Capital antioqueña busca producir 20 % de su comida

La alcaldía propone implementar una política pública que garantice mejores precios a consumidores y productores de alimentos cultivados en el campo.

En los 5 corregimientos de Medellín hay 9.648 predios rurales, de los cuales se calcula que 4.600 están dedicados a la actividad agrícola, como este de San Cristóbal. FOTO Julio César Herrera

Que en el mundo 690 millones de personas sufran hambre (según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) y que en 2016 por esa causa en Antioquia hayan muerto 17 personas y 8 en 2017, (según el Dane), son motivos para que Medellín se pellizque en este tema y piense en tener una política pública que mejore el abastecimiento alimentario.

Hay consenso: mientras la alcaldía socializa la idea, la academia la ve posible y los campesinos la sienten necesaria. Al Concejo, incluso, llegó un proyecto de acuerdo para implementarla y los proponentes son Luis Bernardo Vélez, John Jaime Moncada y Dora Saldarriaga.

La necesidad es clara: favorecer la cadena de distribución agroalimentaria en beneficio de productores y consumidores finales de alimentos como banano, tomate, cebolla, limón y otros productos agrícolas; además, garantizar mejores precios, calidad y seguridad alimentaria para poblaciones de menos recursos son las variables básicas de dicha política pública, señala el corporado Luis Bernardo Vélez, quien no cree que sea una utopía.

“Medellín y el área metropolitana solo producen el 3 % de los alimentos que consumen, el resto llega de otros departamentos, y esto refleja un problema de abastecimiento muy complejo que requiere intervenir la cadena de producción, comercialización, transporte, acopios, tiendas y plazas de mercado”, dice Vélez.

Las manos que cultivan

Albeiro Cano, agricultor del corregimiento San Cristóbal, describe las peripecias para cultivar un producto tan sencillo como el tomate: “Desde que se siembra hasta la cosecha son 12 semanas. Es un producto que presenta enfermedades y plagas, hay que hacerle monitoreo constante, análisis del suelo para saber qué fertilizantes usar y luego recogerlo para que el consumidor lo aproveche y valore las manos que lo cultivaron”.

Albeiro dice que lo vende directo a comisionistas y así el producto pasa por muchas manos, se encarece, y recibe, si acaso, 30 % del valor final, además de que el pago demora a veces más de 10 días.

No es un imposible

A simple vista parecería utópico aplicar una política que cambie un esquema que lleva tanto tiempo operando así. Pero hay voces optimistas.

El profesor Juan Camilo Domínguez, coordinador de posgrados del Instituto de Estudios Regionales de la U. de A., Iner, señala que es fácil implementar el cambio: “Bastaría con tener una mejor conectividad en los corregimientos, así se podría mapear dónde está la producción y establecer un mecanismo de precios que impida el abuso al productor y al consumidor final. Son cosas que la tecnología facilita mucho”. Dice que no se explica porqué no se ha hecho.

Añade que en la ciudad hay lugares donde sobra comida y otras donde falta y que solo conociendo estas dos situaciones se facilitaría el proceso.

“Es contradictorio que los campesinos de Medellín pierdan alimentos mientras se les compra a otros departamentos. Falta reconocer el campesinado de Medellín, mejorar su capacidad productiva con tecnología nueva y apoyo de las universidades”, puntualiza.

Para que la iniciativa sea real, la directora técnica del equipo de Seguridad Alimentaria de la Secretaría de Inclusión Social, Sandra Lopera, afirma que la propuesta busca definir e integrar todas las acciones que redunden en mejorar el sistema agroalimentario desde su secretaría y las de Desarrollo Rural, Mujeres, Medio Ambiente y la Gerencia de Corregimientos. No es un tema de inversión sino de reorganización de la cadena: “Es un empeño de la administración definir un sistema agroalimentario para Medellín, e incluso esto quedó estipulado en una línea del Plan de Desarrollo; de este tema se han hecho socializaciones y acercamientos con productores y comercializadores para que plasmen sus observaciones”, añade Lopera.

Luis Bernardo Vélez afirma que en el primer año, una vez se reglamente la propuesta si pasa en el Concejo, se espera producir el 20 % de lo que se consume e ir subiendo puntos gradualmente, aunque cuántos depende de cómo se implemente.