El Ejército está en temporada de reclutamiento hasta el 17 de agosto y, tal como siempre, esto se convierte en un dolor de cabeza para cientos de jóvenes que deben movilizarse por la ciudad con el miedo a ser reclutados de forma irregular por el Ejército y se vean vulnerados sus derechos.
El miedo no es grauito. En la pasada jornada de reclutamiento, a finales de mayo, un joven fue retenido en medio de un procedimiento irregular en vía pública y fue enviado al Chocó sin brindarle ninguna garantía. Su familia quedó a ciegas.
Tras recibir la alerta, la Alcaldía apareció para acompañar al joven en el proceso para declararse objetor de conciencia. Cuando lo logró, el Ejército lo sacó del batallón y lo dejó a su suerte en las calles de Quibdó. Con apoyo del secretario de la Juventud, Santiago Bedoya, el joven y la madre pudieron reencontrarse y retornar a Medellín donde quedó en el radar de la oferta de institucional para jóvenes vulnerables.
La Alcaldía estrenó este año una estrategia pionera en el país para ofrecer apoyo jurídico y psicosocial a los jóvenes que deseen declarar objeción de conciencia frente al servicio militar. Gracias a esta, 62 jóvenes afectados por diversas vulneraciones (acuartelamientos irregulares, batidas ilegales y transgresiones a la objeción de conciencia), recibieron apoyo de la Secretaría de la Juventud.
De estos, siete lograron su resolución como objetores, otro más está a la espera de resolución y otro está bajo acompañamiento jurídico para interponer tutela tras recibir negativa a su objeción. Los restantes recibieron asesoría para tener la información que les permita definir su situación militar sin ser objeto de trampas en el trámite.
¿Cómo activar la ruta?
Según explica el secretario Bedoya, para recibir apoyo de la estrategia “Objetar es un derecho” los jóvenes puede reportar la alerta en www.medellin.gov.co/satmed o contactarlos a través del WhatsApp 3107154095.
La idea, señala el funcionario, es que a través de estos canales las personas puedan detallar el hecho; entregar sus datos completos y describir la situación: lugar, placas del vehículo, nombres de los militares y demás elementos que permitan tener una alerta robusta para que los abogados y los profesionales psicosociales puedan hacerse presentes para asesorar a los jóvenes y tramitar el procedimiento.
Bedoya resalta que cualquier joven con convicciones contrarias a la violencia, el conflicto armado y el uso de armas puede declararse como objetor de conciencia al servicio militar obligatorio.
Además, que según el parágrafo 2.º del artículo 4.º de la ley 1861 de 2017 bajo ninguna circunstancia la fuerza pública puede realizar detenciones ni procedimientos sorpresa para aprehender colombianos que no tengan resuelta su situación militar.
De manera que si el Ejército requiere a un muchacho en la calle lo máximo que puede hacer es entregarle una citación para que se acerque a un distrito a resolver su situación.
Al Ejército no le gusta la idea
A comienzos de este año la Alcaldía instaló la mesa permanente de seguimiento a los fenómenos de reclutamiento ilegal y procedimientos irregulares de incorporación.
Allí están sentados el Ejército, la Personería, la Procuraduría y el Metro de Medellín, por ser un afectado directo de las prácticas de reclutamiento. De hecho, la Alcaldía conoció los casos de cinco jóvenes reclutados en el Metro, aunque esto no está permitido.
Allí se ponen en conocimiento denuncias de batidas ilegales, acuartelamientos y reclutamientos irregulares, y el Ejército asume compromisos. EL COLOMBIANO contactó a la Cuarta Brigada para conocer el cumplimiento de estos acuerdos asumidos y su posición frente a la estrategia de la Alcaldía, pero no hubo respuesta.
No obstante, en febrero pasado, en entrevista con Teleantioquia, el general Juvenal Díaz, comandante de la Cuarta Brigada, dejó entrever su molestia con la campaña y sugirió que la estrategia no estaba “bien orientada”. Además manifestó que le “gustaría” que las entidades hicieran esas campañas pero para evitar que los jóvenes sean reclutados por grupos ilegales. Díaz apuntó, incluso, a que había que tener “cuidado con malinformar a los jóvenes” pues, a su juicio, el Ejército es una “oportunidad” para muchos de ellos.
El secretario Bedoya asegura que, efectivamente, al inicio de la estrategia encontraron un marcado rechazo del Ejército, pero que su postura se ha ido matizando con el paso de los meses.
Pero lo que no ha cambiado son sus prácticas. El personero delegado de la Unidad Permanente para Los Derechos Humanos, John Jaramillo, recalca que se siguen cometiendo batidas y traslados a instalaciones militares –muchas veces fuera de la jurisdicción de Medellín– para obligarlos, de manera irregular, a prestar servicio militar. Por ello el funcionario insiste en que la mejor estrategia es seguir entregándole información a la ciudadanía para que tengan herramientas para enfrentar estos atropellos.
Bedoya recalca que la Alcaldía es respetuosa de la función del Ejército y que su objetivo prioritario es garantizar que el proyecto de vida de los jóvenes de la ciudad esté lo más alejado posible de las armas. También buscan que la definición del servicio militar deje de ser un motivo de sufrimiento extremo para las familias de la ciudad.
