En una hoja de papel impresa en letras negras llegó, en la noche del miércoles, un mensaje amenazante contra tres líderes del Movimiento Cívico Pro Chocó que viven en Belén de Bajirá.
“Por Antioquia matamos y nos hacemos matar”, decía la nota que -por supuesto- no estaba firmada y que en líneas previas explicaba: “años atrás les advertimos a los líderes que defienden a Bajirá que dejaran esto quieto, porque si Antioquia perdía el territorio lo pagarían muy caro”.
Henry Chaverra explicó que aunque su nombre es mencionado en el panfleto, el papel no llegó hasta su casa sino a la de otros tres líderes: Amauri Arteaga González, Leopoldino Perea y Darío Antonio Novoa, quienes desde hace varios años defienden la soberanía chocoana sobre el territorio beleño.
Perea dijo que esta no es la primera amenaza que recibe, pues en 2015 ya le habían enviado otro panfleto y tiempo después -no recuerda con certeza cuántos meses- a su celular llegó un audio con intimidaciones. Todo eso, dice, fue denunciado ante las autoridades.
Chaverra informó que este mismo jueves acudirán ante las autoridades para denunciar los hechos y aunque no señaló a un responsable directo de las intimidaciones, sí dijo que “probablemente las amenazas no vengan de la Gobernación de Antioquia pero tengan que ver con los discursos que ha dado Luis Pérez y la secretaria (de Gobierno) Victoria Eugenia Ramírez”.
El líder pro Chocó rechazó los señalamientos y dijo que las acciones de amedrentamiento, constreñimiento y amenaza son dañinas para la democracia.
La Policía de Urabá le informó a EL COLOMBIANO que aún no ha recibido las denuncias del caso, pero que enviará a hombres de su división de inteligencia para verificar lo sucedido.
La Gobernación de Antioquia aún no se pronuncia sobre el caso.
Polémica por votaciones
En el panfleto amenazante se hace mención a las elecciones del pasado 11 de marzo, en la que los beleños votaron por representantes a la Cámara de la jurisdicción de Chocó y no la de Antioquia, por mandato del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ordenó a la Registraduría trasladar el puesto de votación.
El día de las votaciones en la Institución Educativa La Unión, donde se instalaron las 13 mesas, hubo más policías y militares que jurados. Y ni siquiera la mitad de la población habilitada para votar ejerció su derecho.
“Ya hicieron sus elecciones en Chocó pero les vamos a demostrar quién tiene el poder. Saben que sí somos capaces. Quedan advertidos”, finalizaba el panfleto.