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El aporte que han hecho los municipios del Oriente antioqueño para la generación de energía con la riqueza hídrica de su jurisdicción es incuestionable. Un billón de pesos, esa es la cifra que produjo el Oriente por los megavatios generados en 2021, según la tabla de costos de energía de la Creg.
Por eso, sin importar el nombre o el partido político, los alcaldes y concejales de los municipios en zona de embalses (Alejandría, San Carlos, San Rafael, Concepción, Guatapé, El Peñol, Granada y San Vicente Ferrer), han reclamado desde hace décadas que la compensación que por ley tiene que entregar EPM a los territorios es insuficiente.
La semana pasada la empresa informó que en el primer semestre de este año giró 63.000 millones de pesos a 52 municipios y tres corporaciones autónomas por transferencias del sector energético.
El más reciente reclamo que elevaron los alcaldes es que EPM les devuelva la ejecución directa del contrato para el fortalecimiento institucional, orientado al desarrollo comunitario, como las juntas de acción de comunal.
Desde hace nueve años EPM empezó a tercerizar los contratos de compensación en todas sus líneas: comunitarios, productivos, recreativos, deportivos y culturales.
En 2021, y después de años de reclamos, los mandatarios lograron que EPM les devolviera el convenio de recreación, deporte y cultura que estaban tercerizados. Los municipios en zona de influencia de generación de energía recibieron $400 millones cada uno para ejecutar programas en estos sectores.
Estos programas, según Freddy Castaño, alcalde de Granada, y Sorany Marín, alcaldesa de El Peñol, son fundamentales para dinamizar la oferta social que, de otra manera, estos municipios no tendrían cómo ofrecer por el bajo presupuesto que manejan. El Peñol, por ejemplo, tiene un presupuesto que a duras penas asciende a $24.000 millones.
Después de entregar reporte exitoso respecto al manejo de estos convenios, los mandatarios esperaban que EPM finalmente les permitiera la ejecución directa de la línea de fortalecimiento social y comunitario que desde hace cuatro años entregó a la corporación Prodepaz, la cual ha recibido $2.000 millones para ejecutar el programa en los territorios y cuya gestión ha sido cuestionada por las administraciones locales.
Los reclamos de los mandatarios al respecto apuntan a dos cuestiones. Primero, que el Oriente es la única subregión donde EPM decidió tercerizar la inversión al fortalecimiento de las comunidades. Segundo, que a pesar de ser socios en la generación de energía y poner una alta cuota ambiental, social y hasta cultural para que EPM opere, no tienen participación en la decisión de cómo se ejecutan los recursos destinados a compensación social.
Por ejemplo, el alcalde de San Vicente Ferrer, Jimmy Giraldo, señaló que la línea de fortalecimiento institucional y comunitario puede tener mayor alcance operado directamente para llegar a las veredas. Contrario a la poca incidencia que, según él, ha tenido Prodepaz en los últimos años.
El convenio con Prodepaz finalizó el 31 de agosto. EL COLOMBIANO le consultó a EPM si aceptaría entregarle el contrato a los municipios, cuál es el balance que hace de la ejecución de los proyectos sociales y comunitarios en los últimos años y por qué había tomado la decisión durante los últimos nueve años de no asignar estos recursos directos a las alcaldías del Oriente. También requirió información sobre las inversiones en compensación social destinadas a estos municipios, no obstante, al cierre de esta edición no llegó la respuesta.