Las imágenes de las cámaras instaladas en los uniformes de varios agentes de la Policía fueron claves para esclarecer la muerte de un hombre a manos de agentes policiales en la noche del 9 de enero de este año.
De acuerdo con los informes oficiales, el hombre, armado con un cuchillo, se subió a un bus y tomó como rehenes a una mujer y a su bebé. Los demás pasajeros lo confrontaron y llamaron a la Policía, por lo que el sujeto debió bajarse en pleno cruce de la avenida Oriental con Amador (calle 54), donde se cruzó con otra mujer a la que también tomó de rehén y, además, hirió en el cuello.
“El hombre manifestaba que la iba a asesinar y fue necesario usar la fuerza letal. Con las cámaras se evidenció que hubo una mediación, que los agentes hicieron acercamientos y recomendaciones para que no le quitara la vida a la señora, pero él se rehusó”, contó el mayor Ricardo Vásquez González, jefe del Centro Automático de Despacho, CAD (sitio donde se concentra la información de los sistemas de vigilancia de Medellín). Las imágenes de esa noche fueron almacenadas en los servidores del CAD y aportadas como prueba en el proceso judicial.
“Para eso sirven las bodycam. Son un soporte operacional que sustentan los procedimientos de nuestros uniformados y para demostrar, en casos de uso de fuerza, por qué se hizo”, explicó el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana.
Así funcionan
En Medellín, la Policía Metropolitana tiene 1.644 bodycams, donadas en 2018 por la Alcaldía, con una inversión de $15.215 millones.
El mayor Vásquez informó que las cámaras se asignaron a cada cuadrante, teniendo en cuenta las necesidades de seguridad de las zonas que cubren. “Si hay muchos homicidios en un sector, o denuncias de hurtos, entonces esa zona se prioriza y recibe más cámaras”, dijo.
Así las cosas, a cada cuadrante se le asigna una cámara que la lleva el tripulante de la moto o patrulla policial. Si la zona fue priorizada, entonces cada uno de los agentes recibe una. Eso aplica para los tres turnos del cuadrante.
“Cuando salen de servicio la reciben prendida, no hay posibilidad de apagarla. Y durante el servicio, a criterio propio, los agentes deciden qué procedimientos se pueden grabar”, agregó el mayor Vásquez.
Al final del turno, esas imágenes se descargan a un punto llamado “docking station” que las transmite al CAD a través de fibra óptica y allí se clasifican y almacenan por, mínimo, cinco años.
Según las estadísticas entregadas por la Policía, entre noviembre de 2018 y la tercera semana de septiembre de este año, se habían descargado 872.439 archivos en los docking. De ellos, 492.187 fueron etiquetados (grabaciones de operativos, capturas, etc.).
Las grabaciones correspondieron a 416.561 auditorías de servicio, 10.054 a procedimientos relacionados con el Código de Policía, 202.704 a trámites policiales y 5.491 a distintos delitos.
“Con todo esto podemos explicar lo que sucede ante la justicia, si es necesario. También nos sirve como control interno, porque se puede supervisar a los policías para saber las actividades que están realizando”, agregó el general Camacho.
Dudas y certezas
Jerónimo Castillo, director de Seguridad y Política Criminal de la Fundación Ideas para la Paz, aseguró que no conoce evaluaciones sobre los resultados de esta tecnología, pues no hay garantías de total transparencia.
“La pregunta es si eso ha reducido las quejas por violencia policial. Pero como se observa en un estudio (Civilizar la seguridad ciudadana, FIP, 2019), las acciones letales ejercidas por la Policía son curiosamente bajas”, dijo Castillo.
Al respecto, el general Camacho agregó que los videos también pueden ser solicitados por los ciudadanos cuando los requieran.
