A punta de comunicados Emvarias ha intentado restarle importancia a una eventual crisis ambiental y sanitaria luego del informe de Corantioquia que corroboró los graves riesgos en el vaso Altaír del relleno sanitario la Pradera y los igualmente graves retrasos en la construcción del nuevo vaso para ampliar la vida útil del relleno que acabará el próximo 30 de septiembre, en solo 25 días.
La posible emergencia golpearía no solo a Medellín sino en total a 43 municipios que están enviando sus residuos sólidos a La Pradera. Por eso Corantioquia anunció que está analizando con los municipios de su jurisdicción qué planes de contingencia implementar. Por ejemplo, cuáles de los 35 municipios de su territorio con relleno están en capacidad de soportar la presión sanitaria de un departamento que pone a viajar 3.300 toneladas de basuras diarias por sus carreteras hacia la Pradera porque en las subregiones se quedaron sin dónde llevar residuos. El dato es crítico: 42 de los 65 rellenos sanitarios colapsarán en los próximos tres años.
Tan delicado está el asunto que la autoridad ambiental empieza a tantear la posibilidad de que ciudades vecinas ofrezcan alguna solución. Toda una paradoja si se tiene en cuenta que Antioquia era referente en el país hasta hace poco en cuanto al modelo y manejo de rellenos sanitarios.
El pasado viernes el gobernador Aníbal Gaviria anunció que para ese mismo día convocaría un consejo extraordinario para evaluar la alerta de crisis en La Pradera y coordinar acciones. Sin embargo, ninguna solución ni medida salió de dicha reunión, pues desde la Gobernación contestaron que el tema “se seguirá analizando” y por tanto no anunciarán medidas por ahora.
La Gobernación, por cierto, está en deuda en cuanto a apoyo a los municipios para ejecutar soluciones reales como la construcción de nuevos rellenos sanitarios. Administraciones de los municipios del Suroeste y Oriente en situación crítica que han tocado la puerta tanto de la administración de Aníbal Gaviria como la anterior de Luis Pérez han recibido la misma respuesta demoledora: no hay plata.
Para poner en perspectiva la falta de recursos del Departamento en el tema, un relleno sanitario para un municipio como Peque de escasos 7.000 habitantes cuesta cerca de $1.100 millones, plata que por supuesto no le sobra. Cualquier municipio pequeño en las mismas circunstancias que vaya a pedirle a la Gobernación apoyo recibiría como respuesta que esos $1.100 millones alcanzarían a ser casi el 20% del total del presupuesto que tiene destinado para apoyar a los 125 municipios.
El departamento solo tenía marchando dos proyectos de rellenos regionales que podrían mitigar la crisis en sus subregiones: el de Segovia, en Nordeste, y Anzá, en Occidente. El primero está estancado por falta de plata. El segundo se abortó porque estaba en área de influencia de un sistema de redes de alta tensión fundamentales para el Occidente y parte del Nordeste.
Entre los casi nulos avances, este año la Gobernación convocó a los alcaldes de Occidente y Suroeste para contarles que ya tenía la plata para empezar los estudios de construcción de dos rellenos regionales. En realidad, el verdadero anuncio era que firmaría unas consultorías para encontrar los predios aptos para construirlos.
Señala una fuente consultada que esto podría tomar el resto del año y suponiendo que una vez hallados la plata para comprarlos esté lista, la construcción de esos rellenos regionales saldría a licitación y una vez elegido la elaboración de los estudios técnicos demorarían entre seis y ocho meses para pasar a solicitud de licencia ambiental, que tardaría de seis a nueve meses en tramitarse. Una vez con licencia en mano, construir un relleno de estas características toma alrededor de ocho meses. Si todo sale derecho, solo hasta comienzos de 2026 el departamento tendría dos rellenos regionales que le permitan dejar la inconveniente dependencia de La Pradera y los manejos que le da Emvarias.
Y esto, advirtiendo que el modelo de disposición de residuos en rellenos sanitarios empieza a quedar obsoleto por la acelerada producción de basuras que tiene el departamento. En los municipios de Antioquia los planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos Regional –Pgirs– están muy lejos de alcanzar, al menos, el 20% de aprovechamiento. La meta conservadora que deberían tener en este momento es el 50%.
Hay un dato que ilustra el problema en el que está metido el departamento. Las crisis sanitarias y ambientales que ha padecido recientemente Santander fueron anunciadas con tres años de antelación y aún así ocurrieron. Aquí el margen es de meses y pocos parecen dimensionar la gravedad del asunto.
