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Niños con menos alimentos


La infancia de Antioquia, en particular la de las zonas rurales más periféricas, puede sufrir en 2018 un recorte superior a los 11 mil millones de pesos en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), según anuncios del Ministerio de Educación Nacional. Lo peor es que durante los últimos tres años esos recursos no recibieron ajustes de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor, lo cual genera un déficit cada vez más complejo de subsanar.

La proyección era que en 2017 el PAE beneficiara a 300 mil niños, pero fuentes del Gobierno Departamental confirman que solo se llegó a 255 mil chicos. Para la Antioquia urbana, la de Medellín y su área metropolitana, donde se asientan más de 3,5 millones de personas, es difícil dimensionar la importancia que tiene el programa en la cotidianidad de los pequeños de veredas y corregimientos alejados.

El actual encogimiento de los comedores escolares produjo situaciones de cierto realismo trágico: en varias instituciones, como lo constató un informe de este diario, hay “pico y placa alimentario”; es decir, lunes, miércoles y viernes van unos niños y martes y jueves van los restantes.

El menú del PAE es el único plato balanceado que reciben miles de niños diariamente, por demás fundamental para que sus organismos estén en las condiciones ideales de nutrición para la jornada académica. Es sencillo: ¿quién estudia con hambre? Hay pequeños que recorren dos y tres horas de camino, de ida y vuelta, cada día, para educarse y comer un plato decente.

Por eso el énfasis en que el Gobierno Nacional, pero de igual manera la Gobernación de Antioquia, no pueden dejar caer la continuidad, la cobertura y los logros del PAE y de su socio estratégico en la región, el Programa Maná, que años atrás fue señalado por la agencia alimentaria de Naciones Unidas, la FAO, como un ejemplo a nivel mundial. Prohibido retroceder.

A las 11:30 de la noche del viernes 20 de octubre, el Ministerio de Educación Nacional informó a las directivas de Maná que en 2018 los recursos pasarán de 40.564 millones en 2017 (en 2016 fueron 42.620) a 30.564. A ello se suma que, durante este año, el giro de parte de los recursos se retrasó desde abril hasta agosto, con el consecuente desajuste de los convenios y la atención.

Mal haría Antioquia en criticar o señalar a otros departamentos como Guajira y Chocó, donde se reportan mes a mes casos de desnutrición infantil y muertes de menores por esa causa, si empieza a transitar el camino de la desatención, no por problemas de corrupción o negligencia, sino por la ausencia de apoyo del Gobierno Nacional y por la falta de gestión de las autoridades regionales.

En los últimos cuatro años han muerto en el departamento 55 menores por razones de origen alimentario.

Diputados a la Asamblea de Antioquia consultados creen que en los diferentes niveles de gobierno se “están tirando la pelota”, y que al final, como se vislumbra, miles de niños —a quienes no les importa de dónde salga la plata, sino tener su desayuno— vivirán un 2018 pasado por hambre y, en consecuencia, con riesgos de deserción escolar.

La dirigencia pública, y también privada, en la perspectiva de su responsabilidad social empresarial, están invitadas a movilizarse, a buscar respaldo y recursos para que esos comedores escolares sigan siendo aliciente para que los niños del campo estén bien alimentados y educados.


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