Carlos Andrés Posada fue asesinado el día de hoy. Vivía en la vereda Mandarinos del municipio de Ituango, al norte del departamento. En la fotografía que circula después de su homicidio se ve con un sombrero vueltiao, una camisa verde azul y una expresión distraída.
Posada fue integrante de la Junta de Acción Comunal de la vereda y todo parece indicar que fue por el liderazgo ejercido en la comunidad que fue atacado. Según relatos recogidos en algunos medios, hombres armados habrían llegado a su vivienda para después dispararle en varias ocasiones, quitándole la vida en frente de su familia.
“Cuando asesinan un líder social la comunidad queda completamente desorientada, sin una cabeza o dirección que les permita reivindicar los derechos colectivos que tienen. Este asesinato, pues podría incluso en algún momento determinar nuevas formas de desplazamiento forzado”, declaró Óscar Yesid Zapata, integrante de la Fundación Sumapaz al hablar sobre lo que perdía la comunidad de la que hacía parte Posada con su asesinato.
El integrante de la Corporación Sumapaz recuerda a Carlos Andrés Posada teniendo una participación activa en el retorno de las 4.000 personas que hicieron un desplazamiento masivo de la zona rural de Ituango a la zona de Urabá en julio de 2021, a causa de las amenazas de grupos armados que se disputan el control territorial.
“Carlos fue uno de los interlocutores permanentes con la Alcaldía y las diferentes instituciones. Justamente lo que estaba haciendo era defender su comunidad, para tratar de buscar soluciones a la situación de crisis”, recuerda Zapata.
Las banderas de lucha de Posada eran similares a las de otros líderes de Ituango y de esta zona de Antioquia: los mínimos vitales, el goce de los derechos consagrados en la Constitución, las garantías de seguridad en los territorios, la oportunidad de desarrollar proyectos productivos rentables, pedidos que son necesarios para que una comunidad, como esta que ha sido blanco del conflicto armado, pueda vislumbrar un desarrollo real.
La muerte del líder se recibe como una terrible noticia, a pesar de no ser un flagelo nuevo para las comunidades de Ituango, donde solo este año han asesinado a tres líderes sociales más.
El 22 de octubre fue secuestrado y posteriormente asesinado el líder social Ricardo Antonio Valderrama de la vereda La Granja, y el 7 de agosto fueron asesinados Humberto Jaramillo Tapias y Fredy Leandro Tapias, líderes de la vereda Quebradoncita.
La autoría de los asesinatos de Posada y los otros tres líderes es incierta, pues Ituango ha sido un territorio disputado por múltiples grupos armados, como las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y organizaciones dedicadas al narcotráfico que suelen asesinar los líderes sociales cuando simplemente las banderas de lucha que defienden no van acorde con sus intereses.
El alcalde de Ituango, Edwin Mauricio Mira dijo para el medio Semana que con este líder había coordinado varios proyectos de ayudas para la comunidad, afirmó que no conocía sobre alguna denuncia en su contra y que tenía la hipótesis de que los autores de este homicidio fueron miembros del Clan del Golfo.
“Lamentamos informar que en la noche de ayer 14 noviembre fue asesinado por un grupo armado Andrés “Zapatillo”, inquebrantable líder social del corregimiento La Granja del municipio de Ituango. Expresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Mandarino”, expresó por medio de su cuenta de Twitter la red de organizaciones sociales y campesinas del Norte y Bajo Cauca antioqueños.
Ituango: una zona asediada
A pesar de que los diferentes líderes y corporaciones han hecho un llamado sobre la situación de riesgo que enfrentan los defensores de derechos humanos en los territorios, denuncian que no hay suficiente escucha por parte de los entes gubernamentales, al tiempo que,demandan mayor respuesta por parte del Gobierno Nacional.
Hasta el 3 de octubre en el departamento de Antioquia, según cifras de la Defensoría del Pueblo, se habían asesinado 16 líderes sociales, siendo la región más afectada el Bajo Cauca.
Desde el 2020 y hasta el mismo mes de octubre, la Gobernación había atendido 103 solicitudes de protección para líderes sociales y defensores de derechos humanos, provenientes en mayor proporción del Bajo Cauca, Urabá, Valle de Aburrá y el Norte.
En el caso de Ituango preocupa especialmente la ausencia de estado integral. El presidente Gustavo Petro visitó el municipio el pasado 27 de agosto en el que desarrolló, acompañado de algunos de sus ministros, un Puesto de Mando Unificado (PMU) por la vida que buscaba establecer medidas de protección y garantías para las comunidades, pero para Zapata el asesinato de Posada pone nuevamente en el centro el tema del cumplimiento real de los derechos humanos.
“Lo otro que nos parece muy preocupante es que muchos de estos grupos al margen de la ley han manifestado su voluntad de hacer un diálogo con el Gobierno Nacional y esto demuestra que realmente esa voluntad no es total y que podrían ocurrir más hechos de este tipo contra la población civil”, recalca el integrante de la corporación Sumapaz.
