En el informe “Panorama Social 2017” publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) se discuten los avances y retrocesos en materia de pobreza en Latinoamérica y se revisa la situación de los sistemas pensionales.
Según la Cepal, y como se temía con la crisis de crecimiento económico que en años recientes debió enfrentar un buen número de países de la región, luego de que por más de una década los niveles de pobreza y pobreza extrema se redujeron en la mayoría de las naciones, en los años 2015 y 2016, en el promedio regional, estos aumentaron. Según las proyecciones, en 2017 se mantuvieron estables.
Lo anterior implicó que el índice de pobreza total pasara de 28,5 por ciento en 2014 a 29,8 por ciento en 2015 y a 30,7 por ciento en 2016. Ello significó que el total de pobres latinoamericanos se incrementara de 168 millones de personas a 178 millones y 186 millones, respectivamente.
Por su parte, la pobreza extrema pasó de 8,2 por ciento en 2014 (equivalente a 48 millones de personas) a 10 por ciento en 2016 (61 millones de personas).
No obstante el aumento de la pobreza, entre 2002 y 2016 la desigualdad se redujo, aunque en los últimos años el ritmo de caída ha disminuido. El coeficiente de Gini pasó de un valor de 0,538 en 2002 a 0,467 en 2016.
En cuanto al tema pensional, el informe indica que, entre los años 2000 y 2014, “se amplió la base contributiva de los sistemas de pensiones en América Latina”.
En particular, el porcentaje de la población económicamente activa que cotiza en uno de estos sistemas pasó del 36,9 al 47,8 por ciento. Dicho avance equivale a la incorporación de casi 60 millones de personas a los sistemas contributivos.
Sin embargo, la Cepal estima que hay 142 millones de personas económicamente activas que no están cubiertas por los sistemas pensionales.
De esta forma, en el estudio se señala que “América Latina sigue caracterizándose por la limitada (y segmentada) cobertura de los sistemas de pensiones, la escasez y la desigualdad de las prestaciones y por las preocupaciones vinculadas con su sostenibilidad”.
En el estudio, además, se pone de presente la estrecha relación que se da entre la estructura de los mercados laborales y el sistema pensional.
En particular, se señala que las altas tasas de informalidad laboral en la región “comprometen la financiación de los sistemas e incrementan la presión sobre las arcas fiscales”.
De otra parte, se indica que en los mercados de trabajo subsisten limitaciones para lograr, a través de mecanismos contributivos, un acceso universal a pensiones dignas.
En este contexto, la Cepal considera que las reformas de los sistemas de pensiones en Latinoamérica deberían tener en consideración cinco elementos básicos.
Estos tienen que ver con la ampliación de la cobertura; la integración de los esquemas contributivos y no contributivos (enfatizando en estos últimos la lógica de los derechos universales); la continuación de los incentivos a la contribución a los sistemas pensionales; la necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera; y el mejoramiento de los mecanismos de solidaridad del componente contributivo con el propósito de beneficiar a los sectores de pensiones insuficientes.
Por sus grandes implicaciones económicas y sociales, la reforma pensional es una tarea urgente que deben llevar a cabo los países latinoamericanos, incluido Colombia.
