierno de Daniel Quintero y yo a hacer las denuncias y a decir que lo que se iba a montar en Medellín es una estela de corrupción inmensa, y se está demostrando. Antes Daniel Quintero tenía un escándalo mensual, pasó a ser uno semanal y ya vamos en uno o dos diarios porque todo ese esquema de corrupción que ha querido asesinarme, que ha querido violentar los derechos de mi familia, es el que está respaldando al alcalde de Medellín. Pues a mí que me saquen del ruedo político, no está siendo justa la ley, pero el mayor riesgo es para la ciudad. Desde el Concejo lo advertí antes de culminar mi periodo como concejal en el 2019: ¨ojo pues, ganó Daniel Quintero, viene una mala noche para la ciudad¨. Y puse un ejemplo: va a ser nombrado como director administrativo del Área Metropolitana, para manejar más de dos billones en los cuatro años, quien fue el gerente de la campaña al Senado de Musa Besaile en Antioquia, Álvaro Villada. Y ahí está. Por lo anterior se pagó desde Telemedellín mi perfilamiento y de otros opositores contratando a la empresa del padrastro y de la madre de los hermanos César y Darío Amar, hoy funcionarios vinculados uno como vicepresidente de EPM y el otro como miembro de junta de la Agencia de Alianzas Público Privadas con injerencia en las decisiones de Empresas Varias de Medellín, Ruta N y Afinia filial de EPM en la Costa Caribe”
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