“Para Tierra Inmobiliaria es un placer que usted forme parte de nuestro grupo de compradores y que participe de nuestro proyecto urbanístico, como punto de partida para la construcción de un sueño común, la dignificación de la vivienda”. De esta manera se presentaban las órdenes de promesa de compraventa a quienes se interesaron en adquirir apartamentos en el proyecto Prada Santa María Parque Residencial, que estaría ubicado en el corregimiento San Antonio de Prado, en el sur de Medellín.
De ese grupo de compradores hace parte Andrés Zapata, quien conoció esta alternativa de vivienda en 2015 y hoy, cinco años después, sigue a la espera de que alguien le responda por el apartamento 927 de la torre 4, o por los más de 20 millones de pesos que consignó por concepto de cuota inicial.
Zapata indicó que empezó a sospechar y que algo andaba mal porque en una de las pocas comunicaciones que tuvo con Tierra Inmobiliaria en la que le notificaron que la fecha inicial de entrega en 2018 se había postergado para 2019, le reclamaron por algunos pagos realizados, pero que se habían extraviado.
A su turno, Carlos Parra, animado por dos amigas que le hablaron del proyecto inició el proceso de compra en 2018 con la promesa de que le entregarían el apartamento en el segundo trimestre de 2019, es decir hace un año, pero aún ni le entregan lo que compró ni le devuelven el dinero que canceló, luego de desistir del negocio.
EL COLOMBIANO tuvo contacto con otras dos personas que salvo las fechas y los montos consignados repiten la experiencia vivida por Zapata y Parra.
Incluso aún en la página Verinmuebles.com figura este complejo que se ofrece como “proyecto en venta sobre plano”, pero la persona que aparece como agente inmobiliario dice que ya no trabajar para Tierra Inmobiliaria y que los apartamentos no están en venta porque se deben solucionar una serie de dificultades que hay, sin precisar cuáles.
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Larga trayectoria
En la red social Facebook afectados de Tierra Inmobiliaria tienen desde agosto de 2018 un grupo que intenta que alguien les dé respuestas. En el más reciente comentario (24 de julio) una mujer que se identifica como Mary Carvajal Gómez escribió: “El día jueves me pude contactar con la señora Lesly es la liquidadora de lo que era Tierra Inmobiliaria que ya cambio de razón social, me informo que está tratando de contactar uno por uno a los compradores del proyecto Prada Santa María para informarnos lo relacionado con esto y me dijo que el lunes le llamé para ver si yo me encuentro en la base de datos que le entregaron a ella”.
En la nota aparece un número celular al que este diario contactó, pero sin obtener respuesta.
En la misma red social, pero en noviembre de 2018, el dirigente político Bernardo Alejandro Guerra Hoyos denunció que Tierra Inmobiliaria “juega a la estafa de bienes en Medellín”.
Y redactó: “Tierra Inmobiliaria, a través del proyecto Allegro, ubicado en el barrio Prado Centro en la carrera 46 N° 60-12, ha estafado a varios ciudadanos con la venta de apartamentos en planos. Cuando los compradores constatan que la empresa les ha incumplido con los plazos de avances de la obra o entrega de los apartamentos acuden para que les devuelvan sus dineros. Pero, sus gestiones han sido infructuosas. Ya la Secretaría de Gestión y Control Territorial formuló ante la Fiscalía la respectiva denuncia por captación ilegal de dinero”.
EL COLOMBIANO conoció que Tierra Inmobiliaria, empresa constituida en mayo de 2011, no renueva su matrícula mercantil desde 2018, y en este último documento figura como representante legal Juan Carlos Urrego Gaviria, a quien no fue posible ubicar.
En la matrícula aparecen registradas siete actuaciones judiciales (embargos) proferidas por distintos juzgados en desarrollo de procesos ejecutivos y la inscripción de una demanda, acciones legales que han interpuesto personas jurídicas y naturales entre 2015 y 2020.
Adicionalmente, una sentencia proferida en enero de 2019 por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) declaró que Tierra Inmobiliaria vulneró los derechos del consumidor (Sergio Maya demandante) y le ordenó reembolsarle 13,27 millones de pesos que había pagado por el apartamento 1121 de la torre 3, tras suscribir un contrato de compraventa en marzo de 2016. La SIC consideró que la empresa incumplió los compromisos adquiridos con el comprador y no respondió ni atendió sus requerimientos.
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Recuperando el control
El terreno en el que se localiza el proyecto pertenece a la Corporación Santa María de la Paz, que dirige el padre Carlos Arturo Mesa, quien le contó a EL COLOMBIANO que este fue donado hace unos diez años por la señora Gilma Mejía con el ánimo de construir un santuario. Por su localización en el corregimiento San Antonio de Prado se decidió venderlo para ejecutar un proyecto inmobiliario y con los recursos percibidos adquirir un predio más cercano a Medellín para levantar el santuario. Tras gestionar con varias constructoras y entidades la posible construcción de un complejo de Vivienda de Interés Social (VIS) se negoció con Tierra Inmobiliaria, que adquirió el lote, las licencias para construir y el proyecto. “Eso nos lo debieron haber pagado hace cinco años, pero solo nos dieron unas cuotas”, relató el sacerdote, quien consideró que la ejecución de las obras, más de 600 apartamentos, los desbordó.
“Ellos quedaron muy mal con los compradores, han tenido demandas unas 40 o 45, y a nosotros como titulares del terreno nos ha tocado dar la cara en la Fiscalía. Y es que pese a que hemos querido ayudarle a Tierra Inmobiliaria, ellos no han sido leales”, manifestó el religioso, quien explicó que los acuerdos para responderles a los compradores que han desistido del negocio no fueron cumplidos.
Vale anotar que mediante un proceso de conciliación, la Corporación Santa María de la Paz recuperó el lote y ahora se dispone a ejecutar el proyecto e incluso está constituyendo una empresa constructora para hacerlo.
Según el padre Mesa la intención es llegar a acuerdos con quienes negociaron con Tierra Inmobiliaria. “La orden que tengo de la junta directiva de la Corporación es que pese a que no recibimos dinero, nuestra prioridad es defender a esos compradores y cumplirles. Hasta el punto que la junta ha dicho que si hay que perder el lote, pues que se pierda, pero no se les puede quedar mal a esas personas”, enfatizó.
En ese sentido, un comunicado publicado en la web de la Corporación a comienzos de julio señala: “Estaremos contactando a cada uno de los compradores e interesados del proyecto Prada Santamaría, para suscribir con los compradores nuevo contrato de promesa de compraventa de acuerdo a la normatividad vigente, para poder continuar con celeridad y responsabilidad en la construcción del mismo. En su momento se darán indicaciones específicas a cada comprador. Se les recomienda a todos los compradores antiguos o posibles interesados suspender y congelar cualquier negociación y entrega de recursos económicos a Tierra Inmobiliaria por cuanto esta firma, no se encuentra habilitada por parte de la Corporación Santa María de la Paz, para la continuidad de la ejecución de las obras”.
El mes pasado este diario visitó el sitio en el que se levantarían las edificaciones, encontrando algún personal y maquinaria encargado de ejecutar obras de urbanismo.
El sacerdote Mesa argumenta que la pandemia ha retrasado los planes de la Corporación, pero confía en que en unos 8 meses pueda estar entregando los primeros apartamentos.
El próximo lunes, María Montoya quien conoció y negoció en 2018 un apartamento con Tierra Inmobiliaria irá a exponer su caso ante la Secretaría de Gestión y Control Territorial, a la espera de obtener respuestas de su inversión.
