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Antioquia | PUBLICADO EL 21 octubre 2021
Recusación a Contraloría le daría más tiempo a obras de Hidroituango
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La recusación puesta por María Eugenia Ramos Villa fue en contra del contralor general Carlos Felipe Córdoba y la procuradora general, Margarita Cabello Blanco. FOTO Juan Antonio Sánchez -
María Eugenia Ramos Villa - Margarita Cabello Blanco - Carlos Felipe Córdoba
Por El Colombiano
El Consejo de Estado deberá resolver si las declaraciones del contralor Felipe Córdoba en medios de comunicación dan un fallo anticipado.
El fallo de segunda instancia que la Contraloría al parecer iba a presentar en las próximas semanas en contra de 26 políticos y contratistas por supuesto detrimento patrimonial por la crisis de Hidroituango se va a ver pospuesto por cuenta de una recusación que presentó la exsecretaria de Planeación de Antioquia María Eugenia Ramos Villa, en contra del contralor Carlos Felipe Córdoba; la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello; los integrantes de la Sala Fiscal y Sancionatoria del ente de control fiscal y la contralora delegada de Investigaciones Especiales.
Así se enreda una vez más la pita del caso Hidroituango, lo que podría beneficiar la obra, pues ya el fallo que se estaba esperando para diciembre podría dilatarse. Ahora la pelota de cambiar a los contratistas le cae automáticamente a EPM, que de ejecutar dicho plan b, llevaría a un retraso que supuestamente está hoy en mínimo de cuatro meses, como le dijo el alcalde Daniel Quintero al diario El Tiempo.
Así las cosas, los tiempos para el fallo de segunda instancia no cuadrarían para final de año. Y esto es relevante porque el contrato de construcción de Hidroituango tiene como fecha el 31 de diciembre. Si el fallo es adverso a los contratistas quedan inhabilitados de forma autómatica para continuar las obras.
“Falta de imparcialidad”
La recusación se fundamentó “en la violación del principio de imparcialidad objetiva que hace parte de las garantías fundamentales del debido proceso, de acuerdo con el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
La recusación lleva a que sea el Consejo de Estado el que revise si el contralor Córdoba si es imparcial para el proceso y, además, también cayó sobre la procuradora Cabello porque en su despacho tiene una investigación abierta sobre el mismo caso, y es que quien debía responder al proceso era ella, pero ahora quedó aparte y en caso de que el Consejo de Estado encuentre argumentos el Congreso deberá elegir un contralor ad hoc.
Ramos Villa le dijo a EL COLOMBIANO que presentó la recusación después de ver que en columnas de opinión y ruedas de prensa, “el contralor ya nos daba como culpables, entonces leí entre líneas que no había garantías para un fallo de segunda instancia, ya nos habían juzgado y ni siquiera nos habíamos defendido”.
En este sentido también se refirió hace pocos días Juan Luis Aristizábal, presidente de Conconcreto, quien le dijo a este diario : “Nosotros estamos intentando que en la apelación nos permitan aportar testimonios y pruebas. No nos han permitido ni presentar testimonios, ni entregar peritazgos que ya tenemos hechos sobre la causa raíz del colapso del túnel”.
El fallo entonces que en primera instancia halló resposables fiscales a los 26 investigados para que respondan por $4,3 billones, queda suspendido hasta que el Consejo de Estado tome una decisión, y en Hidrotuango mientras tanto continúan los trabajos a toda máquina, como ha dicho el alcalde Quintero que ha podido comprobar gracias al sistema de video con el que se siguen los avances que ya tienen la futura central hidroeléctrica en un 90 por ciento de las obras. Esta recusación quizá es el camino para no poner en riesgo el futuro económico de EPM, como dijo el presidente Iván Duque, “no es momento de improvisa”
María Eugenia Ramos Villa - Margarita Cabello Blanco - Carlos Felipe Córdoba
Contexto de la Noticia
Paréntesis la discusión llevada al terreno político
El proceso ha desencadenado, además de la discusión jurídica, un choque político entre varias facciones. Por un lado, el alcalde de Medellín ha dicho que “los responsables deben pagar los $4,3 billones”. Los secretarios del gobierno Quintero han insistido en su discurso. De ellos, el que más ha sido enfático es Esteban Restrepo, secretario de Gobierno, quien incluso hizo una encuesta sobre quién debía pagar los sobrecostos.
Sin embargo, el presidente Duque estuvo hace unos días en Antioquia y, sin mencionarlo, le jaló las orejas al alcalde de Medellín. “Al tratarse de un siniestro, las pólizas de seguro deben activarse para que paguen”, dijo Duque, zanjando la discusión.
