Con una calificación de 4,8 sobre 5 en la plataforma Airbnb, y más de 20 reseñas positivas, se rentaba un lujoso apartamento cerca al Parque Lleras. Tiene cuatro habitaciones con seis camas, un jacuzzi, sauna y una vista panorámica hacia las montañas del oriente. Todo un lujo de esos que hay en el barrio El Poblado y que extranjeros alquilan por unos cuantos dólares para vacacionar en Medellín. Pero este predio tenía una particularidad: estaba en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), una entidad del Estado, y terminó en arriendo por días, convirtiéndose en el lugar favorito de muchos para fiestas sexuales, con trabajadoras, y en las cuales autoridades están indagando si terminaron inmersos menores de edad.
En la minuta del edificio aparece que por el apartamento han pasado visitantes procedentes de Estados Unidos, Canadá, Panamá, Perú, Francia y Etiopía. Según la plataforma Airbnb, el precio por noche en el lujoso penthouse era a mediados del año pasado de 2’200.000 pesos, incluyendo el servicio de internet y lavarropas. Pero a finales de año, los precios de un penthouses en El Poblado llegaban a ser hasta de 800 dólares por noche, unos 3 millones 800 mil pesos.
Entre las reseñas que dejan los huéspedes en Airbnb recomiendan este sitio para un “guys trip” (viaje de hombres), refiriéndose a la facilidad y acceso a la prostitución; también agradecen al anfitrión por atender con diligencia todo requerimiento. Por ejemplo, para Brian, proveniente de Florida “fue una grandiosa experiencia. La vista es fenomenal y el anfitrión siempre está al punto de lo que necesitamos. Definitivamente, recomendaría este lugar para un viaje de hombres. Te divertirás mucho en el lugar, lo que complementa la experiencia en Medellín. Hay mucho por hacer en este lugar y lo mejor es que solo es a 5 minutos del Parque Lleras”.
Todo parece indicar que sería una de las sedes del llamado turismo sexual. Hace poco se hizo famoso un hilo de Twitter en el que un estadounidense daba consejos para estar en Medellín; allí hablaba de prostitución y de la facilidad para comprar sexo.
Y sin duda, con el alquiler de un apartamento, en vez de tener que pasar por los filtros de un hotel, puede ser más fácil tener esa “experiencia Medallo” de la que hablan. Entre los comentarios de lo visitantes está el testimonio de un grupo de viajeros de la Florida, que se queja por el estado de suciedad del apartamento; sin embargo, agregan que “trajo 8 chicas durante el viaje al ático, por lo que no podría haber sido tan malo”.
Otros usuarios también dicen: “He estado aquí dos veces y quiero volver otra vez, definitivamente me hospedaría allí de nuevo”. Reseñas así son las más comunes, donde la mayoría agradecen a su anfitrión, Edwin, quien parece ser el encargado de que todo salga bien en el lugar.
El lugar se encuentra presuntamente subarrendado y administrado por la empresa Cued SAS, representada por Juan Sebastián López y Juan Esteban Marín Ochoa, según el Registro Único Empresarial (RUES). Al revisar los expedientes de la empresa se encuentra que su objeto es brindar alojamiento para visitantes, administración de fondos y mercados financieros. Aunque estuvo matriculada en Bogotá, se mudó a Medellín cuando comenzó a arrendar el apartamento en Airbnb.
Los representantes inscribieron el inmueble en el Registro Nacional de Turismo como lugar para servir de hospedaje turístico, aunque el reglamento de la Asamblea ordinaria de copropietarios del Edificio acordó que estaba “prohibido utilizar cualquier apartamento para fines de vivienda turística u hoteleros, o cualquier actividad que atente contra las buenas costumbres familiares o morales, o constituyan acciones peligrosas o riesgosas, que amenacen la seguridad del edificio o la tranquilidad de sus habituales moradores”.
No queda claro si hubo una “jugadita” para que el apartamento aprobara condiciones y requisitos que se piden en la inscripción y actualización del Registro Nacional de Turismo (RNT).
El verdadero arrendatario del apartamento es Scott Murphy, un ciudadano estadounidense que dice haber alquilado el apartamento desde 2013 a Proobras y Construcciones SAS –firma depositaria de este bien de la SAE– pagando un canon de arrendamiento por más de 27 millones de pesos.
“Lo alquilé para tener un lugar para mí y mi familia en Medellín”, dijo Murphy en entrevista con EL COLOMBIANO. Y durante la pandemia en 2020, dice él, le alquiló una habitación a Sebastián López con el compromiso verbal de que se hiciera cargo del pago de servicios públicos. Además, afirma que él no ha recibido ni un solo peso del negocio producto del Airbnb.
Las primeras quejas iniciaron en diciembre de 2020, cuando recibió un mensaje de la arrendadora (Proobras). Desde la administración le informaron sobre escándalos en la portería del edificio causados por visitantes del apartamento. En febrero de 2021, relata Murphy en un documento público, descubrió que su apartamento estaba siendo ofrecido en Airbnb. Al preguntar a López vía WhatsApp, este le respondió que se “trataba de un error.”
No obstante, confirmó que su apartamento era ofrecido como “vivienda rentada entera” en Airbnb desde marzo de 2021, mismas fechas en las que Juan Sebastián López le había solicitado continuar con el arriendo de un solo cuarto. López, en teoría, habría engañado a Murphy. Y este apartamento de propiedad del Estado estaba siendo utilizado para ser un activo de una empresa que venía conformándose con buena reputación y calificación en la plataforma Airbnb.
Por otro lado, Murphy afirmó por medio de uno de sus apoderados, que la administración estaba enterada del negocio y permitía el ingreso de usuarios de Airbnb, es decir, que iba en contra de su propio reglamento pues los extranjeros ocasionaron problemas en las zonas comunes de la unidad. Más de una vez tuvieron que llamar a la Policía o hablar con él directamente, pues los vecinos estaban cansados de las fiestas.
EL COLOMBIANO se contactó con los representantes de Cued Group SAS, cuyos abogados aseguraron que la empresa “sufre un complot”. Y según ellos, el arrendatario original, Scott Murphy, se inventó esta historia para reclamar parte de las ganancias de más de 200 millones de pesos que obtenían por medio de Airbnb.
Según los abogados, el estadounidense Murphy estaba enterado de los negocios para los que se utilizaba el bien, pues este ya lo ofrecía por medio de otra plataforma hasta cuando llegó la pandemia, momento en el que decidió alquilar el apartamento a Juan Sebastián López por 10 millones de pesos mensuales, renta que luego bajó a 6 millones de pesos.
Incluso, los apoderados, enviaron pruebas de conversaciones vía WhatsApp y un certificado laboral donde se evidenciaría que Edwin (anfitrión), fue trabajador de Murphy desde 2014. Además, denuncian que Murphy se fue del país debiendo una liquidación. Todo parece ser un problema de dineros y tratos mal hechos entre empleador, empleado y subarrendador.
En una declaración a la Inspección de Policía de El Poblado, López dijo que desde hace dos años ostenta la calidad de arrendatario por medio de un contrato verbal con Murphy y que, a su vez, este también es arrendatario, por lo que estaba subarrendándolo.
Con el éxito del apartamento en Airbnb –dijo el apoderado de Cued– Murphy “decidió aumentar el precio de arrendamiento a 12 millones de pesos para él obtener un poco más”.
Estos abogados también confirmaron que en el apartamento los huéspedes han contratado servicios de trabajadores sexuales, “pero es imposible controlar esta situación, aunque nunca hubo presencia de menores de edad, pues en la entrada siempre debieron mostrar una identificación de mayoría de edad y ser registrado por el vigilante”. De hecho, en las minutas no hay rastro del ingreso de menores.
El litigio entre Murphy y López fue a dar a la inspección de Policía de Provenza donde se dictaminó que se debía mantener el contrato entre Murphy y López, y le negó al estadounidense retomar la tenencia. Los abogados de Cued explican que están buscando hacer un nuevo contrato con la SAE. Esta vez –dijeron– solo será utilizado como vivienda y no para turismo.
Como si fuera poco, la firma Proobras, que funge como depositario no reportaba los dineros pagados a la SAE, al menos eso le dijo a este diario el abogado de Cued. El bien, dice él, lo registraban ante la SAE como desocupado, presuntamente. La SAE comenzó a investigar al depositario y el estado de los pagos del inmueble.
El caso de este apartamento, además de lo complicado que resulta el destino que se le estaba dando, es una buena muestra del desorden que tiene la SAE con los bienes que administra.
MinComercio también se pronuncia
EL COLOMBIANO se comunicó con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo sobre cómo este inmueble hizo para inscribirse en el Registro Nacional de Turismo (RNT). Su respuesta fue: “Al prestador de vivienda turística que opere sin la previa autorización, le serán impuestas las sanciones contempladas en el numeral 2 del artículo 59 de ley 675 de 2001. Además, la verificación de requisitos del RNT es de Confecamaras, de la Cámara de Comercio del Municipio (...) y de la SIC”. También dijo que con la campaña ‘Ojos en todas partes’ se busca evitar la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes.
