Son tantos los contratistas que han llegado en el último tiempo al Hospital General de Medellín que parece que ya se quedó sin espacio para tanto personal administrativo en su sede. No hay un exceso de médicos o enfermeras, pero sí de abogados, contadores y “líderes”. Tanto es así que la gerencia lleva meses buscando un lugar a dónde trasladar a su equipo financiero y de facturación.
Primero les dijeron que los llevarían a un lugar cercano al Hospital, pero hace dos semanas los invitaron a conocer el que sería su nuevo lugar de trabajo: cuatro oficinas en el séptimo piso del edificio Fórum, en El Poblado.
La institución alquiló durante tres meses, hasta el 31 de diciembre de este año, los 393 metros cuadrados que suman las oficinas por un valor cercano a los $165 millones. Más de $55 millones mensuales. A pesar de que el contrato aparece firmado desde el primero de este mes, las nuevas oficinas administrativas del Hospital General de Medellín siguen vacías.
Según el acuerdo, el pago del canon debe hacerse por anticipado durante los 10 primeros días de cada mes, de manera que el Hospital ya debió haber desembolsado los primeros $55 millones por un espacio que, dicen los porteros del edificio y los vecinos del piso, “está en adecuaciones”.
El martes pasado, el gerente del hospital, Mario Fernando Córdoba, estuvo en un debate de control político a su gestión —que duró 8 horas— citado por los concejales Alfredo Ramos, Daniel Duque y Luis Bernardo Vélez. Allí se defendió de las decenas de cuestionamientos sobre los procesos de contratación del hospital y dijo que era un “mito” que su gestión estuviera plagada de irregularidades. Aseguró que su administración era tan cautelosa con los recursos públicos que cuando llegó al hospital, en mayo del 2020, se habían demorado tres meses para comprarle un computador que necesitaba para su oficina. Según dijo, estaba abierto a cualquier investigación, pues en el hospital no se gasta ni un peso que no esté en un riguroso plan anual de adquisiciones.
Sin embargo, al cierre de esta edición, el gerente Córdoba no respondió ni los motivos por los cuales se alquilaron esas oficinas ni la razón por la cual no se están usando. Tampoco explicó por qué se contrató por encima del valor comercial de estos inmuebles.
La misma agencia con la que firmó el Hospital tiene disponibles en ese mismo edificio oficinas de 127 metros cuadrados, con 2 parqueaderos incluidos, por un valor mensual de $10,6 millones. De manera que si se hubieran rentado tres de esas, se tendría un área muy similar a la que se contrató y el mismo número de parqueaderos, con un 42 % de descuento.
Según el asesor que administra los locales del Fórum, la razón por la cual las oficinas no se han ocupado —a pesar de que ya se empezaron a amoblar y se hicieron algunas adecuaciones— es que el dueño se echó para atrás y ya no quiere arrendarle a la institución a pesar del buen precio que acordaron pagarle. Los cuestionamientos y denuncias sobre posible corrupción que ha recibido recientemente el Hospital General serían la razón por la cual ahora no son bienvenidos.
Por su parte, los empleados administrativos que saldrán del hospital están felices con el retraso, pues desde que los llevaron a conocer las oficinas no han dejado de quejarse. Quedaron tan aburridos que hasta se pusieron a buscar locales en arriendo por su cuenta para proponer alternativas.
En primer lugar porque para la mayoría de ellos —auxiliares administrativos que se ganan menos de dos salarios mínimos— será más caro llegar al Fórum que al Hospital. En segundo, porque si bien ahora tendrán una insuperable vista panorámica de la ciudad, su espacio de trabajo se verá desmejorado drásticamente. “Nos van a tener como en un call center”, le dijo a EL COLOMBIANO una de las personas que será trasladada, y tiene razón.
En las fotos se ven las mesas largas con sillas contiguas a cada lado, sin divisiones, sin cajones, con apenas el espacio suficiente para que dos personas que se dan la espalda se pongan de pie al mismo tiempo. La cocina es pequeña y apenas hay dos baños que tendrán que compartir hombres y mujeres. Además, les dijeron que al Forúm se iban a llevar al equipo financiero, al equipo de facturación y a otro equipo que todavía está por definirse, un aproximado de 80 personas.
También están preocupados por el servicio de alimentación que reciben normalmente en el Hospital, pues los empleados que ganan menos de dos millones reciben nueve tiquetes mensuales para almorzar los días que ellos quieran. Ahora les dijeron que se tenían que poner de acuerdo sobre cuáles días de la semana iban a almorzar en la cafetería para llevárselos hasta la oficina. Cuando preguntaron por la poca cantidad de parqueaderos les dijeron que no tenían respuesta al respecto.
A pesar de todo esto, la principal crítica a este contrato de arrendamiento tiene que ver con su pertinencia. De acuerdo con concejales como Ramos y Duque, el aumento del personal administrativo del hospital no está relacionado con las necesidades del mismo sino con prácticas clientelistas. Para algunos sindicatos y empleados no tiene sentido que sean los administrativos de planta —que ganan menos— y no los contratistas quienes sean trasladados. Además, dicen que el objetivo real de la administración con el alquiler de estas oficinas es justificar en un mediano plazo la construcción de un nuevo edificio de oficinas para el Hospital.
Para Juan Camilo Toro, uno de los líderes sindicales de la institución, esta es otra muestra de la manera como opera la contratación bajo el mando de Córdoba: se crea una necesidad que no existe para justificar un gasto.
La prueba reina de ese modus operandi la expuso Toro en vivo en plena sesión del Concejo. Allí, mostró paso a paso cómo desde la dirección de apoyo logístico habían eliminado de la página web del hospital la posibilidad de pedir citas para consulta externa en solo un par de clics. Esto con el fin de justificar un cuestionado contrato firmado en mayo de este año por 72 millones al mes con un call center para que se agenden las citas por teléfono.
Actualmente, en el hospital se piden en promedio 700 citas con especialistas al mes, de manera que a Tramisalud S.A.S, la empresa a la que se le dio el contrato a dedo, se le paga más de $100.000 por cada llamada contestada y agendada. Una tumbada peor que la del arrendamiento.
Toro, bajo la mirada de sus compañeros, jefes y concejales, mostró que la funcionalidad que él mismo había desarrollado para agendar las citas por la página a costo cero no había sido eliminada sino solo escondida con un pequeño truco de ciberseguridad. Después de eso, se asignó una cita para la misma semana en cuestión de dos minutos y llamó —con el altavoz puesto— para confirmar que efectivamente había quedado bien programada.
Serán los organismos de control quienes determinen si gastos como el del call center o el de las oficinas están tan bien planeados y justificados como asegura Córdoba, quien dice que las finanzas del Hospital van viento en popa, con un aumento en las inversiones y una disminución en la cartera. Dice además que hay equipos como tomógrafos y angiógrafos que tienen que renovarse porque están muy viejos.
El 28 de septiembre, dos días antes de la firma del contrato de arrendamiento, la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia selló, sin dar mayores detalles al respecto, algunos servicios del Hospital por “incumplimientos al sistema único de habilitación”. Esos servicios, entre los que están la sala de ecografía y algunas habitaciones de oncología y pediatría, no han sido restablecidos. Por su parte, la Procuraduría le abrió el mes pasado una investigación al gerente del hospital y a Érika María Pino, ex directora de apoyo logístico, por una supuesto gasto injustificado de más de 30 millones de pesos relacionado con el contrato de alimentación. Por último, la Personería municipal le abrió la semana pasada una indagación al Hospital por una presunta falta de competencia para la ocupación de un cargo.
Nota de actualización, diciembre 14 de 2022: Según comunicación entregada por el gerente el Hospital General de Medellín, el contrato de arrendamiento de oficinas se terminó por mutuo acuerdo entre las partes el 31 de octubre de 2022 y la entidad no realizó ninguna erogación con cargo al contrato.
