Entre los siete jóvenes que serán liberados a través de la figura de voceros de paz —propuesta confirmada este viernes por el gobierno de Gustavo Petro— hay dos de Medellín: se trata de Juan Sebastián Galeano Correa y Laura Camila Ramírez Enciso, ambos en reclusión domiciliaria.
El primero, en calidad de sindicado, no supera los 23 años. Según su familia, ha estudiado tres semestres de informática musical y producción en el Instituto Metropolitano de Medellín (ITM). Además, ha liderado varios procesos en su comunidad.
“Ha sido líder estudiantil de diferentes instituciones, artista de comparsas y miembro de la JAC de su comuna, el Doce de Octubre”, sostuvo el Ministerio de Justicia, en cabeza de Néstor Osuna. Sebastián, en palabras de sus familiares, también ha participado en actividades de impacto ambiental, ha sido miembro de grupos scout y de gestión de rescate animal.
Laura Camila, por su parte, tiene 25 años. Es graduada de contaduría pública y, como Sebastián, está en detención domiciliaria como sindicada. Ha acompañado procesos de movilización social, dicen sus familiares, apoyando labores de primeros auxilios de la misión médica. “Se ha destacado en la lucha contra el hambre en Medellín”.
Una tercera persona, identificada como Adriana Esperanza Bermeo Súa, también se encuentra en Medellín. La joven está detenida en la cárcel El Pedregal y es oriunda de Bogotá. Ha dedicado su vida a la defensa de los animales. Le gusta el maquillaje artístico, pintar murales y dibujar. Es defensora de los derechos humanos, según reseñó el gobierno.
“Adriana es una líder comunitaria de nuestro territorio donde desarrolla hace cinco años, en niños niñas y adolescentes formación en prácticas deportivas y artísticas en el marco de la metodología convivencial”, expresaron desde la Junta de Acción Comunal de su barrio.
Sebastián, Laura Camila y Adriana se suman a otros cuatro nombres que serán liberados en esta primera tanda. Se trata de Arles Andrés Bolaños Zemanate, Santiago Márquez Charris, Laura Camila Ramírez Enciso, Álvaro Andrés Duque Ruiz y Bremmen Hinestroza. Los siete que recibirán este aguinaldo serían integrantes de organizaciones sociales y no de bandas criminales, según sostuvo el Ministerio de Justicia.
Entre sus tareas, una vez sean liberados, estos jóvenes deberán “comprometerse a no cometer ningún tipo de conducta que atente contra otra persona”. Además, tendrán que acompañar procesos de desescalamiento de la conflictividad social, reconciliación y de la construcción de paz.
Sus capturas e investigaciones tienen lugar por supuestos delitos cometidos durante las manifestaciones del Paro Nacional en 2021. Concierto para delinquir, tenencia de objetos y sustancias peligrosas, lanzamiento de objetos, violencia contra servidor público, invasión de bien inmueble, perturbación en servicio de transporte público y obstrucción de vías públicas se cuentan entre los delitos que se les endilgan.
La liberación y el rol de voceros de paz no implica la suspensión de sus procesos judiciales y deberán atender todas las diligencias judiciales a las que sean citados. El amparo, además, terminará si cometen cualquier actividad delictiva, incumplen con su proceso o infringen sus obligaciones como voceros de paz.
