Una pregunta constante en Medellín es por qué si hay tanto ruido y tantos indicios e incluso pruebas sobre las presuntas irregularidades en torno a la alcaldía de Daniel Quintero, la Contraloría de la ciudad es prácticamente una convidada de piedra en el debate y ha anunciado el inicio de pocas indagaciones al respecto.
Una clave para responder a esa inquietud está en entender la lógica con la que funciona la entidad: es una especie de bolsa de empleo donde se instalan las cuotas de concejales y políticos aliados de la administración.
Y más que una bolsa de empleo, los políticos tratarían de ubicar estratégicamente a cuotas suyas para que eviten que prospere cualquier investigación contra sus protegidos en secretarías o contratistas.
De hecho, dos fuentes le relataron a EL COLOMBIANO que a finales de 2019, ya elegido Daniel Quintero como alcalde pero aún no posesionado, se dio una reunión en la cual, al estilo de un juego de bingo, la mayoría de los 13 concejales que en ese momento conformaban la coalición de apoyo a Quintero, se habrían repartido casi todos los cargos de contralores auxiliares y otros altos puestos en el ente de control municipal, sacando papeletas de una bolsa.
Luego, al estilo de las figuras de Panini, se intercambiaban los papelitos de acuerdo con las conveniencias individuales. “Si a alguien por ejemplo le dieron la Secretaría de Infraestructura pues busca a quien sacó de la bolsa el papelito con la contraloría delegada para infraestructura para controlar todo el circuito. Así, pueden incurrir en todo tipo de irregularidades y las investigaciones nunca pelechan”.
La repartija se habría hecho de esta manera a pesar de que en los debates previos hubo llamados para que el organigrama de la Contraloría se llenara a partir de un concurso de méritos, como consta en los videos de las sesiones.
Esa reunión para repartir las cuotas se dio días antes de la posesión del nuevo Concejo y de la sesión en la cual, el 16 de enero de 2020 se eligió a Diana Carolina Torres como contralora de Medellín,
“En la lucha contra la corrupción se necesita que los órganos de control sean eficientes y totalmente independientes de los partidos políticos, porque sino puede ocurrir lo que viene pasando, que las investigaciones se quedan engavetadas”, expresó la directora de la veeduría Todos por Medellín, Piedad Restrepo.
En ese sentido, este diario recopiló testimonios y en algunos casos pruebas documentales que ligan a por lo menos 25 de los 30 cargos del staff de la Contraloría con concejales actuales, otros que en ese momento lo eran aunque ya están separados de la corporación, así como con personajes de la política que han apoyado a la alcaldía actual.
El siguiente es un caso con visos de aberración. Carlos Fernando Borja Jiménez, quien se acaba de posesionar como gerente de Emvarias, viene de ser subsecretario Operativo en la Secretaría de Infraestructura Física de Medellín. Pues resulta que este es reconocido como cuota del concejal Jaime Cuartas. Es más, en la plataforma de contratación oficial Secop se puede constatar que fue parte del equipo de apoyo a este corporado en un periodo previo.
A su vez, Laura Ortiz, también cuota de Cuartas, era la encargada de vigilar las actuaciones de Borja, desde su rol de contralora auxiliar de Auditoría Fiscal de Obras Civiles.
Como si fuera poco, la esposa de Borja, Bibiana Estrada, es la contralora de auditoría Fiscal para EPM y filiales de energía.
Y aunque Diana Carolina Torres, la contralora titular hasta el 31 de diciembre pasado, entró en un “concurso de méritos” donde quedó en la terna para que los concejales finalmente la ungieran, es absolutamente evidente su afinidad con el senador de La U Germán Hoyos, que apoya al alcalde Quintero, y a través de él con el concejal del mismo movimiento Luis Carlos Hernández, también integrante de la coalición pro Quintero. En redes sociales la contralora y el senador aparecen haciendo campaña política en Envigado, junto al entonces candidato a la alcaldía de ese municipio, David Torres. Torres es pariente de la contralora y como se quemó ella lo nombró como contralor auxiliar de auditoría fiscal para movilidad y transporte.
El jefe de control Interno de la Contraloría, Diego Mauricio Echeverri, y la contralora auxiliar de auditoría para las telecomunicaciones, Cristina Rosero, serían afínes al concejal conservador Juan Ramón Jiménez. Así se comprueba al observar contratos en los que ambos figuran como parte de la unidad de apoyo de Álvaro Múnera ‘el Pilarico’, quien fue antecesor de Jiménez en el Concejo por el movimiento animalista.
De otro lado, a Erika Celeny Zuleta Zabala, la secretaria general de la Contraloría, se le asocia con el exconcejal Carlos Alberto Zuluaga -quien perdió la curul en octubre pasado por doble militancia- lo cual se evidencia en los contratos que la muestran como asistente del corporado Zuluaga.
De una manera similar, es decir, haciendo seguimiento a contratos previos, se ve la cercanía del contralor auxiliar de Auditoría Fiscal para el Municipio, Erley Arboleda, con el senador Germán Hoyos y el concejal Guillermo Hoyos; lo mismo que la de Carlos Alberto Correa, contralor de auditoría fiscal para EPM y sus filiales de agua, con Jhon Jaime Moncada.
La jefe de comunicaciones de la Contraloría es Adelita Martínez, hija del exconcejal de Medellín y hoy diputado Santiago Martínez.
Esta intrincada telaraña política se ha convertido en una práctica de raices históricas en la Contraloría y otros organismos de control, al punto que los funcionarios la ven como algo natural.
Al ser consultados por EL COLOMBIANO, Los presidentes de los dos sindicatos de la Contraloría (Asdecomm y Asdecccol) destacaron que la contralora Torres contribuyó a mejorar el clima laboral en un tiempo crítico como la pandemia, dijeron que cumplió con el control fiscal y facilitó la relación con las organizaciones sociales que hacen veeduría.
La subcontralora Alina Marcela Restrepo, actual contralora encargada, que dicho sea de paso fue alcaldesa de Barbosa y sería cuota del Partido de la U., asegura que la politización no va en contra de la parte misional de la entidad y apunta que para modificar esta situación habría que cambiar el reglamento interno (ver entrevista).
Por lo pronto, Asdecomm y Asdecccol, le enviaron el lunes una carta al Concejo en el que le piden que el contralor o contralora que elijan próximamente sea una persona idónea y que a futuro sea el mérito y no las relaciones políticas las que determinen su planta de personal.
