El 2024 fue un año lleno de turbulencias para la Gobernación de Antioquia. El aterrizaje de Andrés Julián Rendón en el primer cargo del orden departamental vino acompañado de un drástico viraje para la región, no solo en su relación con el Gobierno Nacional, sino en sus proyectos a largo plazo.
Durante los primeros 12 meses del nuevo cuatrienio el balance está lleno de contrastes, ya que mientras por un lado Rendón se muestra en el mejor momento político de su mandato – al menos con base en los índices de aprobación ciudadana–, por otro el departamento afronta una fuerte presión en varios frentes, en gran parte producto de esas mismas confrontaciones con el gobierno central que han catapultado la imagen del gobernador.
Pulso por las obras
Uno de los escenarios más críticos es la infraestructura, que desde los primeros meses del año pasado desató el primer gran pulso entre La Alpujarra y el Palacio de Nariño, a raíz de la negativa de la Nación para financiar varias obras viales cruciales para completar la red de autopistas 4G que se levantan en Antioquia.
El pulso se desató mucho antes del cambio de gobierno, cuando en septiembre de 2023 el entonces ministro de Transporte, William Camargo, soltó el baldado de agua fría y dijo que de las arcas nacionales no había plata disponible para terminar esos puntos faltantes, que incluyen obras como un intercambio vial en Primavera, una doble calzada en Pacífico 1, un túnel en ese mismo proyecto que no está contemplado en los contratos, entre otros.
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Dicha desfinanciación luego quedó confirmada en el presupuesto nacional.
Ya en sus últimos meses de mandato, el entonces gobernador Aníbal Gaviria levantó su voz de protesta y calificó en una carta enviada al presidente Gustavo Petro como una equivocación dejar en el limbo la conclusión de esa red vial, recordando que no solo son vías para el departamento, sino para conectar al centro del país, Eje Cafetero y otras regiones con la zona portuaria del Golfo de Urabá.
No obstante, la falta de plata no solo afectó proyectos sin contratar, sino otros en ejecución, principalmente el Túnel del Toyo, que desde 2015 había despegado gracias a un acuerdo entre la Gobernación, la Alcaldía de Medellín y la Nación.
A raíz de su alto costo, al ser el túnel carreteable más extenso de todo el continente americano, el acuerdo fue que mientras el dúo Gobernación-Alcaldía se encargaba del tubo principal, el gobierno central se haría cargo se construir su vía de acceso.
Con la incertidumbre por la continuidad de esa vía de acceso, a cuestas se vino el cambio de gobierno, en el que Rendón asumió la posta y renunció al tono conciliador de su predecesor, cuestionado desde su discurso de posesión esa decisión de desfinanciar las obras en Antioquia.
“El Gobierno Nacional, movido por lo que parecieran ser temas ideológicos, ha anunciado su negativa a financiar lo que falta en las Autopistas de la Montaña. Esto, a sabiendas de que son el camino más corto para conectar el Suroccidente del país con el Caribe, en nuestro mar”, dijo Rendón, en un discurso en el que estableció de entrada su tono con Bogotá y aprovechó para cuestionar también la política de Paz Total y en general la gestión del presidente Petro.
La “vaca”
Apenas unos meses después, en marzo, Rendón le paró la caña a una idea formulada por el expresidente Álvaro Uribe y lanzó una colecta ciudadana que se bautizó como la “Vaca por las vías de Antioquia”, que se proponía recaudar $1 billón para concluir el Túnel del Toyo.
A escasos días de oficializar esa recaudación, para la que la gobernación habilitó un sitio web especial, el presidente Gustavo Petro contraatacó, calificando la vaca de “innecesaria” y aseverando que la misma podría haber sido “infiltrada por dineros sucios del narcotráfico”.
Si bien ese señalamiento nunca se probó, la controversia se propagó hacia varios congresistas que donaron, cuya investidura fue demandada supuestamente por violar régimen de inhabilidades e incompatibilidades.
Aunque el Consejo de Estado también desestimó esa demanda, al final del día la Vaca no logró cumplir su meta de recaudo, cerrando este año con cerca de $6.000 millones conseguidos (un 0,6% de la meta), que Rendón señaló serán invertidos de todas formas en el túnel.
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No obstante, tras varios meses de desgaste, Petro permitió en septiembre que el Invías cediera a la Gobernación uno de los contratos del tramo a cargo de la Nación, accediendo así a una de las demandas de Rendón para destrabar la obra. El contrato cedido se trata de una sector de 4,2 kilómetros que requiere inversiones de por lo menos $330.000 millones, de los que la Gobernación ya consiguió $80.000 millones para reactivar los trabajos el año pasado. En caso de que el otro sector pendiente sea cedido, la proyección es que terminar el tramo a cargo de la Nación costará unos $660.000 millones.
A comienzos del año pasado, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que el Distrito también se metería la mano al bolsillo para que se concluyan las obras del túnel, pero desde entonces todavía no ha conocido una cifra concreta.
Esta puja sacó a flote otro de los temas críticos que marcaron el 2024 para la Gobernación y es precisamente la falta de caja para asumir varias de las promesas bandera que se han formulado, en un lío que ha generado tensiones tanto internas como externas.
Reestructuración
De puertas para adentro las fricciones más relevantes vinieron por cuenta de una reestructuración administrativa impulsada por Rendón, con la que desde el comienzo del año pasado el gobernador le echó machete a la estructura organizacional departamental.
Con corte al pasado 3 de enero, ese recorte ya había implicado la supresión de por lo menos 16 organismos de primer nivel, implicando una reducción de costos de nómina de $60.000 millones según los cálculos del propio gobierno.
A mediados de 2024, ese ejercicio le costó fuertes críticas a Rendón desde varios sectores, sobre todo cuando la reestructuración le metió mano a la Secretaría de las Mujeres y que recibió provisionalmente dependencias que antes funcionaban aparte, como las direcciones de Familia, Nutrición y Autonomía Económica.
Esa fusión, que luego volvió a mutar, no cayó bien en organizaciones feministas, que consideraron que la dependencia de las Mujeres estaba perdiendo su foco misional.
A la Gobernación también le llovieron críticas por parte de los gremios económicos tras convertir la Secretaría de Turismo en una dirección, que hoy hace parte de la Secretaría de Desarrollo Económico.
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“Cuando se toman medidas tan extremas como esta relacionada con el Turismo, no solo se pierde la efectividad y alcance de los programas en curso, sino que también se envía un mensaje equivocado y contrario a la realidad del sector y de la economía”, expresó en julio el Comité Intergremial de Antioquia, en señal de rechazo a esa decisión.
De puertas para afuera, las tensiones por la cuestión presupuestal han sido todavía más complejas y desembocaron en el controvertido proyecto de autonomía fiscal para las regiones, con el que se busca que los impuestos de renta y patrimonio se queden en los departamentos y que tiene al gobernador Rendón como uno de sus principales defensores.
Esta iniciativa, en la que ya se recogieron 3,3 millones de firmas, está a la espera de una certificación de la Registraduría con miras a la convocatoria de un referendo que permita reformar el artículo 298 de la Constitución.
La tasa de seguridad
No obstante, y en un debate también vinculado a la búsqueda de recursos, el suceso político más álgido ocurrido en el primer año de Rendón fue sin lugar a dudas el de la tasa especial para la seguridad, un nuevo impuesto que la Gobernación empezará a cobrar este año a los estratos 4, 5 y 6 y los clientes industriales, comerciales y oficiales del servicio de energía.
Ese nuevo tributo, con el que se esperan recursos por al menos $1 billón, le costaron a Rendón su primera gran diferencia con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y su mentor político Álvaro Uribe.
En medio de esa discusión, a la que EPM incluso se sumó cuestionando la viabilidad jurídica de la tasa, Rendón mostró un talante persistente –para otros impositivo– y logró vencer en la Asamblea.
Con los recursos provenientes de esa tasa, que serán recaudados por Valor+ (EPM se opuso a incluirla en las facturas de servicios), el gobernador anticipó que se invertirá en una gigantesca red de fibra óptica, unos 5.000 kilómetros, reformas en estaciones de la Policía e instalaciones del Ejército y la Armada, nuevas cámaras de seguridad, vehículos blindados para la Fuerza Pública, mejoramiento de placas polideportivas, entre otros.
La filigrana de la implementación de ese impuesto quedará en cabeza de la nueva secretaria de Hacienda, Ofelia Elcy Velásquez Hernández, quien aterrizó en el cargo el pasado 31 de diciembre, tras la renuncia sorpresiva del ahora exsecretario Santiago Valencia González, quien abandonó su silla para aspirar al Congreso.
Al margen de las fracturas regionales, la seguridad es también otro de los chicharrones que se muestran urgentes para el gobierno departamental y que marcarán la agenda en el resto del cuatrienio, sobre todo por cuenta del recrudecimiento de las confrontaciones entre el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc (Estado Mayor Central en Antioquia), en subregiones como el Norte, el Nordeste y el Bajo Cauca.
Esa situación también ha derivado en desencuentros entre Rendón y el presidente Petro, ya que mientras el primero acusa a Petro de tener a la Fuerza Pública de manos atadas por su política de Paz Total, el Gobierno Nacional le reprocha a Rendón no participar de espacios de diálogo que buscan desarmar esas estructuras.
De acuerdo con los sondeos de opinión, como el publicado por Invamer al cierre de 2024, por ahora los índices de aprobación premian a Rendón en su primer año de gobierno, alcanzando una favorabilidad del 68% en diciembre, la más alta desde que llegó al cargo y la más alta entre sus pares en el resto del país.
