La Alcaldía de Medellín metió las patas y ahora, parece, está intentando remediarlo. Esa conclusión puede sacarse de un breve comunicado que le envió la secretaria de Suministros y Servicios, Karen Delgado, al representante legal de la unión temporal Rym SAS, que se quedó con un contrato para aprovechar más de 20.000 toneladas de chatarra que están en manos del Municipio. En breves palabras, pero enmarañadas en términos jurídicos, la funcionaria pide que se revoque el contrato. La solicitud, en realidad, no es más que una pieza de un largo escándalo.
El contrato ha estado en la mira por un posible detrimento patrimonial. Según se pactó, la Alcaldía vendería a 98 pesos el kilo de chatarra que en el mercado se consigue a 1.000 pesos. ¿Por qué tan barato? ¿A son de qué dejar de percibir ingresos? El posible detrimento se calculó en 30.000 millones de pesos.
El tema se hizo público en mayo pasado. El investigador Alejandro Moncada, que hace parte del equipo de trabajo del concejal Daniel Duque, denunció varios vicios de la subasta por medio de la cual fue elegida la unión temporal Rym SAS. Lo primero que llamó la atención es que la unión temporal fue la única en cumplir los requisitos que se exigieron, entre ellos tener máquinas muy específicas con las que no contaban los otros oferentes.
Aunque se llamó la atención sobre ese vacío, además del bajo costo que se le asignó al kilo de chatarra —apenas $98—, el convenio siguió adelante. Fue tanto así que finalmente se celebró el contrato y se dio vía libre a la ejecución, que todavía no ha comenzado.
Y ahí está el detalle que ahora se hace relevante. Como todavía no ha comenzado la operación, la Alcaldía tiene margen de maniobra para frenar el contrato en cuestión. De ahí se desprende la primera acción, es decir, el pedido de Suministros y Servicios para que se revoque lo convenido. El camino, sin embargo, no será tan expedito.
La cosa depende de qué tan dispuesta está la unión temporal de perder el contrato. EL COLOMBIANO se comunicó ayer con Rafael Naranjo, el representante legal. Naranjo se negó a dar detalles, por ahora, de cuál será la estrategia que utilizarán, pero dejó claro que emprenderán acciones. “Radicaremos un documento”, dijo, sin precisar de qué tipo, pero dejando entrever que no están dispuestos a dar el brazo a torcer.
Ahora bien, el asunto de fondo acá son las razones que tuvo la administración para querer echar para atrás el contrato ya celebrado. El documento firmado por Suministros y Servicios da luces, aunque débiles. En él se expone que la reconsideración se debe a la oposición jurídica hecha por los otros oferentes que finalmente quedaron fuera de la subasta. Además, se indica que los organismos de control también pidieron información sobre el proceso de contratación.
En los requisitos para la subasta, por ejemplo, se exigió que las empresas tuvieran una prensa Cizalla de Gancho Móvil Ampliroll, con la que solo contaba la que a la postre se ganó el contrato. Son estas posibles irregularidades las que, parece, jugaron un papel importante para que la Alcaldía se echara para atrás.
Para conocer más detalles de la decisión de la administración, EL COLOMBIANO envió ayer un cuestionario a la Secretaría de Movilidad, la encargada del tema y bajo la cual está el lote de chatarra en cuestión. Hasta el cierre de esta edición, entrada la noche de ayer, no hubo respuesta. Llama también la atención que la administración no ha citado a una rueda de prensa ni ha difundido por medio de sus canales lo que pasó con el proceso de contratación.
Para Daniel Duque, el concejal que denunció las posibles irregularidades, que la Alcaldía se haya echado para atrás quiere decir que el control político frente a la contratación ha servido. Algo similar pasó cuando al Jardín Botánico se le quitaron más de $5.000 millones para dárselos a Metroparques (ver recuadros de la derecha).
“Esto lo que demuestra es que la Alcaldía sabe el error que estaba cometiendo. Seguramente se reunieron con un equipo jurídico y analizaron el riesgo en que estaban incurriendo. De todas maneras es muy positivo que esto pase para la ciudad”, dijo Duque.
¿Hubo vicio legal?
Ahora las miradas deben estar puestas sobre lo que está por venir. Con la inminente renuencia del contratista, la Alcaldía podría entrar en un pleito. En ese sentido, Jorge Beltrán, abogado experto en contratación estatal, comentó que celebrar un contrato y luego terminarlo de manera precipitada va contra el interés público: “Cuando se celebra un contrato, se supone que en debida forma, no debería presentarse una terminación. Entonces, ¿dónde queda el interés público?”.
A paso seguido, el experto da una pista. En el proceso pudo haber un vacío de legalidad y la administración pudo enterarse de ello. No hay que olvidar que el concejal Duque llevó el caso a la Contraloría y la Procuraduría. “Tendría que haber un vacío legal que atemorice mucho a la administración y eso la haya llevado a tomar una decisión tan radical”, comentó el experto.
EL COLOMBIANO reitera que está abierto a las explicaciones de la Alcaldía para conocer cuáles fueron las razones de querer terminar el contrato sin siquiera haberse iniciado su ejecución. También está por verse qué efecto tendrá el recurso que presentará la unión temporal. Este, parece, es apenas otra escena del escándalo de la chatarra, todavía no concluido.
Detrimento patrimonial
La pregunta es por qué el Municipio resignaría tanto en la venta de la chatarra. Las cuentas de Duque apuntan a que se dejarían de percibir unos $30.000 millones. Esto se constituiría en un detrimento patrimonial, pues se trata de nada menos que 20.000 toneladas de chatarra.
Desde la Alcaldía indicaron que este proceso no tuvo ningún costo presupuestal y que estos vehículos deben ser desintegrados según la Resolución 1606 del Ministerio de Ambiente.
Argumentó que si bien entidades como la Unidad Nacional de Protección o la Fiscalía, por mencionar algunos, lo hacen con contratación directa, la Secretaría de Movilidad determinó hacerlo mediante subasta para garantizar la transparencia del proceso. Es decir, en palabras llanas, no habría detrimento, pero eso tendrán que determinarlo los entes de control.
Un capítulo se cierra y otro se abre en el teatro de la chatarra.
OTRAS ECHADAS PARA ATRÁS
Reversazo con la ciudad enmalezada
2021 fue un mal año para los jardines de la ciudad. Parques, glorietas y separadores viales se llenaron de una maleza incontenible que dio imagen de abandono. La raíz del desorden tuvo que ver con la contratación por parte del Municipio. El asunto es que el año pasado se redujo en un 42% la contratación con el Jardín Botánico, que era el encargado de las zonas verdes, y parte de los recursos se desviaron a Metroparques, que a la vez subcontrató con El Líbano, una empresa con poca experiencia en el objeto del contrato y cercana a clanes liberales. Para veedurías, concejales y la prensa, la contratación con esa empresa estuvo direccionada. El contrato con Metroparques, por $5.250 millones, concluyó en junio del año pasado con cuestionamientos. Entretanto, el Jardín Botánico se sumía en una crisis económica sin precedentes. Ante los pobres resultados y la presión ciudadana, la Alcaldía volvió a contratar con el Botánico este año y no le dio tajada a Metroparques. El monto fue de $12.420 millones para el Jardín Botánico. La Alcaldía tuvo que dar el brazo a torcer.
El cobro por congestión no duró ni un mes
Aunque no tiene que ver con contratación, la Alcaldía también se echó para atrás en cuanto al manejo de la movilidad. Este año se amplió un dígito más y se introdujo un elemento novedoso: el cobro por congestión. Se trató de, como se ha hecho en otras ciudades, cobrar un impuesto a quienes quisieran salir con sus vehículos pese al pico y placa. Es decir, el conductor pagaba un monto de $38.000 y se eximía de la restricción. Los días en que rigió la norma, contrario a lo que se pensó, se vivieron con un caos enorme de cuenta de la movilidad. Muchos aprovecharon la falta de control y sacaron los carros sin siquiera pagar por la exención. Pero las críticas no fueron solo a la medida, sino a la plataforma que se utilizó para hacer el pago. Cientos de ciudadanos denunciaron vía redes sociales que la página no servía o se caía con frecuencia. A las dificultades se sumó que Envigado e Itagüí le sacaron el cuerpo a la iniciativa. Con muy poco margen de maniobra, la Alcaldía se vio en la obligación de no seguir con el cobro, aclarando que era un piloto. Hasta hoy se desconocen las conclusiones de ese piloto.
Tras críticas, decidieron retirar el proyecto para modificar el objeto social de EPM
Después de recibir múltiples reproches por la inconveniencia del proyecto con el que pedía facultades extraordinarias para añadirle nuevas actividades y servicios a EPM, en julio de 2020 el alcalde Quintero decidió retirarlo antes de que se discutiera en el Concejo. El alcalde había pedido facultades extraordinarias por seis meses para ampliar el objeto y sumarle tres líneas: la primera, ofrecer productos y prestar servicios relacionados con biocombustibles, infraestructura, movilidad sostenible, tecnologías de la información y “adecuación de tierras para dotarlas con riego o protección de inundaciones”. La segunda estaba orientada a explotar infraestructura, información y todo tipo de bienes; así como desarrollar ofertas de financiación, servicios de corresponsal de seguros y hasta turismo. Y con la tercera línea, la junta directiva quedaba avalada para ejecutar actividades relacionadas con nuevas tecnologías. Se reprochó la forma, por solicitarse un cheque en blanco para hacer cambios sin discusión; y el fondo, por modificar los estatutos para sacar a EPM de los servicios públicos domiciliarios.
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