El pasado 17 de enero, Empresas Públicas de Medellín (EPM) destapó su deseo de comprar acciones en la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Barranquilla (Triple A). A través de un memorando de entendimiento, firmado también por la Alcaldía de Barranquilla, la compañía advirtió estar estudiando su aterrizaje en la capital de Atlántico.
Aunque EPM sostiene que con la movida se buscaría aprovechar una oportunidad de negocio, que le permitiría de paso ampliar su presencia en el sector de agua y saneamiento, ese aterrizaje se muestra más problemático que otra cosa.
Y es que la transacción, que desde hace varios años arrastra un intrincado enredo judicial y administrativo, podría implicarle a EPM una millonaria inversión que no encaja con sus apretadas cuentas y perspectivas de financiamiento, aún golpeadas por los problemas de relacionamiento con entidades multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Pese a que EPM ha advertido estar a la espera de que se aclare el lío que tiene sacándose los dientes a la Alcaldía de Barranquilla y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por la suerte de las acciones que pretende comprar, esa novela parece estar lejos de terminar.
Tan solo la semana pasada, dos hechos volvieron a llenar de nubarrones el caso.
Mientras por un lado la SAE hizo cambios en la junta directiva de la Triple A, en una acción que fue calificada por el alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo como una “apropiación irregular de la empresa”; por otro, el director de la SAE, Daniel Rojas, quedó inmerso en una investigación disciplinaria en la Procuraduría por presuntas irregularidades en la venta de las acciones de la Triple A.
En medio de ese ruido, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, salió ayer en defensa de Rojas y reiteró el interés de EPM en hacer parte del negocio.
“En relación a la Triple A, hemos dicho ya varias veces que estamos listos y dispuestos a entrar en el negocio si se resuelven los problemas jurídicos; es decir, que EPM se vuelva parte del negocio de la Triple A para resolver los temas jurídicos que hayan al respecto. Toda mi solidaridad en relación a Daniel Rojas”, expresó el mandatario local.
Al margen de ese respaldo, el anuncio de EPM deja más dudas que certezas.
Una compra enredada
Para entender los factores que han vuelto tan difícil la transacción, hay que remontarse al origen mismo de la Triple A, creada en julio de 1991.
Tras más de tres décadas de operación, la empresa acumula hoy más de 2,8 millones de usuarios, tiene presencia en 15 municipios y registra utilidades durante los últimos años. De acuerdo con su informe de gestión y sostenibilidad de 2021, el más reciente publicado por la empresa, la misma registró un Ebitda (Ganancias Antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización, por sus siglas en inglés) de $261.859 millones, lo que equivale a un 18% más de lo registrado en 2020 (cuando se situó en $221.724 millones).
Este balance ha hecho que la compañía se consolide como la joya de la corona de los servicios públicos en Atlántico y en el centro de una batalla por su control, que ha estado llena de polémica desde hace más de cuatro años.
Vale recordar que hasta 2018, la composición accionaria de la Triple A se dividía en tres pedazos principales: las acciones tipo A, pertenecientes al sector público y equivalentes a un 14,5%; las acciones tipo B del sector privado, equivalentes a un 3,34%; y las acciones tipo C de un socio calificado, equivalentes a un 82,16%.
Esta última porción, la más gruesa de todas, pertenecía al Grupo Inassa, una filial de la compañía Canal Isabel II, que opera el acueducto de Madrid (España) y a su vez está involucrada en denuncias por corrupción.
A raíz de esas denuncias, la Fiscalía abrió en 2018 un proceso en contra de Inassa por un presunto desfalco de $300.000 millones a la Triple A, ocasionando que la SAE tomara el control de las acciones de Inassa.
Aunque ese proceso de la Fiscalía aún no concluye, la inclusión de un artículo de la reforma tributaria que se aprobó en 2021 abrió la puerta para que la SAE vendiera esa participación. Así, en medio del hermetismo, el 3 de diciembre de 2021, la SAE llegó a un acuerdo con la empresa Alumbrado Público de Barranquilla (hoy identificada como K-yena y con un 35% de participación de privados) para venderle las acciones de Inassa.
Esta venta es justamente la que motivó la apertura de una investigación por parte de la Procuraduría y que también podría implicar otra por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, luego de que el pasado 10 de febrero el presidente Gustavo Petro ordenara a ese ente revisar si las acciones se vendieron por debajo de su valor real.
“He ordenado bajo mis funciones constitucionales a la Superintendencia de Servicios Públicos realizar un estudio de valoración de la empresa Triple A de Barranquilla para determinar si las acciones de dicha empresa se vendieron por debajo de su valor”, expresó el primer mandatario.
Los nubarrones para EPM
Más allá de la suerte de estos procesos, a los que se suma una demanda de Canal Isabel II a Colombia por expropiación, la llegada de EPM a Barranquilla también es problemática por otros frentes.
Tan solo desde el punto de vista financiero no es claro la empresa de qué bolsillo sacaría el dinero para quedarse con las acciones, teniendo en cuenta las inversiones pendientes que tiene para el proyecto Hidroituango, los efectos que aún quedan del prepago de la deuda al BID (por 450 millones de dólares, casi $1,7 billones al cambio del momento) y las inversiones en espera que tiene para Afinia, calculadas en 10 billones para la próxima década.
Además del valor de las acciones, que se transaron en $565.000 millones en la última venta, sobre EPM también recaería presión para apoyar el plan de inversiones de la Triple A, que dentro de sus tareas más urgentes tiene reducir sus niveles de pérdidas de agua no contabilizadas, que están por encima del 50%.
Así mismo, pese a sus ganancias, la empresa también tiene problemas de recaudo y tiene pendientes varios procesos de modernización, por ejemplo para renovar cerca de un 25% de sus tuberías más antiguas, muchas de ellas aún incluso revestidas con asbesto, tal como lo ha advertido Norman Alarcón Rodas, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios en la Región Caribe.
Sobre la llegada de EPM, Alarcón apunta además que la empresa no llega con las mejores referencias, ya que luego de operar por más de cinco años el acueducto de Malambo no ha logrado ni siquiera garantizar que ese servicio esté disponible todo el día.
”EPM lleva cinco años aquí con el control del suministro de agua en Malambo y no ha podido resolver la prestación del servicio las 24 horas. Hay una situación gravísima allí. ¿Si no ha podido resolver en cinco años ese problema, qué podemos esperar en Barranquilla y en otros 14 municipios?”, acota.
Aunque EPM no ha revelado mayores detalles de la transacción que se trae entre manos, la empresa fue clara en especificar su intensión de comprar las acciones de K-yena. “Avanzamos en el análisis para hacer una oferta vinculante, siempre y cuando hayan cesado todas las investigaciones, procesos o averiguaciones”, expresó el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, el pasado 17 de enero.
Al margen de esa aclaración del gerente, para varias fuentes consultadas que prefirieron no ser citadas no deja de llamar la atención de que a poco más de un año de sellar la transacción que hoy está siendo revisada, K-yena ya esté evaluando salir de su inversión y que sea justamente EPM quien esté prestando sus buenos oficios para ello.
En 2020, EPM ganó la licitación para quedarse con Caribe Mar y llegó a la costa caribe para operar Afinia. Pese al optimismo inicial, la nueva empresa sigue con altos porcentajes de pérdida de energía y ha salido mal librada en varios informes de la Superservicios. EPM debe invertir más de $10 billones en 10 años.
