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Medellín es cada vez más riesgosa para sus líderes y defensores de derechos humanos
Amenazas crecieron 65% en 2021. San Cristóbal, La Candelaria y San Javier son las zonas más afectadas.
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Pese a amenazas y desplazamientos, en la ciudad no cesan las manifestaciones por este flagelo. FOTO Edwin Bustamante
11 de junio de 2022
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“La vida le cambia totalmente a uno”, dice Carlos Arcila, líder social de la comuna 6 de Medellín, quien confirma el parte compartido por la Personería: las amenazas y desplazamientos de líderes sociales aumentaron 65% en el último año. “Uno reduce los eventos públicos, familiares y del trabajo. A la gente le da miedo compartir con uno porque está amenazado”. Hace tres meses su cotidianidad es acompañada por un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Carlos comenzó su proceso de liderazgo en el Doce de Octubre, mediante la creación de la Mesa de Derechos Humanos para esa comuna. Luego constituyó una mesa similar para todo el Valle de Aburrá. Es líder, según sus cuentas, desde hace 30 años. Hoy está amenazado. Los mensajes intimidatorios y los recados a través de conocidos continúan llegando, pese a que desde hace tres meses cuenta con esquema de protección.
Aunque no han atentado contra su vida, quienes le amenazan han logrado en parte su objetivo: obstaculizar su trabajo y ausentarlo de los procesos en los que acompañaba a la comunidad de esa zona de la ciudad. Esta situación la han padecido por lo menos 117 líderes entre 2018 y 2021, según reporte de la Personería. El año pasado fueron 48 los registros de amenazas y desplazamientos —19 más que en 2020—.
“Es muy peligroso ser líder y defensor en Medellín. Es un medio muy hostil para que el liderazgo comunitario se pueda ejercer de manera tranquila. He sido señalado por el Clan del Golfo y la Oficina por hacer denuncias y llevar procesos penales”, dice Carlos, quien hoy funge como secretario de Human Rights International, una ONG que trabaja por los derechos humanos en varios países.
La fotografía
Los corregimientos y comunas rojas para los líderes sociales el año pasado, debido a amenazas y desplazamiento intraurbano, fueron San Cristóbal (8 casos), La Candelaria (7), San Javier (7), Castilla (5) y Villa Hermosa (5).
Con menos de cinco casos aparecen Robledo (4), Laureles Estadio (3) y Manrique (2). La América, Guayabal, Belén y Doce de Octubre registraron un caso cada una. “El 48,2% de los reportes no fueron identificados en ninguna comuna ni corregimiento”, indicaron desde la Personería.
Salvador*, habitante de La Candelaria, cuenta que ha hecho varios reportes desde que comenzó a recibir amenazas en 2020. Su actividad como defensor de derechos humanos comenzó en 2016, acompañando manifestaciones, especialmente estudiantiles. Con los paros de ese año y de 2021 vinieron llamadas y misivas: “Que me iban a matar; que por guerrillero y terrorista”.
Tuvo que cambiar de casa —todavía lo hace— . Se fue del departamento por un tiempo. Volvió. Hace poco dos hombres armados lo encuellaron en la calle, cuando salía de la universidad. Dice Salvador que ahora las amenazas no son solo por su defensa de los derechos humanos, sino por su filiación política.
Estas amenazas y desplazamientos, según la Personería, responden en su mayoría al accionar de grupos armados. Hay estructuras organizadas, delincuencia común y grupos que, hasta el momento, no se han identificado. Nelly Osorno, presidenta del Instituto Popular de Capacitación (IPC), detalla que son 140 estructuras las que ha rastreado la Defensoría del Pueblo en la ciudad. “Hay regionales y nacionales: la Oficina, las AGC, los Mexicanos”.
Pendientes
Para Osorno, Medellín no cuenta con garantías para proteger sus liderazgos. “Las amenazas resultan en desplazamientos. Eso destruye la labor de los defensores de derechos humanos. Se van de las comunidades y dejan un vacío”. Las falencias en el acceso a la justicia también deterioran estos ejercicios, en voz de la presidenta del IPC.
Similar es la visión de William Yeffer Vivas, personero de la ciudad. Para el funcionario, el Municipio no cuenta con una ruta diferenciada para la atención de líderes y defensores en riesgo. Los protocolos disponibles, dice, son los que se activan para atender a todas las víctimas. Eso puede impedir la celeridad que se necesita en estos casos.
“Las medidas de protección son urgentes, pero, como no hay una ruta diferenciada, estas no se entregan hasta que se hacen las verificaciones de riesgo respectivas”. Sin embargo, no basta con protección, expresa Osorno. “Los chalecos y carros blindados no son la solución”. Se deben consolidar mecanismos de protección comunitaria y respuestas por parte del sistema de justicia.
“Las medidas de acompañamiento por parte del Estado llegan, pero son muy lentas”, afirma Salvador. En ocasiones puede ser demasiado tarde.
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