Puede parecer una paradoja, pero todas las voces en la controversia sobre el túnel de El Toyo coinciden en la importancia del proyecto. Sin embargo, hay diferencias frente al modelo de contratación utilizado en esta, una obra pública, sin precedentes en el país.
Todos los actores interesados reconocen en El Toyo un aporte sustancial para la competitividad regional y nacional como la forma más eficiente de conectar puertos en el Atlántico y el Pacífico. No obstante, la Gobernación de Antioquia reitera en sus objeciones frente a la forma como se contrataron las obras en la administración pasada; el proyecto acaba de ser suspendido para aclarar los vacíos por parte del Departamento y la Contraloría señala las que a su juicio serían irregularidades en el proceso.
Los socios y los contratistas del proyecto acordaron el pasado viernes una suspensión bilateral por un plazo de dos meses. La Administración Departamental pretende que se trabaje en la obtención de la licencia ambiental y en los estudios definitivos —el proyecto se contrató con estudios fase II y previendo que la licencia se obtuviera durante la etapa de preconstrucción—.
Sobre el pero de la licencia ambiental, el director del Instituto Nacional de Vías —Invías—, Carlos Alberto García, al ser consultado por EL COLOMBIANO afirmó: “Nosotros hemos hecho proyectos de licitación sin que se requiera la licencia ambiental. Si el contrato fue estructurado para que en el proceso de preconstrucción se obtuviera la licencia, está bien. Lo mismo pasa con la gestión predial y los estudios a fase II”.
Más que un túnel
El Director del Invías explica que el proyecto de El Toyo no se trata solo del túnel de 9,75 kilómetros, sino que incluye una variante del orden de 41 kilómetros, que comprende otra serie de túneles y viaductos más cortos. El compromiso de la Nación es de 22 kilómetros, mientras que Antioquia y Medellín tienen a su cargo los restantes 19 kilómetros.
La construcción del proyecto, que abarca el túnel y las vías de acceso, fue adjudicada el 14 de octubre de 2015 al consorcio Antioquia al Mar, por 1,045 billones de pesos. La interventoría le fue adjudicada, el 11 de diciembre, a la firma Consorcio Integral El Túnel de El Toyo, por 61.384 millones de pesos. El 23 de diciembre fue adjudicado el contrato de la Gerencia del proyecto a la firma Consorcio Gerencia Túnel de El Toyo, por 34.977 millones de pesos.
“Yo no veo por qué no se podía contratar, la ley lo permite”, anota.
En el mismo sentido, la procuradora delegada Fanny María González, dirigió una carta al secretario de Infraestructura de Antioquia, Gilberto Quintero Zapata, en la cual le cuestiona los reparos de la Gobernación al los contratos de El Toyo.
“Además de la posibilidad que da la Ley 1682 de 2013 (Ley de Infraestructura) de licitar una obra sin la obtención previa de la licencia ambiental por parte del contratista (...) ¿cuál es el argumento jurídico que esgrime la administración departamental para exigir este trámite previo a cualquier avance del contrato de construcción en ejecución?”, pregunta la funcionaria.
¿Hubo irregularidades?
El contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, pidió a la Administración Departamental suspender el proceso para la construcción, pedido que acompañó con 25 hallazgos de responsabilidad fiscal, administrativa y otros de connotación penal.
Se refirió a que la obra, siendo pública, fue contratada con naturaleza de concesión y así como también a la carencia de estudios ambientales e incluso aludió a inhabilidades por parte de los responsables.
$1,8
billones es el costo del proyecto. Aportan Antioquia, la Nación y Medellín.
