En medio de las discusiones del plan de desarrollo 2020-2023, que por ahora copan toda su agenda, el Concejo de Medellín le da trámite a otra iniciativa de la alcaldía durante las actuales sesiones extraordinarias: la revisión de la estructura municipal para crear o modificar algunas dependencias.
El proyecto de acuerdo fue radicado el pasado 11 de mayo y solicitó facultades por seis meses para que el alcalde Daniel Quintero Calle adopte mediante decreto el rediseño de la administración. En ejercicio de dichas facultades, señaló el proyecto, se determinará la estructura orgánica, las funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración a las distintas categorías de empleos, además, podrá crear o modificar dependencias, según indique un estudio técnico que adelantará la misma administración.
El borrador del acuerdo señaló que no habrá supresión de empleos, que se garantizarán las condiciones laborales y prestaciones vigentes y que se conservará la naturaleza pública de las entidades descentralizadas. “El capital de las empresas industriales y comerciales del Estado y Establecimientos Públicos se conservará cien por ciento público”, reza. Las facultades por seis meses también avalan al alcalde para realizar las modificaciones presupuestales necesarias con el fin de darle cumplimiento al rediseño de la estructura administrativa.
La justificación
Lo primero que hay que decir es que el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012 autoriza a los alcaldes a crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones y fijarles su remuneración.
Cabe apuntar que los dos últimos gobiernos (Aníbal Gaviria Correa, 2012-2015; y Federico Gutiérrez Zuluaga, 2016-2019) también adelantaron durante su primer año proyectos en la misma vía, presentando las iniciativas como “modernización” de la planta municipal (ver recuadros).
El gobierno de Quintero justificó la solicitud al Concejo en que necesita un nuevo esquema institucional para adoptar el Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023.
Indicó en la exposición de motivos que la creación y modificación de algunas dependencias se desprenderá de un “estudio técnico” que liderará la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía en coordinación con la Secretaría General. Además, añadió, la alcaldía suscribió un convenio con el Departamento Administrativo de la Función Pública para este proceso.
Para el estudio, prometió, “no se contratará ninguna persona natural o jurídica”.
El estudio técnico anunciado, explicó el proyecto, indicará la ruta de cuáles serán las modificaciones a implementar, sin embargo, menciona cuatro sectores específicos en los que enfocará el rediseño.
El primero es cuál debe ser la dependencia a crear o modificar que estará a cargo de los temas tecnológicos, innovación y cuarta revolución, en el entendido de que una de las propuestas transversales del plan es el Valle del Software.
El segundo campo será el de bienestar animal, cargo en el que se concentrarían diferentes acciones que están distribuidas en varias dependencias municipales.
El otro ítem es el desarrollo de las actividades tendientes a promover la No violencia y los derechos humanos.
El cuarto aspecto es la creación o modificación de la estructura para el desarrollo de proyectos estratégicos incluidos en el plan de desarrollo.
“Es fundamental realizar una revisión de la estructura orgánica y la planta de cargos para adaptarla a las nuevas realidades”, argumentó.
El estudio, acotó la justificación, debe responder tres preguntas: la estructura organizacional debe ser intervenida para crear o modificar dependencias existentes; la planta de personal debe ser objeto de una redistribución; y si se evidencian fraccionamientos de procesos que implican desgastes administrativos y demoras injustificadas en la entrega de resultados.
El trámite de este proyecto será liderado por el secretario de Gobierno, Esteban Restrepo. Intentamos comunicarnos con él para abordar aspectos puntuales del proyecto pero no fue posible. Su oficina de comunicaciones dijo que hablarán del tema una vez empiece el debate en el Concejo.
Opiniones académicas
Para Santiago Leyva Botero, director de la maestría de Gobierno de Eafit, el proyecto busca una reforma orgánica que es habitual en el comienzo de las alcaldías, con el fin de hacer ajustes a propósitos de cada gobierno. “Para hacer una buena reforma se tendrán que contratar estudios técnicos, ahí puede estar parte del éxito de la modificación”.
Sobre el rediseño en particular, dijo que se centra en los ajustes verticales y no tanto en los transversales. Las reformas verticales —explicó— tienen que ver con los cambios a la estructura orgánica y funcional del Estado, lo que implica creación y supresión de puestos. “El énfasis aquí está en la generación de áreas para cuatro temas, muy probablemente fusionando, liquidando o generando nuevos cargos, según el proyecto”, añadió.
Sugirió no solo quedarse en ajustes verticales sino en implementar cambios transversales como retomar los sistemas presupuestales de gestión por resultados y la creación de sistemas similares al Sistema de Información y Gestión del Empleo y al Servicio Electrónico de Contratación Pública, para darle transparencia y trazabilidad a la contratación y al empleo público.
Néstor Julián Restrepo, doctor en Política, Comunicación y Cultura, anotó que es interesante que Quintero proponga construir su idea de gobierno desde el diseño institucional. Sin embargo, dijo que el proyecto le deja interrogantes por los antecedentes inmediatos.
“Cada cuatro años nos modelan, nos estiran, nos recortan, nos modifican la institucionalidad para la conveniencia de la propuesta del gobernante y, al final de cuentas, lo único que generan es burocracia y un estado más pesado”, apuntó. Preguntó si es posible, con el actual diseño institucional, ejecutar las nuevas políticas que se proponen.
“Es como el vicio de los políticos en Colombia de imponer su política de gobierno sobre una institucionalidad que debería construirse desde una política de Estado”, añadió.
Voces del Concejo
El coordinador de ponentes del proyecto de acuerdo, el concejal Albert Corredor, dijo que le gusta la intención del proyecto porque el Municipio necesita cambios en el contexto actual de ciudad. “Hay que revisar el documento, no habrá supresión de empleos y se conservará la naturaleza pública. Esperamos que no sea un proyecto para generar más burocracia, ni que se torpedeen las prestaciones vigentes de los empleados públicos”, indicó.
Otro concejal ponente, Carlos Alberto Zuluaga, expuso un aspecto normativo que debe cumplir el proyecto.
Según el artículo seis de la Ley 617 de 2000, durante cada vigencia fiscal los gastos de funcionamiento de los municipios de categoría especial (como es el caso de Medellín) no podrán superar el 50 % de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación (Icld).
El último certificado de la Contraloría General de la República disponible es de la vigencia 2018, el cual fue emitido el 25 de junio de 2019. En este documento se declaró que los gastos de funcionamiento de Medellín representaron 36,25 % de los Icld.
“Nos deben certificar que se seguirá cumpliendo la ley 617 y, además, deben quedar bien explícitas hasta donde van esas facultades especiales. Se deben dar pero dejando claridades para efectos de limitar el campo de acción”, finalizó.
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