La encrucijada a la que los grupos armados ilegales han sometido a los campesinos de Ituango, se ha convertido en un clamor de los labriegos que piden ser dejados por fuera de la confrontación y que han comenzado a llegar a la cabecera municipal desplazados por las amenazas del Clan del Golfo y por las disidencias de las Farc.
Las intimidaciones comenzaron hace poco menos de una semana y los habitantes de las veredas Santa Lucía (donde estuvo el espacio de reincorporación de los excombatientes), Leones, Quebrada Del Medio, Santa Bárbara, El Chuscal, El Alto del Limón, Quindío y Las Arañas, recibieron una advertencia de las disidencias del frente 18: “Era mejor que saliéramos porque la cosa se estaba poniendo fea y se iban a dar candela con los paramilitares”, dijo un campesino a EL COLOMBIANO.
El labriego añadió que debieron salir a pie porque no hay transporte público ante las presiones de los grupos armados. “El trayecto hasta el pueblo es de siete horas caminando”, dijo el campesino.
Pero la presión también llegó del otro lado. Este mismo labriego, a quien le reservamos el nombre por seguridad, comentó a este diario que horas después llegaron a su caserío los integrantes del Clan del Golfo y les dijeron que campesino que se fuera, campesino que le quemaban su casa. “¿Y qué hace uno ahí? Uno sale, o mejor, le toca salir”. Es así como hasta ayer habían llegado al casco urbano de Ituango 257 personas (101 familias), según la Unidad para las Víctimas.
Una de las situaciones más graves las denunció la Red de Organizaciones Sociales y Campesinas del Norte y Bajo Cauca, que aseveró que “durante los últimos 10 días de febrero, grupos armados habían empezado a concentrarse en cercanías de los cañones El Inglés y Santa Lucía”.
Además, este éxodo forzado ha estado precedido de acciones de los grupos ilegales como las normas impuestas a las comunidades que les restringen la movilidad entre las 6:00 p.m. y las 5:00 a.m., restricción al uso de celulares, el registro de llegada de personas foráneas a las veredas y que son familiares de los campesinos, y el asesinato de dos personas el 9 de febrero en la vereda Quebradoncita.
“Estructuras (armadas) de las Farc han asumido el control social y territorial del municipio de Ituango y por ende han aumentado los hechos de violencia y confrontación con las Agc (Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo)”, explicaron desde la red Campesina.
La historia se repite
Hace exactamente un año, campesinos de las veredas que están en la ruta del Nudo del Paramillo, las mismas de las que están saliendo este año, vivieron un éxodo forzado. Los grupos armados ilegales los obligaron a salir, de lo contrario atentarían contra sus vidas. En aquella ocasión, 863 labriegos dejaron todo lo que tenían en sus parcelas, según el censo hecho por la Alcaldía.
Las razones fueron las mismas: la confrontación entre el Clan del Golfo y las disidencias del frente 18 de las Farc llevó a que 10 veredas se quedaran solas. Esa confrontación, han repetido hasta el cansancio las autoridades civiles y militares, se da por el dominio del Nudo del Paramillo, antiguo bastión de la guerrilla de las Farc que comunica el Norte de Antioquia con Córdoba y sirve de corredor para el narcotráfico.
“Esta zona es usada por estas estructuras ilegales para usarla como un espacio en el que podrán mover las economías ilegales y por ahí mismo traer armas”, expresó un investigador judicial.
Por este motivo, el general Juvenal Díaz, comandante de la Séptima División del Ejército, expresó: “se decidió el desplazamiento de unidades militares para verificar la situación y brindarles seguridad a las comunidades. En todo caso se pondrá en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para que se investiguen las infracciones al DIH en contra de la población civil”.
Comenzó la atención
Con la llegada de los primeros desplazados a la cabecera municipal, se inició la atención a la emergencia humanitaria. Ramón Alberto Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas, expresó que desde el 14 de febrero se activó el plan de contingencia.
“Este martes 16 de febrero (ayer), vamos a tener un Comité de Justicia Transicional, en cabeza de nuestro director territorial; allí estaremos coordinando temas y acciones frente a dos componentes básicos, alojamiento y alimentación”, dijo Rodríguez.
Asimismo, el secretario de Gobierno, Paz y Noviolencia de la Gobernación de Antioquia, Rafael Blanco, hizo presencia en el municipio y aseveró que escucharán las inquietudes de los líderes que han salido desplazados “para mirar que estrategias podemos adelantar para dar atención humanitaria y garantizar que estas personas puedan retornar con toda tranquilidad y el respeto de sus derechos”.
Sin embargo, algunos campesinos consultados por EL COLOMBIANO aseveran que no ven por ahora cercano el retorno porque los patrullajes de los grupos armados, los señalamientos, la siembra de minas antipersonal el confinamiento y las intimidaciones se les ha vuelto parte de una cotidianidad y les quitan la poca tranquilidad que tienen
101
familias han llegado desplazadas al municipio según la Unidad de Víctimas.
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