La caída sostenida de la ocupación de camas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y el retroceso en el promedio diario de casos de covid-19 generaron que la Gobernación de Antioquia pusiera fin ayer a la última alerta roja hospitalaria.
Aunque según aclaró la Secretaría de Salud la decisión es temporal y estará sujeta al curso que tome la pandemia durante las próximas semanas, líderes del sector hospitalario y agremiaciones médicas plantearon que el levantamiento de la medida era urgente, a raíz de los impactos en la salud y financieros que venía generando.
El balance de los hospitales
Carlos Valdivieso, presidente del Colegio Médico de Antioquia, señaló que las restricciones de la alerta roja desencadenaron un desmejoramiento en el servicio de salud para los pacientes con problemas cardiovasculares, hipertensión arterial y problemas respiratorios crónicos.
“Desde el año pasado, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud habían alertado sobre el deterioro de la atención a causa de la priorización del covid-19”, dijo, aclarando que aunque era necesaria, esa decisión generó un rezago en la atención de los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles.
“Es indispensable que se retorne a una atención en salud integral de calidad, como la que teníamos antes”, agregó Valdivieso.
Marta Cecilia Ramírez Orrego, directora general de la IPS Universitaria, explicó que en el caso de esa institución, la alerta roja trajo consigo un incremento en la ocupación de las camas de urgencias, a raíz de los pacientes no covid que se complicaron durante las restricciones.
“La ocupación de urgencias está en promedio entre un 110 % y un 120 % en las cuatro instituciones principales de la ciudad”, alertó Ramírez, para quien la normalización en la prestación del servicio era una tarea urgente.
Según sostuvo, aparte de la congestión hospitalaria, la mala condición en la que llegan los pacientes no covid está generando un incremento en los tiempos de permanencia en esa institución. Mientras antes de la alerta roja un paciente permanecía en una cama por un promedio de nueve días, durante las últimas semanas esa estancia pasó a cerca de 11, lo que generó un cuello de botella en la atención, dijo.
“La alerta roja es un mecanismo de emergencia que fue muy importante en los inicios de la pandemia, porque permitió focalizar los recursos asistenciales para las personas que estaban enfermas de covid, pero es un mecanismo que ya se agotó”, sostuvo por su parte Andrés Aguirre Martínez, director del hospital Pablo Tobón Uribe.
Según Aguirre, además de las razones médicas, la alerta trajo consigo un incremento sobre la presión financiera de los hospitales, dado que áreas enteras debieron quedarse inactivas, menguando la sostenibilidad de las instituciones.
Así mismo, recordó que durante su vigencia, los hospitales no recibieron ninguna asistencia o apoyo financiero para mitigar los impactos que dejó la suspensión de los servicios.
El momento de la pandemia
Vale recordar que la alerta que terminó ayer fue la cuarta desde que el pasado 12 de marzo de 2020 la Gobernación de Antioquia declaró la emergencia sanitaria en el departamento.
Mientras la primera estuvo vigente entre el 30 de julio y el 26 de agosto de 2020; la segunda entre el 22 de octubre y el 24 de noviembre; la tercera entre el 22 de diciembre y el 7 de febrero; la cuarta comenzó el 26 de marzo y fue prorrogada siete veces, hasta el 10 de agosto de este año.
De acuerdo con los registros de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, con corte a ayer, la ocupación UCI en el departamento era del 83,79 %, siendo los municipios de Rionegro e Itagüí los únicos con un porcentaje por encima del 90 % (91,21 % y 93,75 % respectivamente).
Así mismo, en materia de contagios, el departamento cerró ayer con un acumulado de 513 casos diarios y 22 fallecidos, la mayoría concentrados en el Valle de Aburrá y el Oriente.
Lina María Bustamante Sánchez, secretaria de Salud y Protección Social de Antioquia, explicó que el análisis de la Gobernación para poner fin a las restricciones se basó en la caída de los índices de contagios durante las últimas semanas.
Según informó, el índice de positividad (que mide la proporción de pruebas positivas respecto al total de pruebas realizadas) era del 12 %. Igualmente, el factor R0 o tasa de reproducción del virus (que mide la cantidad de personas que pueden resultar contagiadas a partir de un caso positivo) era del 1,03.
“Tuvimos unos niveles de contagio muy altos al principio del año. En abril fue cuando más fallecidos tuvimos y en julio, el número mayor de casos. La vacunación nos ha ayudado mucho a bajar los contagios y el riesgo de muerte”, dijo la funcionaria.
Según explicó, para entender el panorama de salud en las UCI debe comprenderse que los pacientes han sido divididos en cuatro categorías principales: no covid, covid, sospechosos de covid y poscovid, cada uno con condiciones distintas.
En el caso de los pacientes covid, con corte al pasado 9 de agosto eran 311 de los 1.201 internados. En su mayoría eran personas entre los 30 y los 59 años, con el esquema de vacunación incompleto.
En contraste, añadió la funcionaria, los pacientes no covid representaban para esa misma fecha el 47 % de la ocupación de las UCI. “Son pacientes que tienen patologías cardíacas, renales y problemas cerebrovasculares”, detalló.
Con base en ese análisis, Bustamante explicó que se tomó la decisión de levantar las restricciones, mientras los indicadores permanezcan en un nivel bajo.
El riesgo de un nuevo pico
Aunque según sostuvo Bustamante, en números redondos el porcentaje de antioqueños que ya tiene su esquema de vacunación completo es del 30 %, la circulación de nuevas variantes y el proceso de reactivación económica mantienen el riesgo de un nuevo repunte en los contagios.
Yéssica Giraldo Castrillón, epidemióloga y docente de la Universidad CES, recordó que, pese a los esfuerzos del país por mejorar su vigilancia genómica, la capacidad para detectar de forma rápida si variantes como la Delta (Ver paréntesis) están circulando en el territorio aún es reducida.
“La situación epidemiológica no es la mejor. Hay que recordar que, en un escenario más realista, la situación sigue siendo de cuidado. La reapertura total, con la vacunación, ha generado un relajamiento de las personas con las medidas”, planteó la experta.
Según advirtió, una de las consecuencias que trajo la mutación del virus es que, al tener una mayor transmisión, el techo que antes se había planteado para la inmunidad de rebaño deberá reevaluarse.
Mientras el año pasado se estimaba que con un 70 % de la población con inmunidad el virus estaría bajo un mayor control, la aparición de la variante delta, más transmisible en un 60 %, podría empujar ese margen hasta el 90 %, alertó.
“La reapertura total favorece la circulación”, señaló Giraldo, agregando que no puede descartarse que aparezcan más. “La vacunación ha sido muy positiva, pero ha generado una falsa percepción de seguridad”, criticó.
Al ser consultada sobre este punto, Bustamante Sánchez coincidió en que el alto porcentaje de movilidad que trajo la reactivación, “por encima del 100 % desde hace 20 días”, obligan a mantener al máximo los esfuerzos por acelerar el plan de vacunación y cumplir con las medidas de bioseguridad.
Las tareas pendientes
Frente al avance de la vacunación, Bustamante anticipó que una de las estrategias en las que trabaja la Gobernación es la de crear un programa de incentivos para que los ciudadanos que aún no se inmunizan lo hagan cuanto antes.
Según dijo, este programa se desarrollará en alianza con el sector privado para permitir descuentos y beneficios presentando el carné de vacunación.
Aunque todavía no se ha documentado la llegada de la variante delta a Antioquia, la secretaria advirtió que en el departamento no se descarta un nuevo pico de contagios en los próximos meses.
“Está demostrado que las vacunas ayudan a proteger contra las variantes que existen”, enfatizó la funcionaria, añadiendo que por ello es un imperativo vacunar al mayor número de personas posible.
Además de insistir en ese mismo mensaje, la directora Ramírez Orrego expresó que ante el levantamiento de la alerta roja hospitalaria se hace necesario la aparición de nuevos apoyos que ayuden a los hospitales de la región a mantener un margen amplio de capacidad instalada en caso de un nuevo pico de contagios.
“Desde el punto de vista financiero valdría la pena que el gobierno instaurara un nuevo subsidio por disponibilidad para que los hospitales puedan dejar un número determinado de camas UCI destinadas a covid”, propuso Ramírez, enfatizando en los problemas económicos que ha dejado para la red asumir el alto costo de mantener esas camas disponibles.
Por su parte, Valdivieso dijo que, aunque el gremio celebra el levantamiento de la alerta roja, se hacen necesarias medidas de fondo para que en el curso de la pandemia se pueda garantizar una atención de calidad y los pacientes de otras patologías no paguen las consecuencias.
